En un acto de consenso sin precedentes, el Congreso peruano aprobó por unanimidad cuatro leyes que amplían la protección del Estado hacia los menores más vulnerables: aquellos que perdieron a sus cuidadores durante la pandemia. La medida elimina una barrera burocrática que excluía precisamente a quienes más sufrían, y reconoce que la orfandad no distingue entre causas de muerte ni entre papeles firmados y vidas truncadas. Es un momento en que la legislación intenta alcanzar a la realidad que ya ocurrió.
Congreso aprueba protección integral para menores huérfanos sin restricciones
Miles de niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus padres, madres, abuelos o tutores legales durante la emergencia sanitaria accederán ahora a protección integral y apoyo psicosocial.
El trámite era excluyente para quienes más lo necesitaban
Mark
¿Por qué un certificado de defunción por COVID-19 se convirtió en un obstáculo tan grande?
Mimi
Porque muchas personas murieron en sus casas durante los picos de la pandemia. No llegaron a un hospital. No fueron diagnosticadas formalmente. Sus familias no tenían el papel que probara la causa. El Estado pedía ese papel para entregar la pensión.
Mark
Entonces la ley anterior estaba protegiendo a los niños cuyas muertes fueron documentadas, pero dejaba fuera a los demás.
Mimi
Exactamente. Y los dejaba fuera precisamente porque sus familias eran más pobres, más rurales, menos conectadas al sistema de salud. La exclusión seguía un patrón.
Mark
¿Qué cambia ahora con la pensión de 200 soles?
Mimi
Que se entrega sin preguntar por qué murió el tutor. Solo importa que el niño quedó huérfano durante la emergencia sanitaria. La causa es irrelevante.
Mark
Y el acompañamiento psicológico, ¿eso es nuevo?
Mimi
Sí. Antes era solo dinero. Ahora reconoce que estos niños necesitan apoyo emocional. Perdieron a sus cuidadores. Eso deja cicatrices.
Mark
¿Qué es el registro único?
Mimi
Una base de datos centralizada de todos los menores en situación de orfandad. Ahora el Estado sabrá cuántos hay, dónde están, qué necesitan. Antes esa información estaba dispersa.
Mark
¿Cuántos niños estamos hablando?
Mimi
Miles. La pandemia fue brutal en Perú. Pero nadie sabe el número exacto. Por eso el registro es importante.
El Pulso
- Miles de niños quedaron sin tutores durante la pandemia, pero una exigencia documental —el certificado de muerte por COVID— los dejaba fuera del sistema de protección precisamente porque sus familias murieron sin acceso a hospitales ni diagnósticos oficiales.
- La ministra Anahí Durand expuso ante el Congreso que el trámite era excluyente para los más pobres, convirtiendo una ley de ayuda en un obstáculo para quienes más la necesitaban.
- Con 115 votos a favor y ninguno en contra, el Pleno aprobó eliminar esa restricción: la pensión de 200 soles mensuales se entregará ahora sin importar la causa de muerte del tutor.
- La ley también ordena acompañamiento psicológico para los menores y la creación de un registro único nacional de niños en situación de orfandad, herramienta que el Estado nunca había tenido.
- El desafío real comienza ahora: implementar el registro, coordinar instituciones y garantizar que el apoyo llegue a zonas remotas donde la pobreza y la distancia siguen siendo barreras invisibles.
En un acto de consenso sin precedentes, el Congreso peruano aprobó por unanimidad cuatro leyes que amplían la protección del Estado hacia los menores más vulnerables: aquellos que perdieron a sus cuidadores durante la pandemia. La medida elimina una barrera burocrática que excluía precisamente a quienes más sufrían, y reconoce que la orfandad no distingue entre causas de muerte ni entre papeles firmados y vidas truncadas. Es un momento en que la legislación intenta alcanzar a la realidad que ya ocurrió.
El jueves 13 de enero, el Congreso de la República aprobó por unanimidad —115 votos a favor, ninguno en contra— cuatro proyectos de ley para ampliar la protección de menores huérfanos en el Perú. La votación modificó de manera sustancial la ley que rige el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus padres, madres, abuelos o tutores durante la emergencia sanitaria.
