Durante generaciones, China mantuvo una frontera invisible dentro de sus propias ciudades: el hukou, un sistema de registro que convirtió a casi 358 millones de migrantes internos en ciudadanos de segunda categoría en los lugares donde vivían y trabajaban. Ahora, el Gobierno impulsa una reforma que busca cerrar esa brecha histórica, garantizando acceso igualitario a educación, sanidad y prestaciones sociales sin importar dónde esté registrada oficialmente la residencia de una persona. Es un momento que pone a prueba la capacidad del Estado chino para desmantelar una de sus instituciones más ar
China impulsa reforma del 'hukou' para igualar derechos de 358 millones de migrantes internos
358 millones de ciudadanos han enfrentado discriminación en acceso a servicios públicos básicos debido al sistema de registro de residencia 'hukou'.
Una frontera invisible que determina tus derechos dentro de tu propio país
Mark
¿Por qué ha existido el hukou durante tanto tiempo si ha causado tanta desigualdad?
Mimi
Porque fue útil para controlar. Cuando China comenzó a urbanizarse rápidamente, las ciudades necesitaban limitar la migración. El hukou permitía que los gobiernos locales mantuvieran servicios asequibles para sus residentes registrados mientras usaban trabajadores migrantes sin darles acceso pleno a esos servicios. Era una forma de tener crecimiento económico sin los costos sociales.
Mark
Pero 358 millones de personas es casi una cuarta parte del país. ¿Cómo se mantiene un sistema así durante tanto tiempo?
Mimi
Porque los migrantes internos no tienen voz política fuerte. No pueden votar donde viven, solo donde están registrados. Y muchos de ellos esperan eventualmente regresar a sus pueblos natales, así que no presionan tanto por cambios. Además, el sistema beneficia a quienes están registrados en ciudades grandes, que tienen más poder.
Mark
¿Qué cambia realmente con esta reforma?
Mimi
Que tu residencia oficial ya no determina tu acceso a educación, sanidad y prestaciones. Si vives en Shanghái durante veinte años, tus hijos pueden ir a escuelas públicas sin pagar sobrecostos. Tu madre puede recibir atención médica allí. Eso es fundamental.
Mark
¿Pero no es enormemente caro para las ciudades?
Mimi
Sí. Las ciudades ricas tendrán que asumir costos que antes evitaban. Pero el Gobierno está argumentando que es necesario para la cohesión social y la movilidad laboral. No puedes construir una economía moderna si una cuarta parte de tu población tiene derechos limitados.
Mark
¿Qué pasa con los pueblos rurales que pierden a sus trabajadores?
Mimi
Ese es el verdadero dilema. Si los migrantes se quedan en las ciudades con acceso pleno a servicios, los pueblos pierden tanto ingresos como población. La reforma tiene que equilibrar eso, probablemente con transferencias fiscales del Gobierno central a las regiones que pierden población.
The Pulse
- 358 millones de personas han vivido durante décadas en ciudades que les ofrecen empleo pero les niegan escuelas, médicos y pensiones en igualdad de condiciones con sus vecinos registrados.
- La separación entre dónde se vive y dónde se está registrado ha partido familias: hijos criados en pueblos rurales mientras sus padres construyen las ciudades que no pueden llamar suyas.
- El Gobierno chino ha reconocido que sostener este sistema de dos velocidades es insostenible, tanto por el costo social acumulado como por las tensiones que genera en la cohesión del país.
- La reforma propone que los derechos sigan al trabajador y no al registro, permitiendo inscribir hijos en escuelas locales, recibir atención médica y acceder a prestaciones sociales en el lugar de residencia real.
- Los gobiernos locales enfrentan el reto de redistribuir la carga fiscal y administrativa que antes recaía sobre los propios migrantes o sus regiones de origen, lo que convierte la implementación en un desafío tan grande como la ambición de la reforma.
Durante generaciones, China mantuvo una frontera invisible dentro de sus propias ciudades: el hukou, un sistema de registro que convirtió a casi 358 millones de migrantes internos en ciudadanos de segunda categoría en los lugares donde vivían y trabajaban. Ahora, el Gobierno impulsa una reforma que busca cerrar esa brecha histórica, garantizando acceso igualitario a educación, sanidad y prestaciones sociales sin importar dónde esté registrada oficialmente la residencia de una persona. Es un momento que pone a prueba la capacidad del Estado chino para desmantelar una de sus instituciones más arraigadas y reconocer, al fin, que la movilidad laboral no debería equivaler a una pérdida de derechos.
El hukou es una frontera que no aparece en ningún mapa pero que ha definido la vida de cientos de millones de personas en China. Cuando un trabajador abandona su provincia natal para buscar empleo en una gran ciudad, su registro oficial permanece en el lugar de origen. Esa separación determina si sus hijos pueden estudiar en escuelas públicas locales, si puede recibir atención médica donde vive o si sus prestaciones sociales le acompañan. El resultado ha sido una clase de ciudadanos que contribuyen al crecimiento urbano sin acceder plenamente a sus beneficios.
La magnitud del problema es difícil de exagerar: 358 millones de personas, más de una cuarta parte de la población china, viven en esta condición. Son obreros de la construcción, empleadas domésticas, operarios de fábrica y jóvenes profesionales que eligieron las ciudades para prosperar, pero que durante décadas han sido el motor silencioso de la urbanización sin los derechos que disfrutan quienes tienen la fortuna de estar registrados donde trabajan.
