En las márgenes del pragmatismo y la desesperación, Venezuela y Estados Unidos firmaron en agosto de 2026 un acuerdo petrolero que promete un siglo de transformación energética, pero que expertos jurídicos y económicos describen como un edificio construido sobre arena. Las cifras monumentales —65.000 millones de barriles, cien mil millones en inversión— chocan con versiones contradictorias entre Washington y Caracas sobre los términos básicos del pacto, recordándonos que los grandes anuncios a veces ocultan más de lo que revelan. En el fondo, el acuerdo refleja la tensión permanente entre la u
El pacto petrolero entre EE.UU. y Venezuela enfrenta escepticismo por sus condiciones y viabilidad
Todo lo que dice sobre el acuerdo de Trump es ilegal o inconstitucional
Mark
¿Por qué hay tanta confusión sobre cuánto tiempo durará realmente este acuerdo?
Mimi
Porque Trump dice cien años y Venezuela dice veinticinco. El presidente de PDVSA intenta conciliar diciendo que es veinticinco renovable, pero eso no es lo mismo que lo que la Casa Blanca anunció.
Luke
Pero espera. ¿Tenemos el texto real del contrato? ¿O solo declaraciones públicas contradictorias?
Mimi
Solo declaraciones. El acuerdo se firmó el 28 de agosto pero no fue público.
Mark
¿Entonces nadie sabe realmente qué dice?
Mimi
Exacto. Lo que sabemos viene de lo que cada lado ha filtrado a los medios, y esas versiones no coinciden.
Luke
Eso es un problema grave. No podemos evaluar la legalidad o viabilidad de algo que no podemos leer.
Mimi
Los abogados ya están diciendo que es inconstitucional de todas formas, pero tienes razón. La opacidad es parte del problema.
Mark
¿Y NABEP? ¿Quién es Alejandro Betancourt y por qué es tan cuestionado?
Mimi
Es un empresario venezolano que recibió 17 campos petroleros en concesión. Los expertos dicen que su empresa no tiene la capacidad tecnológica ni financiera para desarrollarlos.
Luke
¿Cuál es la fuente de esa evaluación? ¿Está basada en un análisis de sus operaciones previas o es especulación?
Mimi
Haussmann dice que es "insignificante" y que necesitará socios. Otros expertos advierten que los socios potenciales serán repelidos por las condiciones de Trump.
Mark
Entonces el acuerdo podría colapsar antes de que comience.
Mimi
O podría funcionar de formas que nadie anticipó. Pero la incertidumbre es real.
Le Pouls
- Trump proclamó un acuerdo histórico de cien años sobre el petróleo venezolano, pero Caracas insiste en que el contrato dura 25 años renovables, una contradicción que revela que los propios firmantes no leen el mismo documento.
- Juristas y economistas de peso —desde Harvard hasta la Universidad Central de Venezuela— califican el pacto de inconstitucional, corrupto y depredador, advirtiendo que viola la Ley de Hidrocarburos y la Convención de Viena.
- Las cifras de inversión y regalías son tachadas de propaganda: Venezuela nunca ha extraído más del 8% de sus reservas declaradas, y el crudo extra pesado del Bloque Boyacá exige tecnología y capital que NABEP no posee.
- El control estadounidense sobre los fondos generados —transferidos al Departamento del Tesoro para 'protegerlos' de acreedores— profundiza la dependencia de Caracas y aleja a los inversores de largo plazo que necesitan garantías contractuales sólidas.
- Voces más moderadas advierten que, pese a sus fallas, el acuerdo puede ser la única vía realista para atraer inversión a un país bloqueado, en default y superado por vecinos como Guyana, Argentina y Brasil.
En las márgenes del pragmatismo y la desesperación, Venezuela y Estados Unidos firmaron en agosto de 2026 un acuerdo petrolero que promete un siglo de transformación energética, pero que expertos jurídicos y económicos describen como un edificio construido sobre arena. Las cifras monumentales —65.000 millones de barriles, cien mil millones en inversión— chocan con versiones contradictorias entre Washington y Caracas sobre los términos básicos del pacto, recordándonos que los grandes anuncios a veces ocultan más de lo que revelan. En el fondo, el acuerdo refleja la tensión permanente entre la urgencia de un país en crisis y las condiciones que impone quien tiene el poder de negociar.