Desde hacía ocho meses, el Estado entregaba una pensión mensual de 200 soles a menores cuyo tutor había fallecido por coronavirus. El problema era estructural: para acceder al beneficio, las familias debían presentar un certificado de defunción que especificara el COVID-19 como causa de muerte. Pero muchas de esas muertes ocurrieron en hogares, sin diagnóstico, sin hospital, sin papel. La ministra Anahí Durand lo señaló con claridad ante la Comisión de la Mujer: el sistema excluía a los más vulnerables.
La nueva ley elimina ese requisito. La pensión se entregará sin importar la causa de muerte del tutor, y sin necesidad de certificado de COVID-19. Además, los menores beneficiados recibirán acompañamiento socioemocional y psicológico, reconociendo que la pérdida de un cuidador no es solo una crisis económica, sino también una herida profunda en la vida de un niño.
Otro cambio significativo es la creación de un registro único nacional de menores en situación de orfandad. Por primera vez, el Estado contará con una visión unificada de cuántos son, dónde están y qué necesitan, en lugar de datos dispersos entre instituciones.
La aprobación unánime refleja un consenso político claro. Lo que resta es la implementación: coordinar instituciones, hacer llegar las pensiones sin restricciones y garantizar el acceso al apoyo psicológico en todo el país. Ese es el trabajo que apenas comienza.
El Congreso de la República votó de manera unánime el jueves 13 de enero para aprobar cuatro proyectos de ley destinados a ampliar la protección de menores que han perdido a sus padres, madres, abuelos o tutores legales. La votación fue contundente: 115 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Lo que se aprobó fue una modificación sustancial a la ley que rige la protección y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, especialmente aquellos que viven en pobreza.
Desde hace ocho meses, el Estado había estado entregando una pensión mensual de 200 soles a menores cuyo padre, madre o tutor había fallecido por coronavirus. Pero el sistema tenía un problema grave: para acceder al beneficio, las familias debían presentar un certificado de defunción que especificara que la muerte fue causada por COVID-19. Esto dejaba fuera a miles de niños cuyas familias habían muerto en sus casas sin llegar a un hospital, sin prueba diagnóstica, sin el documento que probara la causa. La ministra Anahí Durand lo explicó claramente ante la Comisión de la Mujer del Congreso: el trámite era excluyente precisamente para quienes más lo necesitaban.
La nueva ley cambia esto de raíz. A partir de ahora, la pensión de orfandad de 200 soles mensuales se entregará a los menores que quedaron sin tutores durante la emergencia sanitaria, sin que importe cuál haya sido la causa de la muerte. No será necesario un certificado de COVID-19. No habrá restricciones basadas en cómo murió el padre, la madre o el abuelo. El beneficio se abre.
Pero la aprobación va más allá de solo dinero. El proyecto de ley también contempla que estos menores reciban acompañamiento socioemocional y psicológico. Muchos de estos niños no solo perdieron a sus cuidadores; perdieron estabilidad, seguridad, la estructura de sus vidas. El reconocimiento de que necesitan apoyo mental es parte de lo que cambió en esta votación.
Además, la ley ordena la creación de un registro único de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad. Esto significa que por primera vez el Estado tendrá una visión clara de cuántos menores están en esta condición, dónde están, qué necesitan. No será un registro disperso en diferentes instituciones. Será uno solo, accesible, que permita un seguimiento real.
La pandemia de COVID-19 dejó a miles de menores peruanos sin tutores. Algunos perdieron a sus padres. Otros a sus abuelos, que eran quienes los criaban. Otros a sus tutores legales. Muchas de estas muertes ocurrieron en contextos de pobreza, en lugares donde no había acceso fácil a hospitales o a documentación oficial. La ley anterior, aunque bien intencionada, había creado un filtro que excluía a los más vulnerables. Ahora ese filtro desaparece.
Lo que queda por ver es cómo se implementa. La aprobación unánime sugiere que hay consenso político sobre la necesidad. Pero la implementación de un registro único, la coordinación entre instituciones para entregar pensiones sin restricciones, el acceso real a acompañamiento psicológico en todo el país: eso será el verdadero trabajo que comienza ahora.
Citas Notables
El trámite para acceder a este beneficio era excluyente para quienes más lo necesitaban, ya que se solicitaba un certificado de defunción a causa de COVID-19, pero muchas personas perdieron la vida en sus casas y no cuentan con el documento.— Ministra Anahí Durand, ante la Comisión de la Mujer del Congreso
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