Cualquier comisaría puede recibir denuncias sin importar dónde ocurrieron los hechos
En el Perú, donde miles de mujeres enfrentan en silencio el doble peso de la violencia y la precariedad, el Congreso ha dado un paso que reconoce una verdad antigua: la justicia que no se puede alcanzar no es justicia. La Comisión de la Mujer aprobó por unanimidad reformas a la Ley 30364 que permiten el teletrabajo para víctimas en riesgo severo y eliminan las barreras geográficas para denunciar agresiones. Con costos mínimos y voluntad unánime, el Estado intenta cerrar las grietas por las que tantas víctimas han caído.
- La dependencia económica y los laberintos burocráticos han sido, durante años, cómplices silenciosos de la violencia doméstica en el Perú.
- Víctimas obligadas a viajar hacia los territorios de sus agresores solo para formalizar una denuncia: esa absurda exigencia queda ahora abolida.
- El teletrabajo como escudo: las trabajadoras en riesgo severo podrán protegerse sin sacrificar su ingreso ni su estabilidad laboral.
- La aprobación fue unánime, una señal de que el consenso político existe; el siguiente paso es el pleno del Congreso.
- Si las reformas se consolidan, el sistema de justicia peruano podría responder con mayor rapidez y dignidad a quienes viven bajo amenaza.
La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó sin disidencias un conjunto de reformas a la Ley 30364, el marco legal que desde 2015 regula la protección de víctimas de violencia familiar en el Perú. Los cambios apuntan a dos de los obstáculos más persistentes que han mantenido a las víctimas atrapadas en ciclos de abuso.
El primero es económico: muchas mujeres no abandonan situaciones de violencia porque dependen del agresor o temen perder su empleo. Las reformas permiten ahora que una trabajadora en riesgo severo solicite el teletrabajo sin perder derechos laborales ni remuneración, reconociendo que la seguridad física y la estabilidad económica no deberían ser una disyuntiva.
El segundo obstáculo era procedimental. Hasta ahora, denunciar una agresión exigía hacerlo en la comisaría del distrito donde ocurrieron los hechos, lo que en muchos casos obligaba a las víctimas a desplazarse hacia zonas controladas por sus agresores. Con la reforma, cualquier comisaría del país puede recibir y registrar una denuncia de inmediato, sin importar la jurisdicción.
Los legisladores subrayaron que los costos de implementación son mínimos frente al impacto esperado. Las reformas avanzan ahora hacia el pleno del Congreso, donde, de aprobarse, entrarán en vigor como modificaciones concretas a una ley que el Estado peruano espera vuelva más eficaz, más digna y más cercana a quienes más la necesitan.
La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso ha aprobado por unanimidad un conjunto de reformas a la Ley 30364 que busca transformar la forma en que el Estado peruano responde a la violencia doméstica. El dictamen, respaldado sin disidencias, introduce dos cambios sustanciales en la protección de las víctimas: permite que las trabajadoras que enfrentan riesgo severo accedan al teletrabajo sin perder sus derechos laborales ni su remuneración, y simplifica radicalmente el proceso para denunciar agresiones.
La primera medida reconoce una realidad que muchas víctimas viven en silencio: la necesidad de mantener el empleo mientras se encuentran en peligro. Bajo las nuevas disposiciones, una mujer que sufre violencia y enfrenta un riesgo severo puede solicitar trabajar desde su hogar, preservando su ingreso y su estabilidad económica mientras se protege de su agresor. Esta protección laboral es crucial porque la dependencia económica ha sido históricamente uno de los mayores obstáculos para que las víctimas abandonen situaciones de violencia.
La segunda reforma ataca un problema administrativo que ha dejado a muchas víctimas sin acceso a justicia: la exigencia de denunciar en la comisaría del distrito donde ocurrió la agresión. Bajo el nuevo sistema, cualquier comisaría del país puede recibir y registrar una denuncia de violencia familiar de manera inmediata, sin importar dónde sucedieron los hechos. Esta medida elimina barreras geográficas que obligaban a las víctimas a viajar, a veces hacia territorios controlados por sus agresores, para formalizar una denuncia.
Los legisladores que impulsaron estas reformas enfatizaron que los costos de implementación son mínimos, mientras que el impacto esperado en la vida de las víctimas es significativo. El objetivo declarado es ofrecer una respuesta más rápida, más digna y más efectiva a las personas que sufren violencia doméstica. Ambas medidas buscan reducir los obstáculos que históricamente han mantenido a las víctimas atrapadas en ciclos de abuso, ya sea por falta de recursos económicos o por dificultades para acceder al sistema de justicia.
Con la aprobación unánime de este dictamen, las reformas avanzan hacia su consideración en el pleno del Congreso. Si se aprueban en esa instancia, entrarán en vigor como modificaciones a la ley que desde 2015 ha sido el marco legal para la protección de víctimas de violencia familiar en Perú. La expectativa es que estos cambios operativos generen un efecto inmediato en la capacidad del Estado para atender a mujeres y otros miembros de familias que viven bajo amenaza.
Notable Quotes
Se espera un gran impacto positivo en la atención a las víctimas, garantizando un trato más digno, rápido y efectivo— Comisión de la Mujer y Familia del Congreso
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el teletrabajo es tan importante en un caso de violencia familiar?
Porque la violencia doméstica casi siempre está ligada al control económico. Si una mujer depende del agresor para vivir, abandonar la situación se vuelve casi imposible. El teletrabajo le permite mantener su independencia económica mientras se protege.
¿Y la medida sobre las comisarías? ¿Realmente era tan difícil denunciar antes?
Sí. Imagina que vives en un distrito y tu agresor te golpea. Tenías que ir a la comisaría de ese distrito específico para denunciar. Si el agresor controlaba esa zona, o si quedaba lejos, muchas mujeres simplemente no lo hacían.
¿Cuál es el costo real de implementar esto?
Según el dictamen, es mínimo. No requiere infraestructura nueva, solo cambiar procedimientos administrativos. Lo caro es no hacerlo: cada caso que no se denuncia es una oportunidad perdida de intervenir.
¿Qué pasa después de que se apruebe en el pleno?
Entra en vigor. Las comisarías tendrán que capacitar a su personal, los empleadores tendrán que crear políticas de teletrabajo para víctimas. Pero el cambio es operativo, no estructural.
¿Esto resuelve la violencia familiar?
No. Pero quita dos obstáculos enormes que mantenían a las víctimas atrapadas. Es un paso necesario, no suficiente.