Denuncian a exalcalde por discriminación hacia cusqueños tras comentarios sobre oxígeno

Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre, se encuentra ahora enfrentando dos denuncias penales por discriminación después de hacer comentarios que vinculaban los resultados electorales en Cusco con la altitud geográfica de la región y, por extensión, con una supuesta reducción en los niveles de oxígeno disponible para sus habitantes. Las acusaciones llegaron tras las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de 2026, en las que Verónika Mendoza emergió como la candidata virtual ganadora para la gobernación regional de Cusco, acumulando el 30,028% de los votos válidos con el 98,856% de las actas contabilizadas en ese momento, lo que representaba el respaldo de 211.116 ciudadanos.

Durante una entrevista en el canal de streaming Rockefeller, Santos cuestionó la decisión de los votantes cusqueños de respaldar a Mendoza. En ese contexto, realizó la observación que desencadenaría las denuncias: señaló que debido a la altitud de Cusco, donde el oxígeno es "bastante menor que en la costa", los electores de esa región "no han podido pensar de manera coherente" y por eso cometieron un error al votar como lo hicieron. Posteriormente, Santos intentó caracterizar sus palabras como un "comentario psicológico" relacionado con los efectos fisiológicos de la altura, y cuando sus declaraciones se difundieron ampliamente, las defendió a través de una publicación en X argumentando que habían sido "sacadas de contexto".

El Colegio de Abogados del Cusco fue el primero en actuar formalmente, presentando una denuncia penal ante el Ministerio Público del Distrito Fiscal del Cusco acusando a Santos de discriminación agravada. La institución emitió un comunicado en el que calificó sus declaraciones como "desafortunadas" y subrayó que aunque las diferencias políticas son legítimas, deben expresarse "con respeto y responsabilidad". El colegio enfatizó que ninguna discrepancia política puede justificar expresiones que ofendan, menosprecien o discriminen a un pueblo entero.

La senadora Ruth Luque también presentó una denuncia, esta vez ante la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Lima. Su acción legal invoca el artículo 323 del Código Penal, que tipifica el delito de discriminación, y solicita que el Ministerio Público evalúe las expresiones de Santos para determinar si corresponde establecer responsabilidades penales.

Santos, quien fue excandidato al Gobierno Regional de Lima por el partido Acción Popular, negó que sus comentarios fueran clasistas o racistas. Sostuvo que sus palabras estaban dirigidas específicamente a quienes, desde su perspectiva política, continúan respaldando a candidatos de izquierda. Sin embargo, esta defensa no detuvo el proceso de denuncia, y ahora las autoridades fiscales deben evaluar si sus declaraciones constituyen efectivamente un delito de discriminación conforme a la ley penal.

Los resultados electorales en Cusco seguían sujetos a procesamiento en el momento de la publicación de estas denuncias. La anulación de votos vinculados al partido Progresemos y la resolución sobre actas pendientes podían determinar si Mendoza alcanzaba la gobernación en primera vuelta o si era necesaria una segunda elección. Lo que quedaba claro era que las palabras de Santos habían generado una respuesta institucional inmediata y que el caso ahora descansaba en manos del sistema de justicia penal.