Ecuador debatirá apoyo militar permanente a Policía sin declarar estado de excepción

En Quito, la Asamblea Nacional se disponía a debatir una iniciativa que redefinirá cómo el Estado ecuatoriano despliega su poder militar contra el crimen. El proyecto reforma el artículo 158 de la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en operaciones de seguridad interna sin necesidad de declarar estados de excepción formales. La propuesta responde directamente a un referéndum celebrado el 21 de abril de 2024, cuando los ecuatorianos votaron a favor de que los militares intervinieran junto a la policía contra el crimen organizado.

El mecanismo que propone la ley establece un proceso regulado pero accesible. El comandante general de la Policía debe solicitar el apoyo militar, especificando el territorio donde actuará, el período de intervención, los delitos que justifican la medida y demostrando que las capacidades policiales han sido rebasadas. Esa solicitud sube al presidente de la República, quien pide un informe técnico al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Luego convoca al Consejo de Seguridad Pública y del Estado para que evalúe la pertinencia y alcance de la intervención. Con esos elementos, el mandatario emite el decreto ejecutivo. El apoyo militar puede mantenerse hasta 180 días y renovarse una sola vez por 30 días más, siempre que persistan las circunstancias que lo justificaron. La ley también establece que la intervención debe regirse por principios de complementariedad, excepcionalidad, extraordinariedad, fiscalización, proporcionalidad, razonabilidad y regulación.

Pero la iniciativa enfrenta críticas severas desde el interior del Parlamento. Franklin Samaniego, asambleísta de la Revolución Ciudadana, cuestionó que un mecanismo concebido como excepcional termine convirtiéndose en permanente. Señaló que Ecuador ha vivido de estado de excepción en estado de excepción sin obtener resultados tangibles. Los asesinatos, las extorsiones y los sicariatos continúan a pesar del despliegue militar que comenzó en enero de 2024. Para Samaniego, lo que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha instalado no son ya estados de excepción temporales, sino estados permanentes de militarización. También expresó preocupación por posibles afectaciones a derechos fundamentales durante protestas sociales y por las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos que deberían considerarse en el debate.

Los números que respaldan esa preocupación son brutales. Entre enero y julio de 2026, Ecuador registró 4.882 homicidios, cifra que convierte a este período en el segundo más violento de la historia reciente del país. Solo 2025 fue peor, con 5.295 asesinatos en todo el año. En enero de 2024, el presidente Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, lo que permitió a los militares sumarse formalmente a las acciones de seguridad. Sin embargo, la crisis persiste. Analistas advierten que la militarización por sí sola no resuelve el problema de fondo, sugiriendo que la estrategia requiere dimensiones que van más allá del despliegue de fuerzas armadas.

Lo que está en juego en el debate de hoy es si Ecuador puede institucionalizar una intervención militar permanente sin los mecanismos de control que impone formalmente un estado de excepción, o si eso simplemente abre la puerta a una militarización sin límites claros. La propuesta intenta equilibrar la necesidad de flexibilidad operativa con salvaguardas legales, pero los críticos ven en ella el riesgo de que lo excepcional se vuelva la norma mientras la violencia sigue sin ceder.