Ecuador: niñas demandantes denuncian incumplimiento de sentencia sobre mecheros petroleros

En la estación petrolera de Parahuacu, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, las llamas siguen ardiendo. Leonela Moncayo, ahora de dieciséis años, se detiene frente a los mecheros —esas estructuras que queman gas residual— y recuerda por qué, hace cinco años, ella y ocho menores más decidieron demandar al Estado. El calor es tan intenso que parece estar dentro de una olla a presión. El humo, el ruido y las llamas forman parte del paisaje cotidiano de Parahuacu, en la provincia de Sucumbíos, pero para Moncayo y sus compañeras demandantes, ese paisaje representa un incumplimiento que pesa cada día más.

La demanda que impulsaron terminó en una sentencia favorable en 2021. El tribunal fue claro: el Estado había vulnerado el derecho a un ambiente sano y a la salud de las comunidades amazónicas. Ordenó retirar los mecheros ubicados cerca de centros poblados en dieciocho meses. Cinco años después, Moncayo denuncia que ni siquiera la mitad de esos mecheros ha sido eliminada. Algunos, asegura, fueron tapados, encapsulados u ocultados, y luego contabilizados como si hubieran desaparecido. "Hasta el día de hoy no vemos la eliminación", dice a pocos metros de las llamas de Parahuacu.

Los efectos de estas instalaciones van mucho más allá del resplandor que acompaña las noches amazónicas. La quema permanente del gas libera contaminantes que regresan con la lluvia y afectan las fuentes de agua que las comunidades utilizan para beber y vivir. La contaminación también alcanza el suelo, dañando los organismos del subsuelo que mantienen la fertilidad de la tierra. Moncayo explica que el aire contaminado que respiran los seres humanos, los animales y toda la naturaleza de la región sigue siendo afectado día tras día. Las organizaciones que apoyan a las demandantes aseguran que la combustión libera más de doscientas cincuenta sustancias tóxicas, y que sus efectos pueden alcanzar poblaciones ubicadas hasta diez kilómetros de distancia.

En mayo pasado, colectivos como Guerreras por la Amazonía y la Unión de Afectados por Texaco-Chevron entregaron miles de firmas de una campaña internacional al Ministerio de Ambiente y Energía, exigiendo el cierre de los mecheros. Pero la respuesta estatal ha sido lenta. Existe una acción de incumplimiento pendiente ante la Corte Constitucional, y las organizaciones esperan que el máximo tribunal convoque una audiencia de seguimiento para obligar al cumplimiento de la sentencia de 2021.

Para quienes como Leonela crecieron junto a los campos petroleros, el fuego de los mecheros es una constante cuya toxicidad llega al aire que respiran, al agua que consumen y a la tierra que habitan. La sentencia fue clara hace cinco años. El incumplimiento es evidente hoy. Lo que queda por ver es si la Corte Constitucional actuará antes de que otra generación crezca bajo el humo de Parahuacu.