EE.UU. deporta a más de 500 personas a países africanos sin vínculos, violando protecciones internacionales

El gobierno de Trump está enviando a más de 500 personas a países africanos donde nunca han estado, negándoles la oportunidad de cuestionar esas deportaciones o expresar sus temores sobre lo que les espera. Muchas de estas personas no pueden ser devueltas a sus propios países porque enfrentarían peligro allí—persecución, tortura, muerte. Pero en lugar de permitirles quedarse o buscar protección en otro lugar, las autoridades estadounidenses las encadenan en vuelos de hasta 18 horas y las depositan en Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini y Sudán del Sur. Una vez allí, muchas se encuentran sin alternativa viable excepto regresar a los países que huyeron, enfrentando los mismos abusos que las obligaron a partir.

Human Rights Watch publicó un informe de 125 páginas documentando esta política. Entre febrero y julio de 2026, investigadores entrevistaron a 24 personas que habían sido trasladadas de esta manera. Lo que encontraron fue un sistema diseñado deliberadamente para causar sufrimiento. Michael Garcia Bochenek, director interino para Estados Unidos de la organización, lo expresó sin rodeos: "Deportar a personas a países en los que nunca han puesto un pie forma parte de una política estadounidense para causar sufrimiento y disuadir la migración". Los gobiernos africanos, agregó, deberían terminar o suspender estos acuerdos porque permiten que Estados Unidos evada sus responsabilidades legales y prive a las personas de garantías procesales básicas.

Lo que sucede en estos vuelos es brutal. Las personas permanecen encadenadas de pies, manos y cintura durante horas—a veces más de 18. Un hombre etíope de 35 años, que había sido encarcelado y torturado en su país de origen antes de huir a Estados Unidos, describió la experiencia: "Íbamos encadenados y esposados de piernas, manos y cintura. No podíamos levantarnos. Cuando tuve que ir al baño, ni siquiera me quitaron las cadenas". Cuando este hombre se negó a firmar un formulario de salida voluntaria para ser enviado a Chad, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas simplemente lo firmó por él. Un juez de inmigración estadounidense le había concedido una suspensión de expulsión que lo protegía de ser devuelto a Etiopía, donde corría riesgo de ser torturado nuevamente. Esa protección fue ignorada.

Una vez en Camerún, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones lo visitaron repetidamente, siempre con la misma pregunta: "¿Quieres volver a tu país?". Su respuesta fue consistente: "No voy a volver. Dejen de preguntármelo. No quiero morir". Pero la presión continúa. Algunos de los deportados fueron detenidos arbitrariamente en los países receptores. Otros carecieron de acceso a medicamentos para afecciones médicas graves. Y en varios casos, los gobiernos africanos los devolvieron a sus países de origen, donde enfrentaban exactamente los peligros que el derecho internacional está diseñado para prevenir.

La situación es particularmente devastadora para las personas LGBT. Estados Unidos envió al menos a una docena de personas que se identificaban como lesbianas, gais, bisexuales o transgénero a países africanos que penalizan las relaciones o las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo. Algunas de estas personas habían sido refugiadas a quienes se les había concedido protección en Estados Unidos precisamente porque enfrentaban persecución en sus países de origen debido a su orientación sexual o identidad de género. Al ser deportadas a terceros países, quedaron atrapadas en una trampa imposible: no podían regresar con seguridad a sus países de origen, y no tenían protección efectiva en el país al que fueron enviadas.

Un funcionario estadounidense, cuya identidad no fue revelada, explicó la intención detrás de esta política ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Hablando sobre países como Palaos y Esuatini, dijo: "La idea es que el gobierno pueda amenazar a las personas con dejarlas literalmente en medio de la nada. La idea es asustar a la gente". Esta no es una consecuencia no intencionada de la política de deportaciones masivas de Trump. Es el objetivo explícito. Al amenazar a las personas con ser enviadas a destinos desconocidos en el extranjero, el gobierno busca infundir miedo suficiente para que abandonen sus solicitudes de asilo y se vayan voluntariamente.

Human Rights Watch sostiene que estas deportaciones violan tanto las obligaciones nacionales como internacionales de Estados Unidos, particularmente el principio de no devolución—la prohibición fundamental de enviar a alguien a un lugar donde enfrentaría persecución, tortura u otros abusos graves. También priva a estas personas de una oportunidad real de impugnar sus expulsiones o de exponer los riesgos que enfrentarían. En diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos examinará si esta política viola la cláusula de debido proceso de la Constitución estadounidense o infringe de otro modo las prohibiciones contra la tortura. Por ahora, la corte ha permitido que el gobierno continúe con las deportaciones a terceros países. Mientras tanto, más de 500 personas permanecen atrapadas en una red de países sin capacidad para ofrecerles procedimientos de asilo justos, sin protección legal, y sin un camino claro hacia la seguridad.