El secretismo envuelve las deportaciones de EE.UU. a países africanos sin garantías de seguridad

En los primeros días de agosto, Estados Unidos envió siete personas a Ruanda. No se conocen sus nombres. No se sabe de dónde vinieron ni qué delitos se les imputan. Nadie sabe dónde están ahora. La Administración Trump no hizo público el traslado hasta el 28 de agosto, tres semanas después de que ocurriera. Este es el patrón que ha definido las deportaciones estadounidenses a países africanos durante los últimos meses: secreto absoluto, comunicación tardía, y personas desaparecidas en sistemas penitenciarios de máxima seguridad.

Antes de Ruanda llegaron otros vuelos. En julio, Sudán del Sur y Esuatini recibieron migrantes expulsados desde Estados Unidos. Los abogados de los deportados dicen que sus clientes están aislados, incapaces de comunicarse con el mundo exterior, sin saber qué delitos se les atribuyen. Temen torturas. Temen represalias. Los países donde han sido enviados no tienen reputación de respetar derechos humanos. Tin Thanh Nguyen, abogado de dos inmigrantes del sudeste asiático deportados a Esuatini, declaró que no está claro si la Administración Trump ni siquiera intentó enviar a sus clientes a sus países de origen, como exige la ley. "Mis clientes desean regresar a sus países de origen", dijo. Los gobiernos de Vietnam y Laos nunca rechazaron públicamente la repatriación, y nunca tuvieron acceso directo a estos hombres.

Esuatini, una monarquía absoluta en el sur de África gobernada por el rey Mswati III desde 1986, recibió cinco hombres en julio: ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos. El gobierno de Esuatini declaró que permanecerían en aislamiento hasta su repatriación, un proceso que podría tomar hasta un año. Uno de ellos es Orville Etoria, un jamaicano de 62 años. Etoria cumplió una condena por un asesinato cometido en Nueva York en 1996. Mientras estaba en prisión, obtuvo una licenciatura. Después de su liberación en 2021, completó exitosamente la libertad condicional, trabajó en un albergue para hombres sin hogar y se inscribió en una maestría en teología. Se reportaba regularmente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Cuando le pidieron que obtuviera un pasaporte jamaicano a principios de este año, lo hizo. Su abogada, Mia Unger, dice que en lugar de expulsarlo a Jamaica, como su documentación claramente permitía, el Gobierno estadounidense lo envió "inexplicablemente e ilegalmente" a Esuatini. Ni Esuatini ni Estados Unidos han explicado por qué Etoria permanece detenido. Los funcionarios jamaicanos dijeron que era falso que su país no estuviera dispuesto a recibirlo. "Nuestra postura es que no rechazamos a ninguno de nuestros ciudadanos, independientemente de lo que hayan hecho", declaró Joan Thomas Edwards, la principal diplomática de Jamaica en el sur de África.

La Administración Trump justifica estas deportaciones diciendo que los migrantes enviados a terceros países son criminales peligrosos. El Departamento de Seguridad Nacional declaró en junio que las deportaciones a terceros países permiten expulsar a personas "tan brutales que sus propios países no las aceptan". Los abogados de los deportados lo desmienten. Alma David, abogada de dos hombres originarios de Yemen y Cuba deportados a Esuatini, denunció que llevan más de seis semanas encarcelados "a expensas de los contribuyentes estadounidenses. Nadie les ha explicado el motivo de su detención y ningún abogado ha podido visitarlos".

Según The New York Times, el Gobierno de Esuatini estaba dispuesto a recibir a más de 150 personas de otros países a cambio de un pago en efectivo de más de 10 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha negociado acuerdos con países para aceptar deportados de otras naciones. Los pactos se mantienen en secreto, pero se estima que se han intentado negociaciones con decenas de países. Ruanda ha acordado recibir hasta 250 migrantes. Ecuador anunció esta semana que Estados Unidos ha propuesto un acuerdo para recibir hasta 300 personas al año con estatus de refugiados.

Los expertos creen que estas deportaciones buscan avivar el miedo entre los migrantes y animarlos a "autodeportarse" a sus países de origen en lugar de enfrentar peores condiciones en terceros países. En marzo, el Gobierno envió a más de 250 migrantes a El Salvador, la mayoría venezolanos acusados sin pruebas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, y los envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Esta semana, un juez declaró ilegal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que el Gobierno invocó para expulsarlos sin debido proceso y en secreto.

Según el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, la ley exige que las expulsiones a terceros países solo se consideren cuando las deportaciones a todos los países con los que un migrante tiene una conexión significativa sean "impracticables, desaconsejables o imposibles". Una guía interna de control de inmigración emitida en julio decía que los migrantes podrían ser deportados a países que no habían brindado garantías diplomáticas de su seguridad en tan solo seis horas. Trina Realmuto, abogada del National Immigration Litigation Alliance, que tiene una demanda interpuesta contra el Gobierno, afirma que "es absolutamente punitivo. Lo que hace el Gobierno es usar las deportaciones a países africanos y otros países como medida de castigo". El argumento de la demanda es que, en primer lugar, no se pueden fiar de que los países de destino se comprometan a salvaguardar la seguridad de los detenidos. Además, antes de deportarlos, deben ser entrevistados para darles la oportunidad de que digan si el país de destino es un lugar seguro o si hay riesgo de torturas o represalias. El tiempo con el que se les avisa, aseguran, no es suficiente para tal procedimiento. Los países con los que Estados Unidos ha llegado a acuerdos no cumplen las condiciones de asegurar los derechos humanos de los detenidos.