El Gobierno admite un papel “muy activo” en la planificación estratégica de las empresas de la SEPI

El Gobierno ha formalizado por escrito, en un documento oficial presentado ante el Congreso de los Diputados, lo que hasta ahora había mantenido en la penumbra: que participa de manera activa y deliberada en la planificación estratégica de las empresas donde mantiene participación accionarial, tanto en aquellas donde es accionista mayoritario como en las que posee una participación minoritaria. La respuesta parlamentaria, registrada el 22 de septiembre, fue presentada por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en contestación a una iniciativa de control formulada en julio por cuatro diputados de Vox: Emilio Jesús Del Valle, Jacobo González-Robatto, Andrés Alberto Rodríguez y Pablo Sáez Alonso-Muñumer.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, es el vehículo a través del cual el Estado español mantiene su presencia en empresas clave del tejido productivo nacional. Bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, la SEPI controla participaciones en compañías como Telefónica, Indra, Redeia e Hispasat, todas ellas operando en sectores que el Gobierno considera de importancia estratégica: telecomunicaciones, defensa, energía, transporte, agricultura, sector aeroespacial y servicios postales. En su respuesta oficial, el Ejecutivo describe el objetivo central del holding como fijar la estrategia y la planificación de las empresas del sector público empresarial de las que es accionista mayoritario, así como establecer los criterios para la gestión de participaciones en compañías privadas donde actúa como accionista minoritario, siempre conforme a lo que define como interés público.

Lo que resulta significativo en esta declaración es la explicitación de una doctrina que el Gobierno había evitado formalizar en documentos oficiales anteriores. Cuando se han producido relevos en la alta dirección o debates sobre gobernanza en multinacionales como Telefónica e Indra, la postura pública del Ejecutivo tendía a presentarse como neutral, situando las decisiones operativas en el ámbito exclusivo de los consejos de administración. Ahora, en cambio, el Gobierno reconoce que su presencia como accionista responde a una visión de largo plazo con carácter estable en estos sectores, y que busca fortalecer la resiliencia del tejido productivo proporcionando a las empresas mayor estabilidad frente a las crisis. Además, el documento oficial subraya que esta posición institucional busca impulsar la inversión, especialmente la inversión tecnológica, y favorecer la adaptación de las empresas participadas a los desafíos tecnológicos.

Esta formalización adquiere particular relevancia en el contexto político actual. Las elecciones generales están fijadas para el 29 de noviembre, y la política accionarial desarrollada a través de la SEPI se ha convertido en un punto de fricción entre el Gobierno y la oposición. El grupo parlamentario Vox ha cuestionado de forma reiterada la ampliación del peso estatal en el accionariado de empresas cotizadas, argumentando que la presencia pública distorsiona el funcionamiento de los mercados y los principios de gobernanza privada. Pero la crítica no se limita a la extrema derecha parlamentaria. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha situado la despolitización del Ibex 35 entre las prioridades de su programa económico, planteando la revisión del papel de la SEPI y la preservación de la autonomía directiva en firmas como Telefónica, Indra, Redeia, Enagás y Aena ante un hipotético cambio de ciclo político.

La respuesta parlamentaria del Gobierno, por tanto, no es un documento técnico menor. Explicita la posición del Ejecutivo sobre el papel del Estado en la economía, definiéndolo como un agente tractor de la inversión tecnológica en sectores considerados de interés estratégico. Esta visión de tutela pública se sitúa en el centro de un debate que divide a la clase política española: de un lado, quienes ven en la presencia estatal un instrumento para garantizar la estabilidad y la modernización industrial en sectores clave; del otro, quienes consideran que la huella estatal en el ámbito corporativo debe reducirse significativamente en favor de la iniciativa privada y la autonomía de los consejos de administración. Con esta respuesta oficial, el Gobierno ha dejado clara su posición en ese debate, justo cuando la ciudadanía se prepara para decidir quién gobernará los próximos años.