Demanda acusa a Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI de pacto ilegal para frenar la IA

Una demanda presentada el viernes ante un tribunal federal en California acusa a cuatro de las empresas más influyentes en inteligencia artificial de haber llegado a un acuerdo ilegal para frenar deliberadamente el ritmo de sus desarrollos tecnológicos. Los demandantes —suscriptores de pago de servicios como ChatGPT, Claude, Grok y Gemini— sostienen que Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google violaron leyes antimonopolio al coordinar sus esfuerzos de desaceleración, reduciendo así el valor que los consumidores reciben de sus suscripciones.

Según la demanda, el punto de quiebre ocurrió el 12 de septiembre, cuando Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un ensayo instando a toda la industria a cooperar para desacelerar los avances tecnológicos en favor de medidas de seguridad más robustas. Ese mismo día, Sam Altman de OpenAI, Elon Musk de SpaceXAI y Demis Hassabis de Google DeepMind respondieron públicamente expresando su acuerdo con la propuesta. Pero los abogados que presentan el caso argumentan que la coordinación había comenzado a gestarse meses antes. Citan una declaración de julio firmada por empleados de alto rango de varios laboratorios de IA que reconocía la "intensa presión competitiva para no ralentizar unilateralmente" el desarrollo y pedía al Gobierno que apoyara un esfuerzo mundial para frenar el avance automatizado.

Los demandantes reconocen que las empresas tienen derecho a decidir individualmente ralentizar su propio progreso en favor de la seguridad. Lo que impugnan es el atajo que, según ellos, representa un acuerdo entre rivales para sustituir la responsabilidad individual por lo que llaman "contención colectiva". Nick Rowley, abogado principal de los demandantes, fue directo en su crítica: advirtió que permitir que la seguridad de la IA quede bajo el control de acuerdos privados entre las empresas tecnológicas más poderosas del mundo podría permitir que la IA escape al control humano con consecuencias catastróficas.

En su ensayo inicial, Amodei reconoció explícitamente los riesgos antimonopolio de lo que proponía y sugirió que sería útil que el Gobierno de Estados Unidos mediara o al menos facilitara las conversaciones entre laboratorios. Pidió una "exención limitada" para ciertos tipos de diálogos sobre seguridad. Altman respondió en redes sociales diciendo que OpenAI acoge favorablemente un "marco federal que establezca requisitos de seguridad uniformes", pero señaló que la empresa no cree que deba esperar una exención antimonopolio para comenzar ese trabajo.

La batalla política que se avecina, sin embargo, es complicada. El presidente Donald Trump ha rechazado llamados a regular las redes sociales, caracterizando cualquier esfuerzo por limitar la tecnología como parte de una "conspiración". Cuestionó por qué los líderes de la industria pedirían regulación que, si se aplicara rigurosamente, los llevaría a la quiebra. La administración Trump ha expresado abiertamente su deseo de que los laboratorios estadounidenses de IA superen a la competencia china, una prioridad que choca directamente con los esfuerzos de coordinación para desacelerar. El senador republicano Josh Hawley fue aún más claro en una audiencia reciente del Senado, diciendo que no existe "ningún escenario" en el que aceptaría conceder a las empresas más poderosas de la historia una exención de leyes antimonopolio para colaborar, argumentando que podrían confabularse y sofocar la competencia.

Los representantes de las cuatro empresas acusadas no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Lo que está en juego es fundamental: si la demanda prospera, podría establecer un precedente sobre si las empresas de tecnología pueden coordinarse legalmente en torno a cuestiones de seguridad, o si tales conversaciones constituyen necesariamente una violación de las leyes de competencia. Mientras tanto, la administración Trump está formando su propio grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y nombrará un "zar de la IA", aunque ha ofrecido pocos detalles sobre cómo ese esfuerzo se relacionará con los debates más amplios sobre seguridad y regulación.