En el Perú de 2022, donde la confianza en las instituciones se disputa palmo a palmo, el Congreso se prepara para examinar si un ministro del Estado ha servido al bien común o a intereses ocultos. La moción de interpelación contra Geiner Alvarado, respaldada por siete bancadas, no es solo un trámite parlamentario: es el reflejo de una sociedad que exige que el poder rinda cuentas ante la ley. La pregunta que subyace no es únicamente sobre licitaciones o decretos, sino sobre la naturaleza misma del pacto entre gobernantes y gobernados.
Congreso debatirá hoy admisión de moción de interpelación contra ministro Alvarado
El ministro está ecuánime y tranquilo, insiste que no ha cometido delito alguno
¿Por qué el Congreso necesita votar hoy sobre si admite esta moción? ¿No debería simplemente proceder?
No funciona así. Primero el Congreso decide si la moción cumple con los requisitos formales y si tiene mérito para ser admitida. Recién después, si se aprueba, Alvarado tendría que presentarse a responder las preguntas.
Entiendo. Pero ¿qué tan grave es estar sindicado de pertenecer a una red criminal que distribuye licitaciones?
Es muy grave. Estamos hablando de corrupción sistemática en obras públicas. No es un error administrativo. Es dinero público que debería ir a proyectos reales desviado hacia personas conectadas al poder.
¿Y por qué su abogado dice que no hay persecución política?
Porque técnicamente hay colaboradores eficaces que han dado información. No es que alguien simplemente acuse sin pruebas. Pero claro, cuando el presidente y el premier dicen que hay persecución, la gente se pregunta si la investigación es realmente independiente.
¿Qué significa que Alvarado se "allanará" a la investigación?
Que dice que va a cooperar, que no va a resistirse. Su abogado está dejando claro que no va a huir, que va a responder las preguntas. Es una forma de mostrar que no tiene nada que esconder, al menos en apariencia.
¿Qué pasa si el Congreso admite la moción?
Entonces Alvarado tiene que presentarse en el Congreso y responder las 14 preguntas. Es un proceso público, televisado. Después el Congreso vota si lo interpela o no. Pero la verdadera investigación penal sigue en la Fiscalía.
Il Polso
- Siete bancadas parlamentarias se unen para cuestionar al ministro Alvarado, acusado de integrar una red que habría repartido obras públicas como si fueran botín.
- Una reunión celebrada en agosto de 2021, donde se presentaron proyectos de infraestructura a alcaldes y empresarios bajo un decreto de urgencia, se convierte en el epicentro de la investigación fiscal.
- Figuras cercanas al presidente Castillo —su esposa, su cuñada y aliados regionales— aparecen entrelazadas en la trama, elevando la tensión política a niveles que amenazan la estabilidad del gabinete.
- El abogado defensor descarta la persecución política y asegura que su cliente colaborará con la Fiscalía, intentando desactivar la presión antes de que el Congreso vote.
- La sesión de hoy marcará si el cuestionamiento parlamentario avanza formalmente, convirtiendo la interpelación en el primer eslabón de una cadena que podría llegar hasta la censura ministerial.
En el Perú de 2022, donde la confianza en las instituciones se disputa palmo a palmo, el Congreso se prepara para examinar si un ministro del Estado ha servido al bien común o a intereses ocultos. La moción de interpelación contra Geiner Alvarado, respaldada por siete bancadas, no es solo un trámite parlamentario: es el reflejo de una sociedad que exige que el poder rinda cuentas ante la ley. La pregunta que subyace no es únicamente sobre licitaciones o decretos, sino sobre la naturaleza misma del pacto entre gobernantes y gobernados.
El Congreso de la República sesionó para decidir si admitía una moción de interpelación contra Geiner Alvarado, ministro de Transportes y Comunicaciones. La iniciativa, liderada por la legisladora Norma Yarrow y respaldada por siete bancadas —desde Avanza País hasta Juntos por el Perú—, plantea 14 preguntas al funcionario sobre sus presuntos vínculos con una red criminal que habría distribuido licitaciones de obras públicas bajo instrucciones del presidente Pedro Castillo.
