Brasil: Supremo y Congreso chocan por derechos indígenas tras aprobación exprés del marco temporal

El miércoles por la noche, el Senado brasileño aprobó a toda velocidad una ley que establece el criterio del "marco temporal" para reconocer tierras indígenas. La votación fue expedita: primero pasó por la Comisión de Constitución y Justicia, y poco después fue incluida sin aviso previo en el orden del día del plenario, donde obtuvo aprobación con holgura. El texto, impulsado por la poderosa bancada ruralista conocida como "buey, Biblia y bala", determina que los pueblos ancestrales pueden ser expulsados de sus territorios en proceso de demarcación si no demuestran que se encontraban en ellas antes de 1988.

La ironía es brutal: apenas una semana antes, la Corte Suprema había rechazado ese mismo criterio. En una sesión histórica, nueve de los once jueces del Supremo Tribunal Federal votaron en contra del marco temporal, argumentando que muchos indígenas fueron desplazados de sus tierras durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. La decisión desató celebraciones entre los pueblos originarios, que expresaron su alivio con cánticos y bailes. Ahora, el Congreso ha intentado legislar lo que la máxima corte acaba de declarar inconstitucional.

El conflicto afecta directamente a aproximadamente 250 tierras en disputa de las 750 reservas existentes en el país. Para los ruralistas y ganaderos que dominan el Congreso, el marco temporal resolvería infinitas disputas territoriales y contribuiría a pacificar el campo, permitiendo que nuevas tierras se destinen al agronegocio. Para los indígenas, apoyados por el Partido de los Trabajadores del presidente Lula, la medida es un retroceso devastador. Sostienen que fueron desplazados sistemáticamente durante décadas, especialmente en la dictadura, por lo que en muchos casos les sería imposible probar su presencia en 1988.

Ahora la decisión recae en Lula. El presidente debe elegir entre sancionar la ley o vetarla. Si la sanciona, probablemente será impugnada nuevamente ante el Supremo, donde casi con certeza será declarada inconstitucional de nuevo. Si la veta, el proyecto regresa al Congreso, que puede aceptar o rechazar su veto. Varios analistas predicen que Lula, quien ha hecho de la preservación ambiental una de sus banderas políticas, probablemente vetará la ley. La Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil ya ha pedido públicamente su veto, denunciando el proyecto como "genocida".

Wallace Corbo, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas, fue claro en su análisis: el proyecto "contraría frontalmente una decisión y una interpretación del Supremo sobre la Constitución". Agregó que "el STF es el último guardián de la constitución" y que "no cabe al Congreso nacional, por medio de una legislación, alterar derechos reconocidos en el texto constitucional". El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, intentó minimizar la tensión, asegurando que la aprobación no representa un "enfrentamiento" sino que es "natural" que el poder legislativo opine sobre el tema.

Anticipando un posible veto presidencial o un nuevo rechazo del Supremo, los ruralistas ya están promoviendo en paralelo una propuesta de enmienda constitucional para fijar el marco temporal sin necesidad de aprobación presidencial. Las enmiendas constitucionales son más difíciles de aprobar, requieren el apoyo de tres quintas partes de diputados y senadores, pero tienen la ventaja de que no necesitan la sanción del presidente. La analista Eliane Cantanhêde explicó el trasfondo ideológico: "Detrás de esto hay una cuestión ideológica: el Tribunal Supremo toma decisiones más de vanguardia, y la bancada 'BBB', que es 'buey, biblia y bala', intenta garantizar retrocesos". Lo que comenzó como un choque entre poderes se perfila como una batalla prolongada sobre quién tiene la última palabra en materia de derechos indígenas en Brasil.