El acuerdo del diésel Trump-Putin: ¿una aspirina para curar un cáncer energético?

A galón de diésel costaba 3,70 dólares hace un año. El 12 de octubre de 2026, ese mismo galón alcanzaba 6,28 dólares en promedio en Estados Unidos, con picos superiores a 8 dólares en California. En septiembre había tocado un máximo histórico de 6,53 dólares. El combustible que mueve los camiones de carga, que distribuye alimentos, productos agrícolas y bienes de consumo por todo el país, se había duplicado en precio, y la presión sobre las cadenas de suministro era evidente. En una estación de radio de Lehigh Valley, Pensilvania, un camionero bromeaba con el locutor sobre vacaciones no planificadas: pronto no podría llenar el tanque.

Esta crisis energética llegaba en el peor momento político posible para el presidente Donald Trump. Las elecciones legislativas intermedias se aproximaban, y sus aliados republicanos enfrentaban el riesgo de perder la mayoría que controlaban en ambas cámaras del Congreso. El aumento del diésel no era un problema abstracto de mercado; era un golpe directo a granjeros, rancheros y transportistas, grupos que Trump consideraba su base electoral prioritaria.

La solución llegó el 9 de octubre, apenas tres semanas después de un giro político extraordinario. El 18 de septiembre, Trump había promulgado la Ley Lindsey Graham, nombrada así en honor al senador republicano que la impulsó y que falleció antes de su aprobación final. Esa ley imponía aranceles y sanciones severas a cualquier país que comerciara con productos energéticos rusos. Ahora, Trump anunciaba un acuerdo para comprar 300.000 toneladas de diésel a Rusia, el mismo país que la ley acababa de sancionar. El giro era tan abrupto que parecía casi inverosímil: días antes, Trump había considerado permitir que Ucrania fabricara sus propios misiles Patriot para defenderse de Moscú.

Los números, sin embargo, revelaban la verdadera escala del problema y la limitación de la solución. Estados Unidos consume aproximadamente 3,6 millones de barriles de diésel diarios, lo que equivale a 482.400 toneladas métricas. Las 300.000 toneladas del primer tramo del acuerdo representaban apenas un poco más de la mitad de un día de consumo nacional. Nelson Bandeon, consultor en geopolítica energética, lo expresó con claridad: "Es una aspirina para curar un cáncer". El acuerdo podía aliviar tensiones puntuales, pero carecía de la escala necesaria para resolver la crisis global de combustible. Incluso si se alcanzaba el objetivo final de 3 millones de toneladas, equivaldría solo a 22 millones de barriles, una gota en un océano de demanda.

La crisis energética mundial era estructural y profunda. El estrecho de Ormuz operaba fuera de sus rutas normales. El de Bab el-Mandeb estaba amenazado por rebeldes hutíes. El acueducto Este-Oeste de Arabia Saudita sufría ataques. Las instalaciones energéticas de Rusia y Ucrania se destruían mutuamente. Los inventarios globales de combustible se habían desplomado. En este contexto, Bandeon explicaba que la decisión de Trump obedecía tanto a cálculos de política interna como a ambiciones geopolíticas: ofrecer a Moscú un incentivo para negociar con Kiev, una promesa de campaña que Trump había incumplido de manera notoria. "Son objetivos distintos que tienen limitaciones y riesgos", señalaba el experto. "Para mí la decisión tiene más una dimensión de política interna, que son las midterms."

La jugada tenía sus propios costos políticos. Siete senadores, cuatro de ellos republicanos, cuestionaron el acuerdo argumentando que ofrecía a Putin "un salvavidas financiero mientras Rusia continúa matando a civiles ucranianos". Pero el riesgo más profundo era la confiabilidad de Rusia como socio comercial. El país tenía capacidad de refinación enorme y experiencia exportadora, pero eso no lo hacía geopolíticamente confiable. Rusia debía equilibrar sus exportaciones con sus necesidades internas de mercado. Si el diésel llegaba a escasear dentro de Rusia, perder el apoyo político interno sería complicado. Además, Rusia operaría en un entorno de tanqueros limitados a nivel mundial, rutas comprometidas, primas de seguros marítimos disparadas, ataques ucranianos a sus instalaciones y servicios financieros restringidos por sanciones.

Europa y Canadá no reaccionaron positivamente. El Consejo Europeo acababa de aprobar un paquete de sanciones adicionales sobre el sector energético ruso. "Que Washington autorice determinadas operaciones no significa que Europa deba bonificar automáticamente sus políticas de sanciones", advirtió Bandeon. Europa disponía de alternativas de las que Estados Unidos se había sustraído: inventarios de reserva, ajuste de demanda, energías alternativas, diversificación de proveedores. Una crisis energética podía aumentar el pragmatismo comercial, pero no necesariamente producía convergencia geopolítica.

Rusia, sin embargo, podría obtener ganancias que iban más allá de los ingresos por ventas. El retorno de volúmenes de productos rusos a mercados previamente restringidos podría reducir tensiones comerciales y redibujar las rutas internacionales de abastecimiento. Rusia podría haber ganado ya su partida sin haber despachado el primer barril: la percepción de que Trump estaba haciendo esfuerzos para bajar precios antes de las elecciones, y la reapertura de una vía diplomática con Ucrania, aunque fuera incierta. El acuerdo era, en esencia, una herramienta de estabilización de muy corto plazo, diseñada para durar cuatro o cinco semanas hasta que pasaran las elecciones de medio término, no una solución a la crisis estructural global.