Bruselas impone a Google su quinta multa en una década mientras Trump amenaza con represalias

Cuando Bruselas anunció esta semana una multa de 890 millones de euros contra Google, la cifra podría parecer casi insignificante si no fuera porque representa apenas el último capítulo de una década de castigos. Desde 2017, la Comisión Europea ha impuesto cinco sanciones al gigante de la búsqueda, acumulando más de 10.000 millones de euros en total, la cifra más elevada jamás impuesta a una empresa por conductas anticompetitivas en el continente. Solo Apple se acerca, pero técnicamente por un asunto diferente: la devolución de 14.000 millones en impuestos por ayudas fiscales ilegales, no una sanción por abuso de mercado.

La historia comenzó en 2017 con una sanción de cerca de 2.500 millones de euros por el caso de Google Shopping, donde la empresa posicionaba su propio servicio de comparación de precios en un lugar privilegiado dentro de los resultados de búsqueda. Después vinieron otros casos. El más costoso llegó en 2018, cuando Google fue multada con 4.125 millones de euros por vincular la preinstalación de Chrome y Google Search a las licencias de Google Play Store en dispositivos Android. Luego llegaron más sanciones relacionadas con su dominio en publicidad digital y, esta semana, la decisión más reciente que obliga a la empresa a compartir datos de búsqueda con competidores y permitir acceso a asistentes de inteligencia artificial de terceros.

Lo que une todos estos casos es un patrón recurrente: abuso de posición dominante. Google controla aproximadamente el 90 por ciento del mercado de búsqueda en Europa, lo que la convierte en lo que los reguladores llaman "la puerta de entrada" a internet. Esa posición privilegiada la expone a un escrutinio constante. Las quejas llegan a Bruselas desde múltiples sectores: agencias de viajes, medios de comunicación, comparadores de precios. Todos sienten que la empresa aprovecha su poder para favorecer sus propios servicios sobre los de sus competidores.

La respuesta de Trump fue inmediata. El viernes, el presidente estadounidense anunció nuevos aranceles contra la Unión Europea en represalia por la multa. No es solo la sanción de esta semana lo que lo molesta, sino también dos decisiones anteriores de hace una semana que, aunque no conllevaban multa, obligaban a Google a cambiar su modelo de negocio. La administración estadounidense ve estas acciones como un ataque injustificado a una empresa americana. Bruselas rechaza cualquier vínculo entre sus decisiones regulatorias y las posibles represalias comerciales. "Nuestra obligación es cumplir con la ley y garantizar que las normativas adoptadas por nuestras instituciones soberanas se apliquen plenamente", defendió Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea y máxima responsable de Competencia.

Pero hay un debate más profundo sobre si estas multas realmente funcionan. Google generó más de 400.000 millones de dólares en ingresos en 2025, lo que significa que las sanciones, aunque elevadas en términos absolutos, representan una fracción pequeña de sus ganancias. Fiona Scott-Morton, economista especializada en competencia de la Universidad de Yale, argumenta que las multas no son lo más importante. Lo crucial es que se aplique efectivamente la nueva regulación europea de mercados digitales, conocida como DMA, que invierte la carga de la prueba en las investigaciones contra grandes empresas tecnológicas y permite a los reguladores actuar con mucha mayor rapidez.

Esta velocidad es evidente en los números. El caso de Google Shopping tardó siete años desde que comenzó la investigación en 2010 hasta la multa en 2017. En contraste, la decisión de esta semana llegó tras poco más de un año de investigación. El DMA está funcionando como se esperaba: permitiendo que Bruselas corrija comportamientos anticompetitivos antes de que causen daño duradero. Sin embargo, hay un problema persistente. Incluso después de las sanciones, terceros siguen presentando quejas sobre cómo Google implementa las medidas impuestas. Nueve años después del primer castigo, el patrón se repite.

Google argumenta que estas imposiciones "causan problemas en el uso cotidiano de productos" y que representan "un deterioro impulsado por un pequeño grupo de denunciantes que solo buscan su propio beneficio". La empresa sostiene que es más colaboradora que sus competidoras, pero los reguladores ven una historia diferente: una compañía que ha sido la más disruptiva en los últimos años, expandiendo su dominio a nuevas áreas y generando quejas masivas de sectores enteros de la economía europea. Lo que suceda en los próximos meses dependerá de si Trump sigue adelante con sus amenazas arancelarias y de si la nueva regulación europea logra finalmente cambiar el comportamiento de Google, o si simplemente genera un ciclo interminable de multas y ajustes superficiales.