El PP cuestiona los 72.000 euros gastados por el Gobierno en el acto oficial del eclipse

Cuatro ministros presenciaron el eclipse total del miércoles pasado desde una posición privilegiada: el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, donde la luna ocultó completamente el sol en un espectáculo astronómico que quedará en los registros históricos. El Gobierno había organizado un acto institucional para la ocasión, pero lo que debería haber sido un momento de celebración científica se convirtió rápidamente en materia de disputa política. No solo porque los miembros del Ejecutivo estaban en Yebes mientras Ceuta seguía sumida en una crisis migratoria sin resolver, sino también por el precio que tuvo el evento: 72.358 euros de dinero público.

El Partido Popular decidió no dejar pasar el asunto sin escrutinio. El viernes pasado, registró en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno, buscando desentrañar cada aspecto de cómo se gastó ese dinero y quién tomó las decisiones clave. Alberto Núñez Feijóo y su equipo querían saber, en primer lugar, qué autoridad del Ministerio de Transportes o del Instituto Geográfico Nacional había autorizado que el Observatorio se utilizara para un acto oficial. Pero eso era solo el comienzo. También exigían claridad sobre quién decidió cerrar las puertas del lugar al público durante toda la jornada, y más importante aún, cuáles fueron las razones técnicas, organizativas o de seguridad que justificaban esa decisión.

La oposición no se conformaba con respuestas vagas. Pedía que el Gobierno dejara constancia escrita en un documento parlamentario oficial del costo total del evento y de qué organismos públicos habían asumido gastos, ya fuera directa o indirectamente. Los detalles importaban: seis horas de barra libre de bebidas, una comida, dos cenas tipo cóctel, servicios de transporte, seguridad, organización, actividades y una actuación musical. Todo eso había tenido un precio, y el PP quería saber si ese precio era razonable para un acto al que solo podían asistir personas autorizadas, mientras el resto de los ciudadanos quedaba excluido.

Hay otro aspecto que llamó la atención de los populares: la organización del evento había sido adjudicada a una única empresa, con sede en Alcobendas, Madrid. No hubo competencia. Solo una oferta se presentó al concurso, y el PP exigía que se revelara el contenido completo y desglosado de esa propuesta ganadora. La pregunta implícita era clara: ¿cómo es posible que en un concurso público solo se presente una empresa? ¿Fue suficientemente publicitado? ¿Se hizo de manera que otros potenciales proveedores pudieran participar?

Lo que comenzó como un evento para contemplar un fenómeno astronómico se había convertido en un caso de estudio sobre cómo gasta el dinero público un gobierno. El PP buscaba respuestas concretas, números desglosados, nombres de responsables. No era una crítica abstracta sobre el gasto público en general, sino una investigación específica sobre si 72.358 euros era una cantidad proporcionada para un acto de acceso restringido que, además, obligó a cerrar un observatorio científico al público durante toda una jornada. La pregunta de fondo permanecía sin respuesta: ¿valía la pena?