El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump entre Estados Unidos y Venezuela el 28 de agosto prometía reescribir el futuro energético del país durante un siglo. Las cifras eran deslumbrantes: más del 20% de las reservas venezolanas, 65.000 millones de barriles, 100.000 millones en inversión y 209.000 millones en regalías. Pero al examinar los detalles, el optimismo inicial cedió paso a una cascada de contradicciones.
La primera fractura es elemental: Washington habla de cien años de concesiones y acceso a crudo a precio de costo, mientras Caracas sostiene que el contrato dura 25 años, renovable por períodos similares. El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, intentó conciliar ambas versiones, pero su explicación solo confirmó que los propios actores interpretan de manera distinta lo que firmaron.
Los expertos van más lejos en sus críticas. Francisco Monaldi señala que la participación del Pentágono con el 35% de las acciones de NABEP —empresa del venezolano Alejandro Betancourt— ya fue declarada legalmente imposible por el Congreso estadounidense. Rafael Quiróz la califica de 'adefesio' jurídico que viola la Constitución. Elías Jaua la declara nula según la Convención de Viena. Ricardo Haussmann, desde Harvard, advierte que el pacto frenará la recuperación económica venezolana en lugar de impulsarla.
Las cifras tampoco resisten el escrutinio. Las reservas venezolanas han sido históricamente infladas, y el crudo extra pesado del Bloque Boyacá requiere inversiones de largo plazo y tecnología sofisticada que NABEP no posee. La empresa probablemente necesitará socios, pero las condiciones impuestas por Trump los repelerán. Para los inversores, la legitimidad del acuerdo es una incógnita que ningún contrato resuelve por sí solo.
Sin embargo, no todos los análisis son demoledores. Luis Oliveros, de la Universidad Metropolitana, recuerda que Venezuela compite en desventaja frente a Guyana, Argentina y Brasil, y que en un contexto de sanciones y default, atraer inversión en mejores condiciones es casi una fantasía. El acuerdo permanece suspendido entre la necesidad y la desconfianza: demasiado cuestionable para inspirar certeza, pero quizás demasiado urgente para descartarlo.
El acuerdo petrolero que Donald Trump anunció entre Estados Unidos y Venezuela promete transformar la industria energética del país durante un siglo, pero los detalles revelan un pacto lleno de contradicciones, dudas legales y promesas que expertos consideran difíciles de cumplir. Firmado el 28 de agosto entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la Casa Blanca, el acuerdo supuestamente abarca más del 20% de las reservas petroleras venezolanas, con cifras que suenan monumentales: 65.000 millones de barriles, 100.000 millones de dólares en inversión y 209.000 millones en regalías. Sin embargo, cuando se examina la letra pequeña, el optimismo inicial se desmorona.
La primera grieta aparece en versiones conflictivas sobre la duración misma del pacto. Trump y su administración hablan de un acuerdo de cien años con concesiones y acceso a crudo a precio de costo. El Gobierno venezolano, por su parte, sostiene que el contrato tiene una duración de 25 años, renovable por períodos similares si ambas partes lo acuerdan. Héctor Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, aclaró esta semana que el pacto es tripartito y que, aunque está firmado por 25 años, "de mutuo acuerdo pueden haber renovaciones contractuales por períodos similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda". Esta discrepancia fundamental sugiere que ni siquiera los actores principales entienden de la misma manera lo que han firmado.
Los economistas que han analizado el acuerdo encuentran problemas aún más profundos. Francisco Monaldi, experto en energía, señala que la Casa Blanca filtró a medios un anuncio que incluye la participación de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono con un 35% de las acciones de NABEP, la empresa petrolera del venezolano Alejandro Betancourt. El Congreso estadounidense ya declaró que esta estructura no es legalmente posible. Mientras tanto, la versión del Gobierno venezolano describe un Contrato de Participación Productiva en Hidrocarburos donde una empresa opera campos a cambio de ceder parte de la producción al Estado mediante regalías. "Todo lo que dice sobre el acuerdo de Trump es ilegal o inconstitucional", afirma Monaldi, aunque reconoce que la ley antibloqueo de Venezuela permite prácticamente cualquier cosa.
