Lo que está en juego es la estabilidad de un acuerdo que permitió la desmovilización
En Colombia, la promesa de desmantelar la Jurisdicción Especial para la Paz choca con una realidad constitucional que ningún decreto puede sortear fácilmente. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, recuerda que este tribunal nació del consenso de las tres ramas del poder público y que su eliminación exigiría recorrer ese mismo camino en sentido inverso. Detrás de los tecnicismos jurídicos late una pregunta más honda: qué le debe una sociedad a más de 300.000 víctimas que depositaron su confianza en una institución creada para darles respuesta.
- El presidente electo Abelardo de la Espriella prometió en campaña desmantelar la JEP, y esa promesa ha convertido al tribunal en el centro de una tormenta política antes de que él asuma el cargo.
- Ramelli advierte que eliminar la JEP por decreto sería inconstitucional: el tribunal fue construido con dos actos legislativos revisados por la Corte Constitucional, y desarmarlo requiere el mismo proceso en reversa.
- Más de 300.000 víctimas perderían la expectativa de resoluciones definitivas, los comparecientes —militares y exguerrilleros— quedarían en un limbo jurídico, y el Acuerdo de Paz que desmovilizó al grupo armado más grande de América Latina quedaría en riesgo.
- Ramelli propone diálogo directo con el presidente electo para explicar avances, compromisos internacionales y los derechos en juego, dejando claro que la JEP no negocia su existencia constitucional, pero sí abre la puerta a la conversación.
- El reloj de la jurisdicción ya lleva más de ocho de sus diez años de investigación; Ramelli insiste en que nunca han pedido volverse permanentes, pero sí en que el debate no se reduzca a una discusión presupuestal cuando lo que está en juego es la estabilidad de la paz.
Alejandro Ramelli habló con claridad mientras en Dabeiba se desarrollaba una audiencia sobre falsos positivos: eliminar la JEP no es cuestión de firmar un decreto. El magistrado explicó que la jurisdicción nació de dos actos legislativos debatidos en el Congreso y revisados por la Corte Constitucional, con las tres ramas del poder público involucradas. Desmantelarla exigiría una reforma constitucional de igual envergadura, y aun así enfrentaría el límite que la propia Corte ha trazado: no se pueden sustituir elementos esenciales de la Constitución de 1991. La JEP, argumenta Ramelli, es uno de esos pilares.
Las consecuencias de ignorar ese límite serían concretas y humanas. Más de 300.000 víctimas individuales y colectivas participan en procesos que podrían quedar sin resolución. Los comparecientes —integrantes de la Fuerza Pública y exmiembros de las Farc— verían en el aire los beneficios jurídicos que aceptaron creyendo en la estabilidad del sistema. Y el Acuerdo de Paz que permitió la desmovilización del grupo armado más grande de América Latina quedaría sacudido en sus cimientos, con demandas previsibles ante la Corte Constitucional y tensiones con los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Ramelli también aclaró un malentendido frecuente: la JEP tiene un mandato de 15 años —diez de investigación, cinco de juzgamiento— y ya han transcurrido más de ocho de los primeros. Nunca han pedido convertirse en institución permanente. La justicia transicional, por definición, no puede serlo. Hoy el tribunal avanza hacia su quinta sentencia y mantiene reglas iguales para todos los comparecientes, independientemente de su origen.
Ante la promesa de campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, Ramelli respondió con una invitación al diálogo. No para negociar la existencia constitucional de la jurisdicción, sino para conversar sobre los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de quienes se acogieron al sistema y los compromisos que Colombia asumió ante la comunidad internacional. Su mensaje final fue una advertencia y una apelación: este debate no puede reducirse a una discusión económica o burocrática. Lo que está en juego es la estabilidad de un acuerdo que cambió la historia del conflicto armado colombiano.
Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, se sentó frente a los periodistas con un mensaje claro: no es tan simple como un decreto presidencial. El magistrado hablaba mientras se desarrollaba una audiencia de verificación por falsos positivos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, un caso más en la montaña de procesos que la JEP ha acumulado en sus más de ocho años de funcionamiento. Pero lo que Ramelli tenía que decir iba más allá de ese caso particular. Iba al corazón de un debate que ha tomado forma desde que Abelardo de la Espriella ganó la presidencia con una promesa de campaña clara: desmantelar la jurisdicción.
La pregunta es directa: ¿puede un presidente simplemente firmar un decreto para eliminar la JEP? La respuesta de Ramelli es no, y la razón está tejida en la arquitectura constitucional colombiana. La JEP no fue creada por capricho ejecutivo. Nació de dos actos legislativos —el Acto Legislativo 01 de 2017 y otro más— que fueron sometidos a escrutinio tanto de forma como de fondo por la Corte Constitucional. Esos actos legislativos establecieron también que el Acuerdo de Paz gozaría de estabilidad durante tres períodos presidenciales, incluido el actual. No es un organismo cualquiera. Es una alta corte, parte de la estructura del Poder Judicial colombiano.
Para entender por qué no se puede desmontar con un decreto, hay que entender cómo se construyó. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó los proyectos de actos legislativos. El Congreso debatió. Luego, como parte del procedimiento de fast track, los proyectos pasaron automáticamente a la Corte Constitucional para revisión. Las tres ramas del poder público intervinieron. Dos sentencias de constitucionalidad quedaron en el expediente. Eso significa que eliminar la JEP requeriría, nuevamente, una reforma constitucional. Pero no cualquier reforma serviría. La Corte Constitucional ha establecido en jurisprudencia constante que no se pueden sustituir elementos esenciales de la Constitución. Cuando se intentó la reelección presidencial, cayó por esa razón. Una alta corte como la JEP, argumenta Ramelli, es un pilar fundamental de la Constitución de 1991. Sustituirla sería inconstitucional.
