Caos en la Corte brasileña: gritos y acusaciones frenan investigación contra Moraes

El Tribunal Supremo Federal brasileño atravesó el martes una de sus jornadas más convulsas en memoria reciente. Durante casi seis horas, los nueve magistrados se gritaron, se acusaron de mentir y de manipular procesos con fines electorales, en una sesión que terminó sin resolver nada de lo que había convocado: si abrir o no una investigación contra Alexandre de Moraes, el juez que condujo el proceso que resultó en la condena de Jair Bolsonaro, por sus presuntos vínculos con Daniel Vorcaro, un banquero detenido y acusado de orquestar el mayor fraude financiero de la historia del país a través del desaparecido banco Master.

La tensión estalló cuando Flavio Dino, exministro de Justicia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y aliado de Moraes dentro de la corte, solicitó una prórroga procesal que suspende el caso hasta noventa días. Con ese movimiento, el análisis de la investigación contra Moraes quedó postergado hasta diciembre, convenientemente después de la primera vuelta electoral del 4 de octubre y del eventual balotaje del 25 del mismo mes. Vorcaro fue capturado en noviembre del año anterior cuando intentaba abandonar el país. En su teléfono aparecieron mensajes que colocaron a Moraes bajo escrutinio. La Policía Federal elaboró su informe siguiendo una orden del juez André Mendonça para mapear la red de contactos del banquero, una investigación que terminó alcanzando al propio Moraes y desencadenó acusaciones de direccionamiento político.

La sesión expuso como nunca antes la fractura del tribunal en dos bandos irreconciliables. Moraes desafió a sus colegas preguntando quién le tenía miedo a la Policía Federal, acusando a Mendonça de presionar a los investigadores para incluirlo en acuerdos de colaboración premiada y de actuar "al servicio de un grupo político que quiso dar un golpe en este país". Mendonça respondió con un simple "Mentira, eso es mentira". El decano Gilmar Mendes fue aún más contundente, acusando a Mendonça de una "evidente conducción político-electoral" de las causas del Master y asegurando que "hasta las piedras saben" que existe un "inequívoco sesgo electoral" en cómo se llevó adelante la investigación. "Esto no se hace, las personas decentes no hacen esto", le espetó a Mendonça.

Toda la jornada se consumió en una cuestión de procedimiento, una discusión previa al fondo del asunto. Mendes propuso postergar el caso hasta el 23 de septiembre y juzgarlo junto con otro expediente que examina irregularidades atribuidas a Mendonça, un contraataque impulsado por Moraes. El presidente de la corte, Edson Fachin, junto con los jueces Luiz Fux, Carmen Lúcia y Mendonça, votaron en contra. Gilmar Mendes, Cristiano Zanin (exabogado de Lula) y el propio Moraes, pese a ser el investigado, votaron a favor. Dino anunció su apoyo pero pidió una prórroga antes de que su voto se computara, lo que habría generado un empate 4 a 4. Dos jueces no participaron: Dias Toffoli se excusó por vínculos familiares con un fondo del banco, y Kassio Nunes Marques, designado por Bolsonaro y presidente del Tribunal Superior Electoral, se declaró impedido, diciendo que su prioridad era "asegurar el equilibrio en las elecciones".

El momento más crudamente revelador llegó al final. El procurador general Paulo Gonet pidió la palabra para negar cualquier cercanía con Vorcaro. Cuando Mendonça intentó rebatirlo, Gilmar Mendes lo interrumpió con un "Impresionante el descaro de este sujeto". Mendonça respondió gritando: "¡El descaro de Su Excelencia! ¡Respéteme! Esto no es un juego". Fue entonces cuando Dino tomó la palabra y pidió la prórroga, argumentando: "No tenemos condiciones de deliberar. El clima va de mal en peor, y la sociedad está asistiendo a algo distinto del rito que manda la ley". Carmen Lúcia, la única jueza mujer del tribunal, pidió públicamente "disculpas al pueblo brasileño" por la imposibilidad de frenar la crisis, confesando que habría querido "haber sido mejor, haber podido ayudar a calmar las cosas, pero no lo logré".

Lo más significativo fue lo que nunca se discutió. Los magistrados no analizaron una sola línea de los mensajes hallados en el teléfono de Vorcaro. Según la Policía Federal, Moraes participó en la edición de un contrato por aproximadamente 130 millones de reales (unos 25 millones de dólares) entre Vorcaro y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes. En los mensajes recuperados, Vorcaro escribió al juez que tenía con él una "deuda de vida" y, dos días antes de su detención, le preguntó: "¿Creés que el lunes ya tengo que estar afuera?". Solo se recuperaron los mensajes del banquero. No se sabe qué respondió Moraes, ni si respondió. Moraes niega cualquier irregularidad.

Con la prórroga de Dino, el tribunal gana tiempo pero no calma. La postergación también se juega fuera de la corte. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y candidato del Partido Liberal, aprovechó la jornada para acusar a Lula de haber "dividido su poder" con Moraes, aunque él mismo es investigado por aportes de Vorcaro a Dark Horse, la película sobre su padre. La demora alimenta el discurso de candidatos opositores al Senado que prometen juicios políticos contra jueces, y complica el intento de la campaña de Lula de despegarse de una pelea en la que Dino, su último designado a la corte, fue protagonista central.