El Senado de EE.UU. aprueba desbloqueo presupuestario tras 40 días de cierre gubernamental

Pasadas las once de la noche, hora de Washington, el Senado de Estados Unidos cruzó el umbral de los sesenta votos. Era el movimiento que llevaba semanas esperándose: la aprobación de una medida procesal que abría la puerta a un acuerdo presupuestario temporal y, con él, al fin de un cierre gubernamental que había durado cuarenta días.

Para lograrlo, siete senadores demócratas y el independiente Angus King —aliado habitual de la bancada demócrata— rompieron la disciplina de su partido. Sus colegas republicanos se habían mantenido firmes en sus posiciones, dejando a los demócratas con lo que describieron como la única opción viable sobre la mesa. El acuerdo que ahora avanzaba permitiría reabrir las puertas del gobierno federal, reanudar los salarios de más de seiscientos cincuenta mil empleados públicos que llevaban más de un mes sin cobrar, y restaurar la financiación de agencias críticas como el Departamento de Agricultura —responsable de los cupones de alimentos para las familias más necesitadas— y el de Asuntos de Veteranos. La prórroga presupuestaria se extendería hasta el treinta de enero.

Durante las negociaciones, los republicanos habían hecho una concesión: se comprometieron a votar en diciembre sobre la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, cuyos beneficios expiraban ese año y que habían sido el principal obstáculo en las conversaciones. Pero esa promesa futura no fue suficiente para convencer a todos. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, rechazó públicamente el pacto. Acusó al presidente Donald Trump de haber utilizado a los estadounidenses afectados como rehenes durante el cierre, suspendiendo la ayuda alimentaria para familias, veteranos, personas mayores y niños. La senadora progresista Elizabeth Warren se sumó a la crítica, calificando el acuerdo como un grave error. Schumer fue más allá: declaró que la crisis de atención sanitaria era tan grave y urgente que no podía respaldar una simple prórroga presupuestaria sin resolver ese problema de fondo.

Los demócratas que votaron a favor del avance argumentaron que esperar más tiempo no habría producido un mejor resultado. Jeanne Shaheen, senadora de Nuevo Hampshire que lideró las negociaciones con los republicanos, defendió el pacto con esa lógica pragmática. Sus colegas que apoyaron la medida insistieron en que su prioridad era asegurar la continuidad de los créditos para Obamacare, de los que dependen millones de ciudadanos estadounidenses. Pero la división no terminaba en el Senado. En la Cámara de Representantes, donde el acuerdo aún debía ser ratificado, también había resistencia. Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, anunció que votaría en contra. Pete Aguilar, presidente del Caucus demócrata, también expresó su rechazo, argumentando que el proyecto de ley no resolvía la crisis de atención sanitaria ni mejoraba la asequibilidad para los estadounidenses.

Lo que quedaba atrás era un cierre sin precedentes. Cuarenta días era el récord histórico para una paralización del gobierno federal estadounidense. Durante ese tiempo, cientos de miles de empleados públicos habían visto suspendidos sus salarios. Servicios esenciales cerraron. Los cupones de alimentos para los más desfavorecidos dejaron de distribuirse. Los aeropuertos experimentaron retrasos significativos por la escasez de controladores aéreos y personal de seguridad. Muchos funcionarios, sin ingresos, se vieron obligados a recurrir a donaciones de alimentos o a solicitar préstamos de emergencia. Otros continuaban trabajando sin recibir su salario, sosteniendo un gobierno que técnicamente no estaba financiado. Ahora, con la votación del Senado, ese ciclo podría cerrarse, aunque las divisiones sobre qué debería haber incluido el acuerdo permanecían abiertas. La Cámara de Representantes tendría la última palabra.