Detectan 8 intentos de fraude por cada 100 firmas electrónicas en Colombia

Cuando usted firma un contrato por internet para solicitar un crédito, comprar algo a cuotas o arrendar una vivienda, está participando en una operación que enfrenta un riesgo constante: alguien más intentando hacerse pasar por usted. Un estudio de Auco, empresa colombiana especializada en validación de identidad y firma electrónica, encontró que en el país se registran aproximadamente ocho intentos de fraude por cada cien procesos de firma digital. Extrapolado a escala, eso significa que en un millón de operaciones podrían presentarse cerca de ochenta mil intentos de suplantación.

La cifra no implica que todos esos intentos terminen en fraude consumado. Lo que refleja es la frecuencia con la que los sistemas de seguridad deben detener a personas, documentos o datos que buscan eludir los controles de identidad durante un trámite a distancia. El dato cobra peso porque firmar documentos sin estar presentes ya no es una excepción: es parte de cómo funciona la vida cotidiana en Colombia. Créditos, seguros, contratos laborales, servicios de telefonía, compras financiadas, arrendamientos. Todos pueden completarse desde una pantalla.

El problema central, según Santiago Montoya, CEO de Auco, no es la existencia de la firma electrónica en sí. Es lo que hay detrás de ella. Una imagen de rúbrica incorporada en un documento no responde las preguntas que importan: ¿quién realizó realmente el proceso? ¿Cómo se verificó su identidad? ¿Qué información quedó registrada en ese momento? Montoya lo plantea de manera directa: poner una imagen de firma sobre un documento solo demuestra que alguien puso una imagen de firma sobre un documento. No demuestra quién lo hizo. En Colombia, los mecanismos electrónicos tienen validez jurídica, pero esa validez no depende únicamente de que aparezca una rúbrica en pantalla. La Ley 527 de 1999 establece que el método utilizado debe permitir identificar al autor, mostrar su aprobación y ser suficientemente confiable para la finalidad correspondiente.

La diferencia se vuelve crítica cuando aparece una reclamación. Si alguien asegura que nunca solicitó ese crédito, que no contrató ese servicio, que no aceptó esa obligación, la pregunta no debería limitarse a si existe una firma. El punto es establecer qué mecanismos se utilizaron para verificar que la persona detrás de la pantalla era realmente quien decía ser. Un código temporal enviado al celular o al correo agrega una capa de protección, pero tampoco resuelve por sí solo la identidad del firmante. Ese mecanismo solo demuestra que alguien tuvo acceso a una cuenta o dispositivo en determinado momento. Si el teléfono fue robado, el correo vulnerado o un tercero consiguió acceso a la línea, el código termina en manos equivocadas.

La validación facial funciona con una lógica similar. Una selfie adquiere mayor valor cuando se compara con un documento auténtico y existen controles que verifican que el rostro fue capturado en tiempo real. Una fotografía de la cédula, por sí sola, tampoco debería considerarse prueba definitiva de identidad. El respaldo aumenta cuando diferentes evidencias se conectan dentro de la misma operación. El documento de identidad, la validación facial, la aceptación del usuario y los registros técnicos pueden formar una cadena que permita reconstruir lo ocurrido. A esos elementos pueden sumarse la fecha, la hora, el dispositivo utilizado, la dirección IP y el hash del archivo, que comprueba si fue modificado posteriormente.

El estudio también identifica comportamientos que generan alertas antes de que una operación termine. Un mismo número telefónico utilizado por diferentes personas, correos vinculados con varias identidades, documentos repetidos con nombres distintos, cambios frecuentes en los datos de contacto, múltiples intentos fallidos de validación. Estos patrones aportan señales adicionales durante los procesos digitales. Para los usuarios, el estudio plantea recomendaciones prácticas: revisar quién solicita la firma y desde dónde se realiza el proceso, verificar la empresa solicitante, ingresar preferiblemente mediante canales oficiales, desconfiar de enlaces inesperados y revisar qué mecanismos se utilizarán para comprobar la identidad.

Si posteriormente aparece un crédito, contrato o servicio que una persona no reconoce, la pregunta no debería limitarse a verificar que existe un documento firmado. Debería establecerse qué elementos permiten demostrar que fue realmente esa persona quien aceptó la obligación. La combinación de registros puede ser determinante para reconstruir lo sucedido. El crecimiento de los trámites a distancia ha llevado estas situaciones a operaciones cotidianas, y esa facilidad reduce tiempos pero también hace necesario conservar evidencias suficientes para establecer la identidad de quien realiza cada aceptación electrónica. La diferencia entre tener una firma electrónica y poder demostrar quién firmó es, en última instancia, la diferencia entre un documento y una prueba.