El Gobierno activa el reparto de menores migrantes con la resignada aceptación del PP

La ministra de Juventud e Infancia llegó a Ceuta el jueves pasado con una tarea urgente: poner orden en una ciudad desbordada. Aproximadamente 1.200 menores migrantes se hacinaban en instalaciones con capacidad para apenas 29. Algunos aún deambulaban por las calles tras cruzar la frontera junto a una multitud de unas 72.000 personas que irrumpieron en la ciudad autónoma la semana anterior. El Gobierno había cedido dos colegios como alojamiento temporal; uno ya albergaba a 110 chicas, el otro se estaba adaptando. Pero esto era solo un parche. Lo que realmente importaba era si el Gobierno podría distribuir a estos menores entre las comunidades autónomas sin una batalla política que paralizara todo.

Durante dos años, esa batalla había sido feroz. Cuando Canarias se vio abrumada por llegadas masivas, el Partido Popular resistió con todas sus fuerzas cualquier intento de repartir a los menores migrantes. Sus diputados votaron en contra de un decreto que establecía criterios de distribución. Pero en abril de 2025, el Congreso convalidó ese decreto con el apoyo de Junts, transformando los criterios en ley. El PP había perdido. Ahora, con la crisis en Ceuta, la pregunta era si respetaría lo que ya era obligatorio por ley o si volvería a la confrontación.

El jueves, el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, rompió la ambigüedad que había caracterizado la posición de su partido hasta entonces. "El PP siempre cumple la ley", afirmó de forma categórica. Era una rendición, aunque presentada como un principio. El partido de Alberto Núñez Feijóo estaba abocado a respetar los criterios de distribución so pena de declararse en rebeldía contra una norma legal. Los pactos que el PP había firmado con Vox en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura estipulaban lo contrario: la negativa a acoger a lo que la extrema derecha seguía llamando despectivamente por sus siglas. Pero esos pactos ya habían sido vulnerados en la práctica. En los últimos meses, distintas comunidades autónomas presididas por el PP habían acogido a 1.750 menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, a pesar de toda esa retórica de rechazo.

El Gobierno estaba convencido de que esta vez no habría batalla. "Nadie se atreve a saltarse la ley", advertían en el Ejecutivo. Incluso Santiago Abascal y su partido no habían dicho explícitamente que impedirían el reparto, aunque insistían en la solución improbable de devolver a los menores a sus países de origen. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, hizo un llamamiento a sus compañeros de partido para que no pusieran impedimentos. El presidente de Melilla, también popular, fue más directo: "Hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto que cumplir, te guste o no".

La situación en ambas ciudades autónomas era insostenible. Ceuta contabilizaba 1.200 menores con capacidad de 29 plazas. Melilla había registrado un repunte reciente con unos 140 menores de las 260 personas que llegaron en los últimos días, con capacidad que no superaba la treintena. El Gobierno había cedido dos colegios en Ceuta y estaba habilitando otros lugares. Pero el cuello de botella real era el proceso administrativo. Hasta el miércoles, la policía había registrado a más de 500 menores. Luego había que esperar a que las comunidades de destino ofrecieran plazas. La ministra Rego hablaba de "unas pocas semanas". Las fuentes del gobierno local de Ceuta eran menos optimistas: "Ahora puede llevar meses porque lógicamente estamos desbordados".

El Gobierno también buscaba acuerdos con ONG y entidades sociales privadas dispuestas a tutelar a los menores. Junts había amenazado con vetar cualquier acuerdo que supusiera enviar más menores a Cataluña, pero el Gobierno minimizaba esos efectos porque no había que votar de nuevo. El PP, mientras tanto, había exigido la comparecencia urgente de hasta cuatro ministros en el Congreso. El Gobierno, de momento, no se declaraba dispuesto a atenderlas.

Lo que había cambiado respecto a los años anteriores era la ley. En abril de 2025, el Congreso había establecido criterios de reparto que ya no eran negociables. El PP podía quejarse de que el Gobierno había generado la crisis, podía exigir comparecencias parlamentarias, podía mantener su retórica de rechazo. Pero no podía saltarse la ley sin consecuencias legales. Y eso, al final, era lo que importaba. El proceso de traslados se demoraría semanas o meses, pero esta vez no habría batalla política que lo paralizara.