Lo que está en juego, sin embargo, va mucho más allá de tecnicismos legales. Ramelli fue claro sobre las consecuencias reales. Hay más de 300.000 víctimas —individuales y colectivas— participando ante la jurisdicción. Muchas han esperado años por resoluciones definitivas de sus casos. Si la JEP desaparece, esas expectativas se evaporan. No está claro qué pasaría con sus procesos. Hay también una crisis de seguridad jurídica que se abriría para los comparecientes: integrantes de la Fuerza Pública, exmiembros del antiguo secretariado de las Farc, personas que se acogieron al sistema creyendo en su estabilidad. Los beneficios jurídicos ya reconocidos quedarían en el aire. Y por encima de todo, está el Acuerdo de Paz mismo. No se trata de cerrar una entidad burocrática. Se trata de la estabilidad de un acuerdo que permitió la desmovilización del grupo armado más grande de América Latina. Habría demandas ante la Corte Constitucional por afectación de derechos fundamentales de las víctimas, por violación de seguridad jurídica, por incumplimiento de compromisos internacionales que el Estado colombiano ha asumido.
Ante este panorama, Ramelli hizo una invitación. A pesar de las diferencias, la JEP mantiene abierta la puerta al diálogo. Propuso una reunión con el presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo técnico. No para negociar la existencia de la jurisdicción dentro de los marcos constitucionales actuales, sino para conversar sobre los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y los compromisos internacionales del Estado. Dijo que estaría dispuesto a reunirse personalmente con el presidente electo, como ya ha ocurrido con otras altas cortes, para explicar los avances, los retos y los resultados de la JEP.
Sobre la duración de la jurisdicción, Ramelli aclaró un punto de confusión. La JEP tiene un mandato constitucional de 15 años. Diez años para investigación, cinco para juzgamiento. Esos cinco años de juzgamiento podrían ampliarse por otros cinco mediante decisión del Congreso. Pero eso no significa que la JEP se eternizará. Ramelli fue enfático: nunca han pedido ampliar su período ni convertirse en institución permanente. La justicia transicional, por definición, no puede ser permanente. Ya han transcurrido más de ocho años de los diez de investigación. El reloj sigue corriendo.
En las últimas semanas, la JEP ha adoptado decisiones relevantes. Hoy estaba en audiencia de verificación para lo que sería la quinta sentencia. Persisten inquietudes sobre decisiones relacionadas con exintegrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública. Ramelli hizo una precisión importante: las sanciones previstas en el Acuerdo, la Constitución y la ley son exactamente las mismas para unos y otros. No existe preferencia. Lo que cambia es el camino procesal que cada compareciente decide seguir. Algunos aceptan responsabilidad y acceden a sanciones de justicia transicional. Otros optan por el camino adversarial. Incluso hay exmiembros de las Farc que no aceptaron responsabilidad y fueron a juicio adversarial. Las reglas son iguales para todos.
Al final, Ramelli insistió en que este debate no puede verse únicamente desde una lógica burocrática o presupuestal. Lo que está en juego es la institucionalidad creada a partir del Acuerdo de Paz. No se puede marchitar ni desfinanciar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ni las entidades encargadas de implementar ese acuerdo. No es un asunto de estructura del Estado o de reducción del gasto público. Lo que realmente está en juego es la estabilidad de un acuerdo que permitió la desmovilización de la organización armada más grande de América Latina. También están de por medio la verdad, los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los militares y de todos los comparecientes que se acogieron al sistema. Su invitación fue clara: que este debate no se reduzca a una discusión económica o burocrática, sino que se centre en lo que realmente importa: la estabilidad del Acuerdo de Paz y de las instituciones creadas para hacerlo efectivo.
Notable Quotes
Si se sustituyera una alta corte como es la Jurisdicción Especial para la Paz, se estarían sustituyendo pilares fundamentales de la Constitución de 1991— Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
Las más de 300.000 víctimas verían gravemente afectada su expectativa de obtener decisiones definitivas si la JEP fuera eliminada— Alejandro Ramelli
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Ramelli insiste tanto en que esto no es un asunto burocrático?
Porque si lo ves como burocracia, parece fácil cerrar una institución. Pero la JEP no es una agencia de gobierno. Es una corte constitucional. Cerrarla sería como decir que la Corte Suprema no importa.
Pero el presidente electo tiene un mandato popular. ¿No debería poder cumplir sus promesas de campaña?
Aquí está el punto: el Acuerdo de Paz también tiene un mandato. Fue aprobado por referéndum. Y la Constitución protege su estabilidad durante tres períodos presidenciales. No es que un presidente no pueda cambiar cosas. Es que hay cosas que la Constitución dice que no se pueden cambiar sin una reforma.
¿Y si el nuevo gobierno simplemente intenta hacerlo de todas formas?
Entonces habría demandas ante la Corte Constitucional. Y probablemente ganaría quien demande. Pero además, estarías dejando a 300.000 víctimas sin resoluciones. Eso tiene un costo político y moral que va más allá de lo legal.
¿Cree Ramelli que el diálogo es posible?
Sí. Está ofreciendo una puerta abierta. No para negociar si la JEP existe o no, sino para que el nuevo gobierno entienda qué está en juego realmente. Los compromisos internacionales, los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los que se acogieron al sistema.
¿Qué pasaría si simplemente ignoran a la Corte Constitucional?
Entonces Colombia estaría en una crisis constitucional. No es solo un tribunal. Es la estructura misma del Estado la que se tambalearía.