Una estructura financiera paralela para canalizar sobornos hacia funcionarios
En el largo camino de la justicia panameña frente a la corrupción sistémica, la Corte Suprema cerró esta semana otra puerta para Ricardo Martinelli, expresidente refugiado en Colombia, al rechazar un recurso de amparo vinculado al caso Odebrecht. El tribunal confirmó que no hubo violación a sus derechos procesales cuando instancias inferiores negaron la asistencia judicial internacional para traer testigos brasileños. El caso, que involucra a dos expresidentes y a unas treinta personas más, aguarda ahora el fallo definitivo de la jueza Baloisa Marquínez sobre la responsabilidad penal de todos los acusados.
- La Corte Suprema de Justicia rechazó formalmente el amparo de Martinelli, cerrando una línea de defensa que buscaba anular decisiones clave sobre testimonios internacionales.
- La defensa argumentaba violaciones al derecho de contradicción y a la igualdad procesal, pero el tribunal confirmó las resoluciones del tribunal de apelación del 24 de septiembre de 2025.
- El corazón del conflicto es la 'Caja 2' de Odebrecht: una red de sobornos que canalizó dinero hacia funcionarios panameños a cambio de contratos de obras públicas durante varias administraciones.
- El juicio oral ya concluyó en febrero de 2026, y el caso entra ahora en su fase más crítica: la sentencia que decidirá la suerte de dos expresidentes y decenas de imputados.
- Martinelli, desde su refugio en Colombia, se queda sin opciones inmediatas de apelación en este punto específico, mientras el peso del proceso recae sobre la jueza Marquínez.
Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014 y hoy se encuentra refugiado en Colombia, recibió esta semana un nuevo revés judicial cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de amparo presentado por su defensa en el caso Odebrecht. Sus abogados argumentaban que se habían violado sus derechos fundamentales al negarle asistencia judicial internacional de Brasil, lo que le habría permitido traer a Panamá a testigos colaboradores vinculados a la llamada «Caja 2» de Odebrecht, la estructura financiera paralela que la constructora brasileña utilizó para canalizar sobornos a funcionarios panameños a cambio de contratos de obras públicas.
Mediante un edicto publicado el 15 de julio, la Corte confirmó las decisiones que había adoptado un tribunal de apelación en septiembre de 2025, cerrando así esa vía de defensa. El caso no involucra solo a Martinelli: también enfrenta cargos el expresidente Juan Carlos Varela, quien gobernó entre 2014 y 2019, junto a unas treinta personas naturales y jurídicas acusadas de blanqueo de capitales originado en actos de corrupción para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de contratos estatales.
El juicio oral se celebró entre enero y febrero de 2026. Ahora, con el proceso concluido y el amparo rechazado, todo depende del fallo que deberá dictar la jueza Baloisa Marquínez, cuya sentencia determinará si los acusados son condenados o absueltos en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha enfrentado América Latina.
Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, enfrentó otro golpe judicial esta semana cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de amparo que su equipo legal había presentado en el caso Odebrecht. El expresidente, actualmente refugiado en Colombia, buscaba que el tribunal máximo anulara decisiones previas argumentando que se habían violado sus derechos fundamentales de defensa, el principio de contradicción procesal y la igualdad entre las partes durante el juicio.
El amparo rechazado estaba vinculado a una cuestión específica: los jueces de instancias inferiores habían negado una solicitud de la defensa para obtener asistencia judicial internacional de Brasil. Martinelli y sus abogados querían que testigos brasileños, personas que habían colaborado con las autoridades a cambio de beneficios legales, comparecieran en Panamá para declarar. Esos testimonios eran cruciales porque guardaban relación directa con lo que los investigadores llaman la «Caja 2» de Odebrecht, una estructura financiera paralela que la constructora brasileña utilizó para canalizar sobornos hacia funcionarios y políticos panameños. El objetivo era simple: obtener contratos de obras públicas y acelerar los pagos del Estado.
