Las funciones del Poder Judicial aparecen difuminadas o abiertamente eludidas
El CGPJ denuncia que la norma 'invade' sus atribuciones al regular aspectos del funcionamiento de tribunales sin potestad del Gobierno. El conflicto surge días antes de una reunión entre la ministra Llop y el presidente Lesmes para abordar la saturación del Tribunal Supremo.
- El CGPJ acusa al Gobierno de invadir competencias reservadas al órgano de gobierno de los jueces
- La ley modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de lo Contencioso-Administrativo y la de Enjuiciamiento Civil
- El Tribunal Supremo acumula 12 vacantes sin cubrir por falta de renovación del CGPJ
- La Comisión Europea clasificó el uso de IA en procedimientos judicales como de alto riesgo
El Consejo General del Poder Judicial critica el anteproyecto de ley de eficiencia digital por interferir en sus competencias y la autonomía de jueces, aunque respalda la digitalización de tribunales.
El Consejo General del Poder Judicial ha presentado un informe crítico sobre el anteproyecto de ley de eficiencia digital del Gobierno, acusando al Ejecutivo de traspasar sus límites constitucionales al regular aspectos que corresponden únicamente al órgano de gobierno de los jueces. El conflicto emerge justo cuando la ministra de Justicia, Pilar Llop, se prepara para reunirse con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, para buscar soluciones a la saturación de la corte suprema, que acumula doce vacantes sin cubrir por la falta de renovación del Consejo, cuyo mandato venció hace más de tres años.
La ley de eficiencia digital forma parte del plan Justicia 2030, una iniciativa gubernamental para agilizar la administración de justicia mediante la incorporación de tecnología en los procedimientos judicales y en la administración misma. El CGPJ no rechaza la finalidad de la norma, que transpone una directiva europea de 2019, pero el borrador del informe elaborado por cuatro vocales —dos designados por el PP y dos por el PSOE— sostiene que varias medidas concretas representan un "desapoderamiento" del Consejo. A diferencia de lo ocurrido semanas atrás con la ley de vivienda, cuando el pleno rechazó un informe favorable, esta vez el órgano de gobierno de los jueces se debate entre reconocer la necesidad de la digitalización y defender sus competencias institucionales.
La crítica central del CGPJ apunta a que la ley interfiere con procedimientos establecidos por el Consejo e incluso con la autonomía de jueces y tribunales para decidir cuestiones fundamentales, como si una declaración debe ser presencial o telemática. El informe señala que la norma interfiere "en no pocas ocasiones" con la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inmiscuye en aspectos reservados a la potestad reglamentaria del Consejo, y limita su capacidad para dictar instrucciones obligatorias a juzgados y tribunales. Los cuatro vocales que redactaron el documento —Victoria Cinto y Rafael Mozo, por el PSOE, y Juan Martínez Moya y José Antonio Ballestero, por el PP— advierten que las funciones del CGPJ, garante institucional de la independencia judicial, aparecen "difuminadas" o "abiertamente eludidas" en el marco tecnológico que diseña la ley, que otorga preeminencia a una vaga "Administración de Justicia" y a organismos incrustados en ella.
El informe cita ejemplos concretos de esta invasión de competencias. La ley ignora la facultad del CGPJ de proveer de firma la regulación del uso de tecnologías de la información en la administración de justicia, norma de 2011 que sigue vigente. Además, subordina a la autorización del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas el acceso de los órganos del CGPJ con competencias de inspección y control a los sistemas de información. Estos detalles revelan una tensión profunda sobre quién controla realmente la digitalización del sistema judicial.
Otro aspecto que preocupa al Consejo es la incorporación de modelos de inteligencia artificial en la tramitación electrónica de procedimientos y en el dictado de resoluciones judiciales. El CGPJ recuerda que la Comisión Europea ha clasificado estos usos como de alto riesgo en su propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial de abril de 2021. Por esta razón, el Consejo considera que habría que esperar a que concluya el proceso legislativo europeo antes de avanzar en esta materia a nivel nacional.
La complejidad de la ley radica en que es fundamentalmente una norma administrativa que contiene disposiciones procesales, modificando leyes como la de Enjuiciamiento Criminal, la de lo Contencioso-Administrativo y la de Enjuiciamiento Civil, entre otras. A pesar de las críticas, los autores del informe confían en que los aspectos negativos puedan corregirse durante el trámite parlamentario. Uno de los vocales reconoce que "la norma es positiva y necesaria para el sector", pero la batalla por las competencias institucionales apenas comienza. El pleno del CGPJ debatirá el informe el próximo jueves, en un momento en que la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo ya está tensa por otros conflictos pendientes.
Notable Quotes
La norma es positiva y necesaria para el sector, pero contiene aspectos que deben corregirse en el trámite parlamentario— Uno de los vocales autores del informe del CGPJ
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el CGPJ se opone a una ley que busca modernizar los tribunales?
No se opone a la modernización en sí. El problema es que el Gobierno está regulando decisiones que, constitucionalmente, corresponden al Consejo. Es como si alguien redecorara tu casa sin pedirte permiso, aunque la intención sea mejorarla.
¿Qué tipo de decisiones son esas?
Por ejemplo, si una declaración debe ser presencial o telemática. O cómo se accede a los sistemas de información judicial. Son cosas que afectan directamente a cómo funcionan los tribunales día a día.
¿Y la inteligencia artificial?
Ahí el Consejo es más cauteloso. La Comisión Europea ya ha dicho que usar IA para dictar sentencias es de alto riesgo. El CGPJ quiere esperar a que Europa establezca las reglas antes de que España avance por su cuenta.
¿Esto es solo una pelea de poder?
Tiene elementos de eso, claro. Pero también es una pregunta legítima: ¿quién debe controlar cómo funciona la justicia? ¿El Gobierno o los jueces?
¿Qué pasará ahora?
El pleno del CGPJ votará el informe esta semana. Luego irá al Parlamento. Los vocales esperan que se corrijan los aspectos más problemáticos en el debate legislativo, pero no está claro si el Gobierno cederá.