Bolsonaro promete nombrar juez "terriblemente evangélico" para la Corte Suprema en julio

Jair Bolsonaro se presentó ante sus seguidores a las puertas de su residencia oficial en Brasilia el sábado para hacer un anuncio que llevaba prometiendo desde 2019: en julio nombraría a un juez "terriblemente evangélico" para ocupar uno de los once asientos de la Corte Suprema brasileña. "Las vacantes para el Supremo Tribunal Federal pasan por mí", dijo el presidente, aunque reconoció que "la última palabra es del Senado". Fijó la fecha con precisión: el 4 o 5 de julio presentaría su candidato, alguien cuya fe evangélica sería, según sus propias palabras, extrema.

Bolsonaro ya tenía un nombre en mente, aunque se guardó revelarlo públicamente. La prensa brasileña señalaba a André Mendonça, quien había sido ministro de Justicia en su gobierno y ocupaba entonces el cargo de Abogado General del Estado. El presidente imaginó en voz alta cómo sería que las sesiones del tribunal supremo comenzaran con una oración pronunciada por este magistrado. Luego se lanzó a una reflexión casi cómica sobre el lenguaje: "Dios es esencial en todos los lugares y el Supremo es un lugar que... no sé cuál es el superlativo de esencial. ¿Alguien sabe cuál es el superlativo de esencial? ¿Esencialísimo? Debe ser...", dijo, dejando la frase sin terminar.

Esta promesa tenía historia. En octubre de 2020, Bolsonaro había nombrado a Kassio Nunes Marques, un juez conservador de fe católica, para reemplazar al progresista José Celso de Mello. La decisión decepcionó a los sectores de ultraderecha y a los líderes de iglesias pentecostales que esperaban ver cumplida la promesa de 2019 de un magistrado "terriblemente evangélico". Ahora, con la próxima vacante, Bolsonaro parecía dispuesto a enmendar lo que consideraban un error.

La vacante llegaría en julio cuando Marco Aurélio Mello se retirara de la corte. Mello había sido juez desde junio de 1990 y se iría una semana antes de cumplir los 75 años, la edad límite para los magistrados en Brasil. Pero la voluntad presidencial no era suficiente. Cualquier candidato que Bolsonaro presentara tendría que pasar por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que lo entrevistaría, y luego por la aprobación del pleno de la Cámara Alta. El proceso era una puerta abierta a la negociación política y al escrutinio público.

La noticia llegaba en un momento en que Brasil enfrentaba otras presiones internacionales. El mismo viernes en que Bolsonaro hacía estas declaraciones sobre la corte, su gobierno anunció un giro en su posición sobre las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Días antes, el canciller Carlos França había dicho en una audiencia pública en el Senado que Brasil se oponía a suspender las patentes, pero dejó abierta la puerta a cambiar de opinión si era del interés nacional. El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, había expresado lo mismo ante una comisión parlamentaria que investigaba las omisiones del gobierno en la crisis sanitaria.

Ahora, tras una reunión virtual entre el canciller brasileño y Katherine Tai, la representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, el gobierno emitió un comunicado conjunto de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Salud y Ciencia y Tecnología anunciando que Brasil apoyaría las negociaciones para liberar las patentes de las vacunas. El comunicado afirmaba que Brasil compartía el objetivo de "proveer vacunas seguras y eficientes al mayor número de personas posible en el menor intervalo de tiempo posible". Sin embargo, el gobierno también subrayó que sería "fundamental" contar con "el compromiso, la cooperación y la asociación" de los fabricantes de vacunas para "viabilizar su producción en Brasil y en otros países en desarrollo". Brasil anunció que consultaría con sus socios internacionales y el sector privado para "desarrollar los entendimientos multilaterales necesarios para una rápida y segura producción y distribución de las vacunas".