El documento parlamentario apunta a esclarecer los encuentros de Alvarado con la primera dama Lilia Paredes, su cuñada Yenifer Paredes, los hermanos Espino y el alcalde de Anguía José Medina. Todos ellos están acusados de haberse valido del Decreto de Urgencia 102-2021 para adjudicarse irregularmente proyectos de infraestructura en Cajamarca, Amazonas y Lima provincias.
El nudo de la investigación fiscal es una reunión de agosto de 2021 en la que la entonces viceministra Elizabeth Añaños presentó un paquete de proyectos ante el alcalde Medina y los empresarios Abel Cabrera y Alejandro Sánchez. La Fiscalía busca determinar si fue Alvarado o el propio presidente Castillo quien organizó ese encuentro y qué papel jugaron en las adjudicaciones posteriores.
El abogado del ministro, Eliu Arismendiz, rechazó cualquier lectura política del caso y describió a su cliente como una persona serena que mantiene su inocencia. Subrayó que las investigaciones se basan en declaraciones de colaboradores eficaces —un mecanismo legal ordinario— y que Alvarado no tiene intención de eludir a la justicia. Por el contrario, afirmó que el ministro comparecerá ante la Fiscalía y se someterá a todas las diligencias que se requieran. La sesión congresional representó así el primer paso formal hacia un escrutinio parlamentario que podría derivar en consecuencias políticas de mayor alcance.
El Congreso de la República se reunirá hoy a partir de las 11 de la mañana para decidir si admite una moción de interpelación contra Geiner Alvarado, ministro de Transportes y Comunicaciones. La moción, impulsada por la legisladora Norma Yarrow y suscrita por representantes de siete bancadas parlamentarias —Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Integridad y Desarrollo, y Juntos por el Perú—, contiene 14 preguntas dirigidas al funcionario. Alvarado es señalado de formar parte de una red criminal que habría distribuido licitaciones de obras públicas bajo instrucciones del presidente Pedro Castillo.
La moción busca que Alvarado responda sobre sus encuentros con la primera dama Lilia Paredes, la cuñada Yenifer Paredes, los hermanos Hugo y Anggi Espino, y el alcalde de Anguía José Medina. Todos estos personajes están acusados de integrar una organización delictiva que aprovechó el Decreto de Urgencia 102-2021 para adjudicarse irregularmente proyectos de infraestructura en tres regiones: Chota en Cajamarca, Chachapoyas en Amazonas, y Cajatambo en Lima provincias. El documento parlamentario busca esclarecer los vínculos entre el ministro y esta presunta red de corrupción.
La investigación fiscal se centra en una reunión realizada en agosto de 2021 que resultó irregular. En ese encuentro, Elizabeth Añaños, entonces viceministra, presentó un paquete de proyectos a José Medina y a los empresarios Abel Cabrera y Alejandro Sánchez. La Fiscalía ya ha iniciado diligencias para determinar si Alvarado o el presidente Castillo organizaron ese encuentro y cuál fue su participación en el proceso.
Eliu Arismendiz, abogado del ministro, rechazó categóricamente que exista persecución política contra su cliente. Señaló que lo que existe es una hipótesis válida basada en declaraciones de colaboradores eficaces, lo cual es procedimiento normal en investigaciones. Arismendiz describió a Alvarado como una persona serena y tranquila que mantiene su inocencia respecto a los delitos que se le imputan en redes sociales y medios de comunicación. Negó además que el ministro tenga intención de huir del país.
Según el abogado, la Fiscalía citará a todas las personas involucradas en la reunión de agosto de 2021 para determinar responsabilidades. Arismendiz enfatizó que Alvarado está dispuesto a colaborar plenamente con la justicia y que se allanará a todas las medidas que correspondan en la investigación. El ministro ya ha sido citado por la Fiscalía y ha manifestado su disposición a cooperar en todo lo que se requiera. La sesión de hoy en el Congreso será el primer paso formal para que la representación nacional decida si procede con el cuestionamiento parlamentario al funcionario.
Citazioni salienti
No hay persecución política. Lo que veo es que hay una hipótesis válida de carácter sindicador por los colaboradores eficaces y es normal que se investigue— Eliu Arismendiz, abogado de Geiner Alvarado
El ministro está citado y colaborará en todo lo requerido por la Fiscalía— Eliu Arismendiz