El Pequeño Nicolás evita la cárcel y aspira a recuperar su verdadero nombre

Francisco Nicolás Gómez Iglesias tenía 19 años cuando perdió dos cosas a la vez: su pasaporte y su nombre. Ahora, a los 32, acaba de recuperar el primero —el documento que le permite salir de Europa, viajar, existir sin restricciones— y aspira a recuperar también el segundo. Quiere dejar atrás el alias que lo catapultó a la fama y lo enterró en ella: El Pequeño Nicolás.

Su caso es de esos que fracturan la opinión pública en dos mitades irreconciliables. De un lado están quienes lo conocieron a través de los titulares: su red de contactos influyentes, sus maniobras para hacerse pasar por miembro de una comitiva real, sus intentos de suplantación del Centro Nacional de Inteligencia. Esos observadores ven con incredulidad que alguien condenado a 12 años y 5 meses de cárcel en primera instancia finalmente no pise una celda. Del otro lado están quienes lo llaman Fran —amigos, familia, su círculo madrileño— que defienden que lo verdaderamente absurdo fue investigar como a un criminal las andanzas de un adolescente.

Entre 2021 y 2026, Gómez Iglesias se sentó en el banquillo cuatro veces. Primero, por falsificar un DNI para que un amigo hiciera el examen de selectividad en 2012; fue condenado a un año y nueve meses. Segundo, por organizar una supuesta comitiva de la Casa Real para visitar a un alcalde en Ribadeo; la Audiencia Provincial lo condenó a tres años, pero el Tribunal Supremo lo absolvió. Tercero, por hacerse pasar por miembro del CNI y del Gobierno ante un empresario para negociar una finca en Toledo; su condena inicial fue de tres años y medio, reducida después a dos años. Cuarto, por urdir una trama para obtener información confidencial de bases de datos policiales; esa condena era la que más lo aterraba: cuatro años y tres meses, suficientes para entrar en prisión.

Pero el Supremo intervino de nuevo. Consideró que existían dilaciones indebidas —que desde 2014, cuando se inició el procedimiento, hasta la última sentencia había pasado tanto tiempo que la pena debía atenuarse— y redujo la condena a dos años y medio. Ese medio año de diferencia resultó decisivo. Cuando ninguno de los delitos individuales superaba los dos años de prisión, y cuando no constaba que Gómez Iglesias hubiera cometido delitos posteriores ni fuera considerado reo habitual, los magistrados de la Audiencia Provincial tomaron una decisión: con el pago de 1.800 euros y la promesa de no volver a delinquir, la pena quedaba liquidada. Sin cárcel. Su abogado, Juan Carlos Navarro, explicó después que la ley permite esta suspensión para todo el mundo por igual, y que su cliente se había enfrentado a la incertidumbre y la angustia como cualquier persona.

En mayo pasado, mientras esperaba el resultado, Gómez Iglesias asistió al show en directo del programa Línea de la Cal en el Teatro Capitol de Gran Vía. Lo reconocieron entre el público y cientos de voces gritaron: "Presidente, presidente". Cuando le preguntaron si se presentaría a las elecciones, respondió que no, que pasaba de la política. Meses antes, en octubre de 2024, había lanzado una campaña llamada "Mr. President" en la que, mediante suscripción, enviaba emails diarios con historias que aseguraba nadie había contado. Pero esa iniciativa se diluyó sin convertirse en un salto político.

En los últimos años, Gómez Iglesias se ha acercado a figuras de la derecha como el eurodiputado Luis Pérez Alvise, con quien se le ha visto veranear en Marbella y con quien viajó a Valencia tras la dana de 2024. Mantiene apariciones ocasionales en podcasts y programas online dirigidos a jóvenes. Quienes lo conocen dicen que sigue siendo alguien que teje redes, que tiene amigos en todas partes. Pero su entorno asegura que ahora, tras el fin del periplo judicial, se encuentra en un proceso tranquilo para recuperar su vida, centrado en su familia y sus amigos, sin planes políticos en el horizonte. Después de siete años en el foco mediático, lo que busca es simplemente volver a ser Francisco Nicolás Gómez Iglesias, sin alias, sin etiquetas, sin el peso de una década de procedimientos judiciales.