Colombia implementa restricciones navideñas en principales ciudades para contener COVID-19

A finales de diciembre de 2020, Colombia enfrentaba una encrucijada sanitaria. El país había registrado 40.475 muertes por coronavirus, y las festividades navideñas amenazaban con acelerar aún más un contagio que ya se propagaba sin control. Los alcaldes y gobernadores de las principales ciudades respondieron con la única herramienta que parecía quedarles: el confinamiento selectivo, el cierre de espacios públicos, la restricción de movimiento. Era un intento desesperado por frenar lo que ya estaba en marcha.

Bogotá, la capital, fue una de las primeras en actuar. La alcaldesa Claudia López decretó el regreso de la medida de pico y cédula desde el 21 de diciembre hasta el 15 de enero, permitiendo que solo un miembro por hogar saliera a hacer compras. El sistema funcionaba como lo había hecho meses atrás: quienes tuvieran documentos terminados en número impar no podrían acceder a supermercados, bancos, centros comerciales ni notarías en días impares. Era una forma de dividir la ciudad, de mantener a la gente separada incluso mientras intentaba satisfacer necesidades básicas.

Medellín enfrentaba una situación más crítica. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, declaró alerta roja hospitalaria por tercera vez en el año, vigente desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero. Las unidades de cuidados intensivos estaban saturadas. El alcalde Daniel Quintero fue más allá: decretó toques de queda en las fechas más significativas del calendario festivo. Desde la medianoche del 24 de diciembre hasta las seis de la mañana del 25, y nuevamente en los días 25, 26 y 31, más el 1 y 2 de enero. En un mensaje por Twitter, Quintero pidió explícitamente a los ciudadanos que no visitaran a sus familiares, que no compartieran vasos ni copas, que evitaran los abrazos. Era una súplica casi íntima dirigida a una ciudad que tradicionalmente celebraba en familia.

Cali vivía una crisis hospitalaria aguda. Las UCI operaban al 90 por ciento de su capacidad, presionadas tanto por pacientes con COVID-19 como por quemaduras causadas por pólvora durante las festividades. El alcalde Jorge Iván Ospina declaró ley seca, implementó pico y cédula, prohibió conciertos y eventos multitudinarios, incluidas las novenas tradicionales y las fiestas empresariales. Fue una prohibición que tocaba el corazón de la cultura navideña colombiana. El sistema de pico y cédula en Cali funcionaría de manera escalonada: entre el 16 y 22 de diciembre, quienes tuvieran documentos con números pares estarían exentos; entre el 17 y 23, les tocaría a los números impares.

En la costa caribeña, Barranquilla y sus municipios vecinos —Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa— decretaron toques de queda más limitados: solo durante las noches del 24, 25 y 26 de diciembre, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. La capital del Atlántico aún no se sumaba a estas medidas, aunque indicó que anunciaría sus propias restricciones en los días siguientes. Bucaramanga, en el departamento de Santander, donde las UCI alcanzaban el 75 por ciento de ocupación, modificó sus horarios de toque de queda: desde las 11 de la noche del 24 de diciembre hasta la 1 de la tarde del 25, y nuevamente en Año Nuevo desde las 11 de la noche del 31 hasta la 1 de la tarde del 1 de enero.

Risaralda tomó una decisión que revelaba la vulnerabilidad de los adultos mayores frente al virus. Con las UCI al 92 por ciento de ocupación, el gobernador Víctor Tamayo decretó un toque de queda indefinido y prohibió que cualquier persona mayor de 70 años saliera en ningún momento del día. Era un confinamiento total para los ancianos, una medida que reconocía tanto su riesgo como la desesperación de las autoridades. El toque de queda general comenzó el 20 de diciembre a las 9 de la noche, extendiéndose hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

Cartagena, la joya turística del Caribe colombiano, implementaría pico y cédula a partir del 22 de diciembre, acompañado de toques de queda en 11 barrios que se extenderían hasta el 16 de enero. El alcalde William Dau firmó el decreto con la esperanza de controlar el flujo de personas en bancos, centros comerciales y mercados.

En toda Colombia, la estrategia era la misma: dividir, restringir, confinar. Las autoridades esperaban que estas medidas permitieran terminar 2020 con hospitales menos saturados e iniciar 2021 con cifras más estables. Pero mientras los decretos se firmaban, la realidad en las calles era más compleja: familias que no se verían en Navidad, comercios que cerraban, una economía que se contraía aún más, y una población cansada de restricciones que ya llevaban casi un año.