Desde el 1 de marzo de 2021, Bogotá formalizó su convivencia con la pandemia mediante el decreto 61, un marco normativo que regiría la vida cotidiana de la capital hasta el 1 de junio. La ciudad no buscaba ya el encierro total, sino un equilibrio más matizado: obligaciones claras, sanciones concretas y la lenta apertura de espacios que el virus había clausurado. En ese esfuerzo por sostener la vida económica sin abandonar la cautela sanitaria, Bogotá reflejaba la tensión que enfrentaban las grandes urbes del mundo entero.
Bogotá implementa nuevas medidas de bioseguridad hasta junio con uso obligatorio de tapabocas
El tapabocas dejó de ser recomendación para convertirse en ley
¿Por qué la Alcaldía decidió eliminar protocolos como la toma de temperatura si la pandemia seguía activa?
Porque los datos mostraban que esas medidas no prevenían realmente el contagio. La temperatura solo detectaba síntomas en el momento, pero muchas personas infectadas no tenían fiebre. Fue un reconocimiento de que algunos rituales de bioseguridad generaban falsa seguridad sin beneficio real.
El tapabocas obligatorio parece una medida más fuerte que antes. ¿Qué cambió?
Antes era recomendado. Ahora era ley, con multas incluidas. La diferencia es que después de casi un año de pandemia, había evidencia clara de que el tapabocas funcionaba. No era especulación, era ciencia. La Alcaldía decidió que eso merecía ser obligatorio.
Los bares y discotecas seguían cerrados. ¿Eso no generó conflicto?
Generó mucho. Los dueños protestaron, y la Alcaldía tuvo que negociar. Pero la realidad era que esos espacios, cerrados y llenos de gente sin distancia, eran focos de contagio. La Alcaldía intentó encontrar un camino intermedio con un plan piloto, pero no fue fácil.
¿Qué le dice a alguien que trabajaba en una discoteca y de repente no tenía ingresos?
Que el Estado no tenía respuesta clara. Había restricciones, pero no había subsidios suficientes para los trabajadores informales. Eso es lo que no aparece en el decreto: la gente que simplemente dejó de ganar dinero.
Las instituciones educativas reabrieron con 35% de aforo. ¿Eso era suficiente?
Era un compromiso incómodo. Los estudiantes necesitaban volver a las aulas, pero la capacidad de los edificios y el riesgo de contagio limitaban cuántos podían estar presentes. Dos jornadas en lugar de una significaba que algunos estudiantes seguían en casa, aprendiendo a distancia.
Le Pouls
- El tapabocas dejó de ser sugerencia y se convirtió en ley: salir sin cubrirse el rostro en espacios públicos implicaba multas y medidas correctivas bajo el Código Nacional de Policía.
- Bares y discotecas permanecieron cerrados, desatando protestas inmediatas de sus propietarios, quienes exigían una hoja de ruta para la reapertura.
- La Alcaldía respondió con mesas técnicas para diseñar un plan piloto que permitiera reabrir el sector nocturno bajo condiciones de bioseguridad, sin ofrecer fechas concretas.
- Medidas de los primeros meses como la toma de temperatura y los tapetes desinfectantes fueron eliminadas por ineficaces, reemplazadas por lavado de manos cada tres horas y ventilación obligatoria en establecimientos.
- El comercio, la educación superior y los restaurantes retomaron actividades con horarios acotados y aforos controlados, señalando que la ciudad apostaba por la reactivación gradual antes que por el cierre indefinido.
Desde el 1 de marzo de 2021, Bogotá formalizó su convivencia con la pandemia mediante el decreto 61, un marco normativo que regiría la vida cotidiana de la capital hasta el 1 de junio. La ciudad no buscaba ya el encierro total, sino un equilibrio más matizado: obligaciones claras, sanciones concretas y la lenta apertura de espacios que el virus había clausurado. En ese esfuerzo por sostener la vida económica sin abandonar la cautela sanitaria, Bogotá reflejaba la tensión que enfrentaban las grandes urbes del mundo entero.
El 1 de marzo de 2021, Bogotá inauguró una nueva etapa en su relación con la pandemia. La Alcaldía Mayor expidió el decreto 61, un conjunto de reglas de bioseguridad más precisas que las anteriores, pensadas para durar hasta el 1 de junio. Ya no se trataba de aislamientos generalizados, sino de normas concretas para cada rincón de la vida urbana.
