Colegios privados reclaman autonomía ante ley que prohíbe celulares en secundaria

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de educación secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, sumándose así a otras jurisdicciones que ya han regulado los teléfonos durante el horario escolar. La medida aún no tiene fecha de entrada en vigencia, pero ya ha generado tensión entre los colegios privados y las autoridades educativas sobre cómo implementarla en la práctica.

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (Aiepa), que agrupa a más de 5000 institutos en todo el país, salió a reclamar que se respete la autonomía de cada establecimiento para decidir cómo regular el uso de dispositivos móviles. Según Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad, el problema central no es la prohibición en sí, sino que las escuelas cuenten con herramientas legales claras y consecuencias definidas para hacer cumplir sus decisiones. Sin un marco normativo que especifique qué sucede cuando un estudiante incumple, advierte, la autoridad institucional termina debilitándose y surgen conflictos innecesarios con las familias.

Esta no es la primera vez que Buenos Aires intenta regular los celulares en las escuelas. En diciembre del año anterior, la Legislatura bonaerense ya había establecido normas similares para el nivel primario, pero su aplicación resultó desigual porque no se definieron mecanismos concretos de control. Muchas instituciones privadas, incluso sin respaldo legal, ya habían avanzado por su cuenta en prohibiciones o restricciones del uso de dispositivos tecnológicos durante la jornada escolar. Algunas instalaron lockers en las entradas de las aulas para que los estudiantes guardaran sus celulares. Sin embargo, el control inicial, que fue riguroso, se fue relajando con el tiempo en varios establecimientos, precisamente porque carecían de un marco legal que les diera legitimidad.

La nueva ley no es una prohibición absoluta. El texto aprobado establece que los teléfonos deben guardarse durante la jornada escolar, pero permite excepciones cuando el docente considere que su uso suma al aprendizaje. Es decir, el profesor puede solicitar que se utilice el dispositivo para una actividad pedagógica específica. La norma también aclara que está terminantemente prohibido usarlo durante el proceso de enseñanza, salvo en esos casos excepcionales autorizados por el docente.

Tras la aprobación de la ley, padres e instituciones educativas han expresado su respaldo a la regulación del uso de celulares en horario escolar, pero advierten que la medida por sí sola es insuficiente. La preocupación se ha intensificado por dos fenómenos específicos que han ganado visibilidad recientemente: el crecimiento de las apuestas deportivas entre menores de edad facilitadas por los teléfonos, y el aumento de casos de deepfakes, imágenes de estudiantes alteradas con inteligencia artificial que se distribuyen en sitios de pornografía. Esta última situación ocurrió hace poco en el Colegio Modelo de Lomas, generando alarma en la comunidad educativa.

Desde Aiepa señalan que medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos legales y conflictos con las familias si no están respaldadas por procedimientos y consecuencias claramente establecidos en la normativa. La entidad enfatiza que las escuelas son espacios de aprendizaje y socialización, pero que los celulares llegan a las instituciones desde el entorno familiar, por lo que la responsabilidad también recae en los padres. Zurita planteó que la sociedad necesita un debate más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y adultos, un desafío que trasciende las paredes de la escuela.

La ley comenzará a regir presumiblemente en 2026, aunque todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial con su correspondiente reglamentación. Una vez que se publique, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá determinar la autoridad de aplicación y elaborar los protocolos concretos que las instituciones deberán seguir: dónde guardar los teléfonos, quién es responsable de su custodia, y qué procedimientos se seguirán en caso de incumplimiento. La norma toma como referencia la ley que ya regula el uso de celulares en primaria y extiende ese esquema a la educación secundaria, pero los detalles operativos aún están pendientes de definición.