Embajador Johnson reconoce avances de seguridad en Michoacán tras reanudar operaciones

A mediados de la semana pasada, la embajada estadounidense en México cerró sus puertas en Michoacán. Sin explicar públicamente qué había ocurrido, simplemente suspendió todas las operaciones en la región. Los funcionarios estadounidenses se fueron. Las inspecciones de aguacate se detuvieron. Los embarques hacia Estados Unidos se paralizaron. Fue un gesto silencioso pero contundente: algo en Michoacán se había vuelto demasiado peligroso.

Ahora, apenas días después, el embajador Ronald Johnson anunciaba que volvían. No completamente, no en todas partes, pero volvían. En un mensaje por redes sociales, Johnson reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por haber actuado con rapidez. Dijo que los compromisos de seguridad que el gobierno mexicano había asumido—acuerdos negociados con el secretario Omar García Harfuch, la Defensa y otros funcionarios—justificaban el regreso. A partir del sábado 8 de agosto, las operaciones estadounidenses se reanudarían de forma gradual en cuatro zonas productoras: Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan, y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro.

Lo que estaba en juego era más que seguridad diplomática. Michoacán produce cerca del 90 por ciento de todo el aguacate que México exporta, y prácticamente todo ese aguacate va a Estados Unidos. Es el principal mercado, el que sostiene la cadena de suministro, el que genera prosperidad en ambos lados de la frontera. Pero la región también es territorio de al menos cuatro cárteles de la droga que el gobierno Trump clasificó el año anterior como organizaciones terroristas. Estos grupos no solo trafican drogas. Extorsionan a los productores de aguacate. Amenazan a los trabajadores. Crean un clima de violencia que paraliza la economía.

El cierre de operaciones estadounidenses había sido una respuesta a eso. Según el gobernador Ramírez Bedolla, la suspensión se ordenó para proteger la integridad de los funcionarios estadounidenses después de detenciones recientes vinculadas con extorsión. No era la primera vez. En febrero de 2022 y nuevamente en junio de 2024, las autoridades estadounidenses habían interrumpido temporalmente las inspecciones por amenazas similares. Pero esta vez, la respuesta mexicana fue lo suficientemente rápida y lo suficientemente creíble como para que Johnson anunciara el regreso en cuestión de días.

El embajador fue cuidadoso en sus palabras. Dijo que la reanudación era "inmediata y gradual", lo que significa que no era total. Advirtió que continuarían evaluando las condiciones de seguridad y ajustarían las operaciones según fuera necesario. No especificó cuándo se normalizarían completamente las certificaciones y los embarques. Lo que sí dejó claro es que la seguridad del sector agrícola beneficia a ambos países: garantiza la producción de alimentos, fortalece las cadenas de suministro, contribuye a la prosperidad económica. En otras palabras, el aguacate no es solo un producto. Es un símbolo de cooperación bilateral.

Johnson también mencionó a Donald Trump. Dijo que bajo el liderazgo de Trump y de la presidenta Sheinbaum, la cooperación continúa dando resultados. Es una frase que suena a diplomacia de manual, pero también refleja una realidad: ambos gobiernos tienen incentivos alineados. Estados Unidos necesita que el aguacate fluya. México necesita que fluya también. Y ambos necesitan que la región sea lo suficientemente segura como para que eso suceda.

Lo que queda sin resolver es si estos compromisos de seguridad serán sostenibles. La violencia en Michoacán no desapareció porque Johnson anunciara el regreso. Los cárteles siguen operando. La extorsión continúa. Lo que cambió es que el gobierno mexicano hizo algo lo suficientemente visible como para que Estados Unidos creyera que valía la pena volver. Pero eso es un cálculo que se renegocia constantemente. Cada amenaza, cada incidente, cada detención vinculada con extorsión puede revertir la decisión. Por ahora, el flujo de aguacate se reanuda. Pero bajo vigilancia constante.