La Corte Suprema, mediante un edicto formal publicado el 15 de julio, confirmó las decisiones que había tomado un tribunal de apelación el 24 de septiembre de 2025. El magistrado Carlos Vásquez fue el ponente de esa resolución anterior. Con esta confirmación, la corte cerró la puerta a los argumentos de Martinelli y mantuvo en pie las limitaciones que enfrentaba su defensa respecto a los testimonios internacionales.
El caso es monumental en escala. Martinelli no está solo en el banquillo de los acusados. También enfrenta cargos Juan Carlos Varela, quien fue presidente de Panamá entre 2014 y 2019. Además de estos dos expresidentes, aproximadamente treinta personas naturales y jurídicas han sido acusadas de participar en lo que la Fiscalía Especial Anticorrupción describe como blanqueo de capitales. Los investigadores sostienen que el delito es contra el orden económico, que tuvo su origen en actos de corrupción y peculado cometidos específicamente para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de contratos estatales.
Lo que Odebrecht construyó en Panamá, según las pesquisas, fue una red financiera sofisticada: sociedades pantalla, cuentas bancarias en paraísos fiscales, intermediarios que ocultaban el rastro del dinero. Este esquema no fue único de Panamá. Operó en varios países de América Latina y se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha conocido la región. En Panamá específicamente, los proyectos de infraestructura involucrados fueron adjudicados durante distintas administraciones gubernamentales, lo que amplifica la magnitud del caso.
El juicio oral se llevó a cabo entre enero y febrero de 2026. Ahora, con ese proceso concluido, todo depende de la jueza Baloisa Marquínez. Ella debe dictar sentencia sobre la responsabilidad penal de los acusados. Su fallo determinará si Martinelli, Varela y los demás imputados serán condenados o absueltos. Mientras tanto, el rechazo de la Corte Suprema al amparo de Martinelli cierra una línea de defensa y deja al expresidente sin opciones inmediatas de apelación en este punto específico del proceso.
Notable Quotes
La defensa alegaba presuntas violaciones al derecho de defensa, al principio de contradicción y a la igualdad entre las partes durante el proceso— Comunicado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá
El delito investigado es contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen estaría vinculado con actos de corrupción y peculado— Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué es tan importante que la Corte Suprema haya rechazado este amparo en particular?
Porque era uno de los últimos recursos procedimentales que Martinelli tenía para cuestionar cómo se estaba llevando el juicio. Al rechazarlo, la corte validó todas las decisiones anteriores, incluyendo la negación de traer testigos de Brasil. Sin esos testimonios, la defensa pierde una herramienta crucial.
¿Qué hubiera pasado si el amparo se hubiera aprobado?
Habría significado que los jueces inferiores cometieron un error grave al negar la asistencia judicial internacional. Martinelli habría podido traer a esos testigos brasileños que colaboraron con las autoridades. Sus declaraciones podrían haber debilitado la acusación.
¿Cuál es la importancia de la «Caja 2» en todo esto?
Es el corazón del caso. Odebrecht creó esa estructura específicamente para ocultar sobornos. No fue dinero que desapareció sin dejar rastro; fue dinero que llegó a manos de funcionarios panameños para que aprobaran contratos. Eso es lo que la fiscalía intenta probar.
¿Por qué están acusados dos expresidentes?
Porque ambos gobernaron durante períodos en que Odebrecht estaba activa en Panamá. La acusación es que sus administraciones otorgaron contratos a la empresa a cambio de sobornos. Es una acusación de corrupción sistémica, no de actos aislados.
¿Qué significa que Martinelli esté asilado en Colombia?
Significa que no está en Panamá. Salió del país hace años. Aunque está siendo juzgado en ausencia, sigue siendo parte del proceso. Su defensa puede actuar a través de abogados, pero él no comparece físicamente en las audiencias.
¿Cuándo sabremos si es culpable o inocente?
Cuando la jueza Marquínez dicte sentencia. Eso podría ocurrir en las próximas semanas o meses. Ella tiene que analizar toda la evidencia presentada durante el juicio oral que terminó en febrero.