La vulnerabilidad jurídica del pacto ha generado críticas desde múltiples flancos. Rafael Quiróz, economista petrolero de la Universidad Central de Venezuela, lo califica de "adefesio" desde el punto de vista legal, argumentando que viola no solo la Ley de Hidrocarburos sino toda la Constitución. Las acciones de PDVSA no pueden venderse, sostiene, y el petróleo pertenece a generaciones futuras de venezolanos. Elías Jaua, exvicepresidente de Hugo Chávez, ha declarado que el acuerdo es "nulo de derecho" conforme a la Convención de Viena, describiéndolo como resultado de una imposición militar. Ricardo Haussmann, exministro de Planificación y académico de Harvard, lo llamó "corrupto y depredador", advirtiendo que ralentizará la recuperación económica venezolana en lugar de acelerarla.
Las cifras mismas del acuerdo merecen escepticismo. Las reservas petroleras venezolanas han sido infladas históricamente. Hugo Chávez quería poseer las mayores reservas del mundo y las exageró. Auditores independientes han cuestionado las cifras oficiales, y Venezuela nunca ha extraído más del 8% de lo que dice tener. Monaldi advierte que buena parte del crudo extra pesado del Bloque Boyacá permanecerá bajo tierra porque requiere inversiones de largo plazo y tecnología sofisticada. Además, la reserva estratégica estadounidense no puede llenarse con crudo pesado, y la elección de socios extranjeros genera fricción con los petroleros estadounidenses que no pueden competir con los precios por debajo del mercado que NABEP debe ofrecer.
La capacidad de NABEP para desarrollar los 17 campos que recibió en concesión está en entredicho. Aunque el acuerdo mejora sus opciones de financiamiento, la obligación de vender barriles a precio de costo a Estados Unidos cuestiona la viabilidad de las inversiones prometidas. Haussmann lamenta que se le otorgue a "una empresa insignificante" acceso a enormes recursos sin que posea el capital gerencial, tecnológico y financiero para desarrollarlos. Probablemente necesitará buscar socios, pero estos serán repelidos por las condiciones que Trump ha impuesto. Para inversores de largo plazo, el acuerdo presenta un problema serio de legitimidad: no saben si sus contratos serán garantizados.
Obregón aclaró esta semana que parte de los fondos generados serán transferidos a cuentas del Departamento del Tesoro estadounidense "para protegerlos de los acreedores" de la enorme deuda venezolana, una extensión del control de Washington sobre el Gobierno. Sin embargo, aseguró que Venezuela administra los fondos y genera las órdenes de pago. Algunos expertos ofrecen una perspectiva más matizada. Luis Oliveros, decano de Economía de la Universidad Metropolitana, reconoce que Venezuela tiene una necesidad crítica de inversiones petroleras y ha perdido capacidad de atracción frente a Guyana, Argentina y Brasil. En las condiciones actuales, con sanciones y default, es difícil generar incentivos para inversores. Aunque el acuerdo "seguramente tiene muchas cosas que mejorar", Oliveros advierte que "difícilmente podría el país aspirar a conseguir ese volumen de inversiones en mejores condiciones". El pacto permanece en un limbo: demasiado cuestionable para inspirar confianza, pero potencialmente demasiado importante para rechazar.
Citations marquantes
Todo lo que dice sobre el acuerdo de Trump es ilegal o inconstitucional. Pero, al mismo tiempo, la ley antibloqueo de Venezuela permite cualquier cosa.— Francisco Monaldi, economista experto en energía
El acuerdo corrupto y depredador hará que la recuperación económica de Venezuela sea más lenta, no más rápida.— Ricardo Haussmann, exministro de Planificación y académico de Harvard
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