El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a redes sociales por pornografía infantil con IA

El Consejo de Ministros español ha decidido pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue a las grandes plataformas de redes sociales —Meta, X y TikTok— por su papel en la creación y distribución de pornografía infantil generada mediante inteligencia artificial. La medida, aprobada esta semana, representa un paso más en la ofensiva del Gobierno contra lo que considera impunidad sistemática de las empresas tecnológicas. El presidente Pedro Sánchez había anunciado esta acción el 3 de febrero en Dubái como parte de un paquete de cinco iniciativas destinadas a frenar lo que describió como un entorno donde las plataformas "se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue clara en la rueda de prensa posterior al Consejo: "No podemos permitir, a través del algoritmo, que se pueda amplificar o amparar todo esto". El Ejecutivo argumenta que la confluencia entre la inteligencia artificial generativa y las redes sociales ha creado un ecosistema donde proliferan contenidos sexuales y pornográficos dirigidos a menores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, enfatizó que "está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad y de su libertad".

El alcance del problema es documentado y alarmante. Un estudio del Centro para Contrarrestar el Odio Digital reveló que Grok, la herramienta de inteligencia artificial de Elon Musk integrada en X, generó tres millones de imágenes de contenido sexual explícito en apenas diez días, entre el 29 de diciembre y el 8 de enero. De esas imágenes, al menos 23.000 mostraban a menores. Investigaciones diversas indican que más del 90% de estos vídeos falsos e imágenes hiperrealistas afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas. El problema no es abstracto: en un instituto de Almendralejo, menores fueron sexualizadas mediante estos programas, un caso que ilustra cómo la tecnología se traduce en daño concreto a personas reales.

El Gobierno sostiene que la responsabilidad penal no recae únicamente en los usuarios individuales que crean este contenido, sino también en las propias plataformas. El argumento central es que Meta, X y TikTok ejercen un dominio sobre los contenidos que circulan en sus espacios a través de sus herramientas de inteligencia artificial y de los algoritmos que deciden qué se amplifica y qué se oculta. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dirigirá a la Fiscalía un informe que documenta cómo otros países están abordando este problema, proporcionando contexto internacional para la investigación.

La solicitud del Gobierno se ampara en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite al Ejecutivo interesar al fiscal general del Estado que promueva actuaciones ante los tribunales en defensa del interés público. Una vez que la fiscal general, Teresa Peramato, reciba la comunicación, deberá convocar a la Junta de Fiscales de Sala para que emita su opinión, aunque esa opinión no será vinculante. La decisión final recaerá en Peramato. El Gobierno también pide que la Fiscalía establezca criterios de actuación y mecanismos que permitan a las víctimas y sus representantes legales defender sus derechos.

Esta acción se inscribe en un movimiento internacional más amplio contra las grandes plataformas tecnológicas. Hace dos semanas, la Fiscalía francesa registró la sede parisina de X y pidió la comparecencia de Elon Musk. La Comisión Europea, por su parte, está investigando a Meta, TikTok y a Grok bajo el reglamento de servicios digitales. El Gobierno español se suma así a una presión creciente sobre estas empresas desde múltiples jurisdicciones.

La medida forma parte de un conjunto más amplio de acciones que Sánchez ha anunciado contra las redes sociales. Además de la investigación penal por pornografía infantil, el Gobierno impulsa una prohibición de acceso a menores de 16 años a estas plataformas, legislación para actuar contra los directivos de las grandes tecnológicas por violaciones en sus plataformas, la criminalización de la manipulación de algoritmos, y el desarrollo de un sistema para monitorizar discursos tóxicos. El Gobierno ha descrito este último como una "huella de odio y polarización" que cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio. Lo que está en juego, según el Ejecutivo, es nada menos que la protección de la infancia en un entorno digital que considera caracterizado por la impunidad y la tolerancia hacia prácticas delictivas.