La medida más visible fue el tapabocas obligatorio en todo espacio público, con multas para quienes no lo usaran. Las mascarillas quirúrgicas se recomendaban especialmente para adultos mayores y personas con enfermedades previas. Al mismo tiempo, desaparecieron rituales que habían marcado los primeros meses de la crisis: la toma de temperatura en las entradas y los tapetes desinfectantes fueron descartados por su escasa utilidad. En su lugar, se impuso el lavado de manos cada tres horas, el uso de geles con alto contenido de alcohol y la ventilación permanente de los locales.
El distanciamiento de dos metros se convirtió en la medida del espacio permitido entre personas. Los bares y discotecas siguieron cerrados, aunque la Alcaldía prometió trabajar con el gremio en un plan piloto de reapertura. El comercio no esencial pudo operar de 10 de la mañana a 11 de la noche; los restaurantes, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, con permiso para servir alcohol como acompañamiento de las comidas.
Las instituciones de educación superior retomaron clases presenciales con un aforo del 35%, repartido en dos jornadas. Los eventos que implicaran aglomeraciones y el consumo de alcohol en espacios públicos continuaron prohibidos. El incumplimiento de cualquier norma podía derivar en multas, amonestaciones o el cierre definitivo del establecimiento. Bogotá se preparaba así para tres meses más de convivencia regulada con el virus, buscando sostener la economía sin soltar la cautela.
A partir del 1 de marzo, Bogotá entró en una nueva fase de convivencia con la pandemia de COVID-19, esta vez bajo un conjunto de reglas más precisas y menos severas que las anteriores, pero aún obligatorias. La Alcaldía Mayor expidió el decreto 61 de 2021, un documento que establecería el marco de bioseguridad para la capital hasta el 1 de junio. El aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, conceptos que el Gobierno nacional había definido semanas antes, ahora tenían forma concreta en las calles bogotanas.
La medida más visible sería el tapabocas. Ya no era una recomendación. Cualquier persona que saliera de su casa debería cubrirse la nariz y la boca, sin importar qué estuviera haciendo. El decreto fue explícito: el incumplimiento traería multas y medidas correctivas conforme al Código Nacional de Policía. Para los adultos mayores y quienes padecían comorbilidades, las autoridades recomendaban específicamente mascarillas quirúrgicas, aunque no las hacían obligatorias. En los establecimientos públicos y privados, la ventilación se convirtió en un requisito no negociable. Las puertas y ventanas debían permanecer abiertas para que el aire circulara constantemente.
Algunas prácticas que habían marcado los primeros meses de la pandemia desaparecerían. La toma de temperatura en las entradas y los tapetes desinfectantes para los zapatos fueron descartados por su baja efectividad. En su lugar, las autoridades insistieron en el lavado de manos cada tres horas, el uso de geles desinfectantes con concentración de alcohol entre 60% y 95%, y la limpieza regular de superficies. Los dueños de establecimientos comerciales quedaban obligados a implementar los protocolos que el Ministerio de Salud y Protección Social había establecido, bajo pena de cierre.
El distanciamiento físico se fijó en dos metros. En los comercios, esto significaba controlar el aforo según el área del local, garantizando que ninguna persona estuviera más cerca de otra que esa distancia. Los bares y discotecas permanecerían cerrados, una decisión que generó protestas inmediatas de sus dueños. La Alcaldía, sin embargo, anunció que adelantaría mesas técnicas de trabajo con ese gremio para diseñar un plan piloto que permitiera su reapertura bajo condiciones de bioseguridad.
El comercio no esencial podría funcionar de 10 de la mañana a 11 de la noche. La manufactura y la construcción tenían restricciones en el ingreso de personal entre las 6 y las 10 de la mañana, pero podían operar libremente después. Las cigarrerías, panaderías, minimercados y tiendas de barrio no podrían abrir entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Las peluquerías, barberías y salones de belleza funcionarían desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los restaurantes y cafeterías tenían el horario más extendido: desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, y podían servir bebidas alcohólicas como acompañamiento de las comidas.
Las instituciones de educación superior, educación para el trabajo y enseñanza no formal podrían reabrir con un aforo del 35% de sus estudiantes matriculados, distribuidos en dos jornadas: una de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y otra de 7 de la noche a 11 de la noche. Seguían prohibidos los eventos públicos o privados que implicaran aglomeraciones, así como el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos o en establecimientos comerciales que no fueran gastronómicos.
El incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría resultar en multas, amonestaciones conforme al Código Nacional de Policía, o el cierre definitivo de los establecimientos. La ciudad se preparaba para tres meses más de convivencia regulada con el virus, mientras las autoridades buscaban un equilibrio entre la contención del contagio y la reactivación económica.
Citations marquantes
El uso de tapabocas, que cubra nariz y boca, será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor que desempeñen— Decreto 61 de 2021, Alcaldía Mayor de Bogotá