La reforma que ahora impulsa el Gobierno busca desmantelar ese sistema de dos velocidades. Si se implementa, un trabajador migrante en Pekín podría inscribir a sus hijos en escuelas públicas sin sobrecostos, sus padres ancianos podrían recibir atención médica en la ciudad donde vive su hijo, y las prestaciones sociales seguirían al trabajador en lugar de quedar atadas a un registro lejano.
El camino no será sencillo. Los gobiernos locales deberán reconfigurar cómo financian sus servicios públicos, las ciudades más ricas tendrán que asumir costos que antes recaían en los migrantes o en sus regiones de origen, y los sistemas de datos necesitarán una integración profunda para que la portabilidad de derechos sea real y no solo declarativa. Pero el impulso político es claro: China está reconociendo que mantener a 358 millones de ciudadanos en una condición de derechos limitados ya no es viable, ni económica ni socialmente. Lo que está en juego es si esas personas podrán, por fin, pertenecer plenamente a las ciudades que ayudaron a construir.
China está impulsando una reforma fundamental de su sistema de registro de residencia, conocido como hukou, un mecanismo que durante décadas ha creado una clase de ciudadanos de segunda categoría dentro de sus propias fronteras. Casi 358 millones de personas viven actualmente en ciudades o provincias distintas de donde tienen registrada su residencia oficial, lo que las coloca en una posición de desventaja sistemática a la hora de acceder a servicios públicos básicos.
El hukou funciona como una frontera invisible pero profundamente real. Cuando alguien se muda de su provincia natal para buscar trabajo en una gran ciudad, su registro de residencia permanece en el lugar de origen. Esta separación entre dónde vive una persona y dónde está registrada oficialmente determina su acceso a educación, atención médica y prestaciones sociales. Un trabajador migrante en Shanghái puede ganar un salario urbano pero no tiene derecho a enviar a sus hijos a las escuelas públicas locales sin pagar cuotas adicionales sustanciales. Los servicios de salud están vinculados al lugar de registro. Las pensiones y otros beneficios sociales dependen de dónde oficialmente resides, no de dónde realmente trabajas.
Esta arquitectura de desigualdad ha sido un pilar del modelo de desarrollo chino durante generaciones. Permitió a las ciudades controlar la migración, mantener servicios públicos relativamente asequibles para los residentes registrados y crear un ejército de trabajadores móviles sin acceso pleno a los derechos que acompañan la ciudadanía urbana. Pero el costo humano ha sido considerable. Familias separadas durante años. Niños educados en pueblos rurales mientras sus padres trabajan en fábricas urbanas. Una sensación persistente de no pertenencia incluso después de décadas viviendo en la misma ciudad.
La reforma que ahora impulsa el Gobierno busca desmantelar este sistema de dos velocidades. La propuesta permitiría que los 358 millones de migrantes internos accedan a educación, sanidad y prestaciones sociales en igualdad de condiciones que los residentes locales, independientemente de dónde tengan registrada su residencia oficial. No es un cambio menor. Significaría que un trabajador migrante en Pekín podría inscribir a sus hijos en escuelas públicas sin pagar sobrecostos. Que sus padres ancianos podrían recibir atención médica en la ciudad donde vive su hijo, no solo en el pueblo donde nacieron. Que las prestaciones sociales seguirían al trabajador, no al registro.
La magnitud del cambio refleja la escala del problema. 358 millones de personas representan más de una cuarta parte de la población china. Son trabajadores de construcción, empleadas domésticas, operarios de fábricas, vendedores ambulantes, profesionales jóvenes que se mudaron a ciudades para mejores oportunidades. Durante décadas, han sido el motor silencioso de la urbanización y el crecimiento económico chino, pero sin acceso pleno a los derechos que disfrutan quienes tienen la suerte de estar registrados en las ciudades donde trabajan.
La implementación de esta reforma enfrenta desafíos administrativos y fiscales significativos. Los gobiernos locales tendrán que reconfigurar cómo financian y distribuyen servicios públicos. Las ciudades ricas tendrán que asumir costos que antes recaían en los migrantes o en sus lugares de origen. Los sistemas de datos y registro tendrán que integrarse de manera que permita portabilidad real de derechos. Pero el impulso es claro: China está reconociendo que mantener a 358 millones de ciudadanos en una condición de derechos limitados es insostenible, tanto económicamente como socialmente.
Lo que está en juego es más que acceso a servicios. Es la posibilidad de que los migrantes internos chinos finalmente pertenezcan plenamente a las ciudades donde viven y trabajan. Es el reconocimiento de que la movilidad laboral no debería significar movilidad hacia abajo en términos de derechos. Y es una prueba de si China puede reformar una de sus instituciones más antiguas y profundamente arraigadas.
Notable Quotes
Un trabajador migrante en Shanghái puede ganar un salario urbano pero no tiene derecho a enviar a sus hijos a las escuelas públicas locales sin pagar cuotas adicionales sustanciales— Descripción del impacto del hukou en familias migrantes
Want the full story?
Read the original at El País ↗
General News