Bruselas abre la puerta a limitar precios del gas para reducir la factura eléctrica

Ursula von der Leyen ha abierto una puerta que en Bruselas llevaba años cerrada. El miércoles, ante el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea mencionó una posibilidad que hasta hace poco sonaba casi herética en los círculos de poder comunitarios: limitar directamente el precio del gas. No lo planteó como una solución definitiva, sino como una de varias opciones que el Ejecutivo europeo está estudiando para presentar a los líderes de la UE en la cumbre prevista para la próxima semana. El contexto es claro: la guerra en Oriente Próximo ha intensificado una presión que ya era considerable sobre los precios energéticos europeos.

La propuesta de Von der Leyen forma parte de un menú más amplio de medidas. Comienza con lo que ella llama "el diseño del mercado", el sistema marginal que fija los precios de la electricidad según la fuente de generación más cara en cada momento, que suele ser el gas. La presidenta alemana no propone desmantelar este mecanismo, sino ajustarlo. "El diseño actual ha dado buenos resultados y existe un apoyo general al sistema", reconoce, pero añade que es "fundamental que reduzcamos el impacto en los costes cuando el gas fija el precio de la electricidad". Para lograrlo, sugiere varias vías: mejorar los acuerdos de compra de energía, utilizar contratos por diferencia, destinar ayudas públicas, o estudiar la posibilidad de subvencionar o limitar el precio del gas.

Esta última opción no es nueva en Europa. España y Portugal consiguieron en marzo de 2022, en plena crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, lo que se conoce como la excepción ibérica: un mecanismo que limitaba el precio del gas usado para generar electricidad. En aquel momento, ni la Comisión Europea ni muchos socios comunitarios facilitaron la medida. Ahora, cuando Bruselas abre la puerta a este tipo de políticas, el precedente existe y ha sido considerado un éxito. El cambio de postura es significativo: la crisis de 2022 transformó la forma en que Bruselas lidia con la intervención en los mercados energéticos.

Nicolás González Casares, eurodiputado socialista español y uno de los negociadores de la reforma del mercado eléctrico de 2023, ve en esto un "déjà vu de 2022". Señala que la Comisión Europea, junto con grupos como el PP y los liberales, rechazó entonces incluir medidas previsibles de intervención temporal en esa reforma. "Algunos lo advertimos", comenta. Sin embargo, González Casares no aboga ahora por un cambio profundo en las reglas del mercado. Considera que "las actuales reglas del mercado eléctrico son las adecuadas para avanzar en la electrificación con energías autóctonas". Su posición coincide con la de Von der Leyen y con la defendida recientemente por Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea. Lo que sí recuerda es que la reforma de 2023 ya preveía una revisión para junio de este año.

La presión sobre Bruselas crece desde múltiples direcciones. Las empresas europeas necesitan competir con precios de energía más bajos en Estados Unidos y China. El consumo eléctrico aumenta por la necesidad de descarbonizar la economía. Y ahora está la urgencia inmediata: la guerra en Oriente Próximo. El martes, 21 jefes de Estado y Gobierno de la UE se reunieron por videoconferencia. En los comunicados posteriores, emitidos por Alemania, Italia y Bélgica, se identificaron "los precios de la energía como un problema acuciante sobre el que el próximo Consejo Europeo debe tomar decisiones". El canciller alemán, Friedrich Merz, fue explícito: "Las medidas deben ser específicas, temporales y bien coordinadas".

Merz y la líder italiana, Giorgia Meloni, también reclaman otra medida: una suspensión temporal del mecanismo de imposición sobre los derechos de emisión de carbono (ETS) en la producción de energía. Aquí, Von der Leyen muestra menos receptividad. Advierte que "sin el ETS estaríamos consumiendo 100.000 millones de metros cúbicos de gas más, lo que nos haría más vulnerables y dependientes". El precio de los derechos de emisión incentiva la inversión en renovables, argumenta. Aunque sí está abierta a "modernizar" el ETS en la revisión prevista también para este año.

Más allá del diseño del mercado y el ETS, Von der Leyen ha puesto sobre la mesa dos líneas de trabajo adicionales: las redes y los impuestos. Defiende la inversión en infraestructura de redes, tanto nueva como existente, para evitar que se "malgaste" la energía renovable generada. Ofrece un dato revelador: el año pasado, la UE instaló más de 80 gigawatios de energía renovable, un récord. Pero seis veces ese volumen de energía instalada no tiene acceso a las redes. Es un cuello de botella que refleja la complejidad del desafío: no se trata solo de producir energía limpia, sino de transportarla y distribuirla de manera eficiente. La cumbre de la próxima semana dirá si Bruselas está lista para actuar sobre estas múltiples frentes simultáneamente.