Cinco noticias esperanzadoras sobre vacunas y la pandemia de COVID-19

A mediados de 2021, cuando la pandemia de COVID-19 seguía cobrando vidas en todo el mundo y las economías se tambaleaban bajo el peso de los confinamientos, comenzaron a emerger señales de que algo estaba cambiando. No eran noticias que acapararan los titulares de la misma manera que las cifras de muertos o los nuevos brotes, pero tenían un peso diferente: eran pruebas de que la ciencia estaba ganando terreno.

Israel se convirtió en el laboratorio viviente de esta transformación. Para febrero de ese año, más de 3,67 millones de israelíes habían recibido al menos la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, lo que representaba cerca del 40 por ciento de la población del país. Entre los mayores de 60 años, la cifra superaba el 80 por ciento. Los números preliminares que llegaban de los hospitales y los registros de salud pública contaban una historia que los epidemiólogos llevaban meses esperando: entre este grupo de edad, las infecciones cayeron un 56 por ciento, las hospitalizaciones un 42 por ciento y las muertes un 35 por ciento después de la segunda dosis. Pero lo verdaderamente notable llegó después: de los 523.000 israelíes completamente vacunados, solo 544 desarrollaron COVID-19, apenas 4 casos fueron graves y no hubo muertes. En Asturias, España, una región que había sido devastada por la pandemia con más de 2.000 muertes, principalmente entre residentes de asilos, la vacunación masiva produjo un cambio similar. La mortalidad entre los adultos mayores comenzó a descender de manera visible.

Pero la efectividad no era la única preocupación que mantenía despiertos a los funcionarios de salud pública. Estaban los efectos secundarios. La tecnología del ARNm, utilizada por Pfizer/BioNTech y Moderna, era relativamente nueva en aplicaciones de este alcance. En Estados Unidos, donde se habían administrado más de 17,5 millones de dosis, los sistemas de vigilancia registraban cada reacción adversa. La anafilaxis, una reacción alérgica potencialmente mortal, fue el efecto más grave documentado. Hasta principios de marzo, el Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas había registrado 66 casos de anafilaxia en todo el país. Eso equivalía a menos de 4 casos por millón de dosis, o el 0,0003 por ciento de todas las inyecciones administradas. Ninguno de esos casos resultó en muerte. Cuando se comparaban estas cifras con la tasa de mortalidad del COVID-19 y sus secuelas médicas duraderas, la ecuación era clara: los beneficios superaban radicalmente los riesgos.

En mayo de 2021, la administración Biden dio un paso que muchos consideraban impensable semanas antes. Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, anunció que el país apoyaría la liberación de las patentes de las vacunas COVID-19. La solicitud había venido de India y Sudáfrica, países que argumentaban que permitir que naciones en desarrollo produjeran sus propias dosis era esencial para detener la pandemia. Estados Unidos había bloqueado inicialmente esta propuesta, pero ahora reconocía que se trataba de "circunstancias extraordinarias" que exigían "medidas extraordinarias". Si la OMC lograba el consenso necesario entre sus 164 miembros, países como Perú, India, Sudáfrica y otros podrían comenzar a fabricar vacunas usando la propiedad intelectual de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Las negociaciones serían largas y complejas, pero la puerta estaba abierta.

En el Perú, el presidente Francisco Sagasti anunció a través de Twitter que el país había cerrado un nuevo contrato con Pfizer por 12 millones de dosis adicionales. Con este acuerdo, la nación sudamericana tendría aseguradas 60 millones de dosis antes de fin de año, suficientes para inmunizar a toda su población. Sagasti también mencionó que estas vacunas permitirían inmunizar a menores de 18 años, tal como ya se estaba haciendo en otros países, y que las negociaciones continuarían con otras farmacéuticas para obtener aún más dosis.

Quizás el cambio más profundo, sin embargo, ocurría en la mente de las personas comunes. Durante años, los movimientos antivacunas, alimentados por pseudociencia y teorías conspirativas, habían ganado terreno en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas. Los médicos y científicos observaban con preocupación cómo la desconfianza en las vacunas crecía. Pero después de que cientos de millones de dosis se administraran sin los desastres que algunos habían predicho, algo se movió. Una encuesta realizada entre 13.500 personas de quince países en Europa, Asia y Australia entre noviembre de 2020 y enero de 2021 capturó este cambio. En noviembre, solo el 40 por ciento de los encuestados dijo que se pondría la vacuna contra el COVID-19, y más del 50 por ciento estaba preocupado por los efectos secundarios. Para enero, más de la mitad estaba dispuesta a vacunarse y la preocupación por los efectos secundarios había disminuido. En Reino Unido, el 78 por ciento de los encuestados manifestó disposición a vacunarse. En España, la cifra saltó del 28 por ciento en noviembre al 52 por ciento a mediados de enero. No era una aceptación universal, pero era un movimiento, una tendencia que apuntaba en una dirección diferente a la que había prevalecido meses antes.