Crisis en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: 2.000 mujeres afectadas por fallos en seguimiento

Andalucía descubrió hace poco que aproximadamente 2.000 mujeres nunca recibieron notificación sobre resultados dudosos en sus mamografías de cribado, ni fueron citadas para el seguimiento que sus hallazgos requerían. El Servicio Andaluz de Salud reconoció que mujeres con lesiones clasificadas como posiblemente benignas quedaron en la incertidumbre durante meses, a veces más de un año, sin saber si debían esperar una llamada del sistema público o buscar pruebas complementarias por su cuenta en clínicas privadas. Algunos de estos hallazgos ni siquiera fueron registrados en las historias clínicas de las pacientes.

El programa de cribado de cáncer de mama es una herramienta de salud pública diseñada para detectar lesiones mamarias potencialmente malignas en mujeres sin síntomas, mediante mamografías periódicas. Cuando funciona correctamente, permite identificar tumores en estadios iniciales, cuando el tratamiento es más eficaz y las posibilidades de supervivencia son mayores. En Andalucía, hasta ahora el programa cubría a mujeres entre 48 y 71 años. La administración autonómica se había comprometido desde 2023 a ampliar ese rango a mujeres de 45 a 75 años, con la meta de alcanzar esos grupos en 2027.

La gravedad de la situación radica en múltiples capas. En primer lugar, está el riesgo sanitario directo: cuando un hallazgo sospechoso no recibe comunicación adecuada ni seguimiento, el resultado puede ser un diagnóstico tardío de cáncer de mama. Esa demora empeora significativamente el pronóstico, reduce las opciones terapéuticas disponibles y compromete las tasas de supervivencia. En segundo lugar, está el daño a la confianza institucional. Numerosas mujeres han perdido fe en los programas públicos de prevención y han optado por realizarse pruebas en el sector privado, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. La administración sanitaria también se enfrenta a posibles reclamaciones legales por los daños y perjuicios ocasionados a las pacientes.

La Junta de Andalucía atribuyó los fallos a dos causas principales: deficiencias en los circuitos internos de comunicación institucional que impidieron alertar adecuadamente a las mujeres con resultados dudosos, y limitaciones en el protocolo del programa de detección precoz que no consideraban ciertos hallazgos como de notificación obligatoria. También señaló fallos informáticos o disfunciones en los sistemas de gestión. En respuesta, anunció una revisión exhaustiva de las mamografías realizadas durante los últimos tres años, con el objetivo de identificar casos pendientes de seguimiento y establecer contacto con todas las mujeres afectadas. Habilitó un buzón de contacto para que las mujeres con dudas sobre su situación se dirijan directamente a la administración sanitaria, comprometiéndose a proporcionar respuestas individualizadas y derivación al centro sanitario correspondiente.

Pero las asociaciones de pacientes y los sindicatos han expresado críticas contundentes. Denuncian que la administración fue lenta tanto en reconocer públicamente la magnitud del problema como en establecer canales de comunicación efectivos con las mujeres potencialmente afectadas. Advierten que aumentar la carga del programa de cribado mediante la ampliación del rango de edad, sin reforzar simultáneamente los recursos humanos y técnicos necesarios, puede agravar los cuellos de botella existentes. ¿Cómo puede garantizarse la sostenibilidad del programa ampliado si no se abordan las carencias estructurales que originaron la crisis?, preguntan. Los colectivos mantienen la exigencia de responsabilidades políticas, incluyendo dimisiones de responsables políticos y técnicos, auditorías exhaustivas que esclarezcan cómo se produjeron los fallos, y comisiones de investigación que determinen las responsabilidades individuales en todos los niveles de la administración autonómica.

La expansión del programa también presenta riesgos significativos. La incorporación de cientos de miles de mujeres adicionales a un programa que presenta fallos estructurales puede amplificar las consecuencias negativas. Si los procesos de comunicación con las pacientes o los sistemas de registro de resultados no se corrigen antes de la ampliación, el mismo tipo de fallos puede afectar a un número considerablemente superior de mujeres. Persisten preguntas fundamentales sin respuesta clara: cuántas de las 2.000 mujeres afectadas terminaron desarrollando un cáncer más avanzado que habría podido detectarse en estadios más tempranos, cuál es el número real de mujeres impactadas (que podría superar significativamente las 2.000 reconocidas oficialmente), y si se impondrán sanciones o responsabilidades políticas concretas a los responsables de los fallos detectados en el sistema.