Biden creará grupo de trabajo para reunificar familias inmigrantes separadas por Trump

Cuando Joe Biden asumió la presidencia el 20 de enero, heredó una de las políticas migratorias más controvertidas de la era moderna estadounidense: la separación sistemática de familias que cruzaban la frontera sin documentación. Ahora, nueve días después, se disponía a enfrentar directamente ese legado. El martes siguiente, anunció la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki en su rueda de prensa del viernes, Biden crearía un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a reunificar a esas familias. El esfuerzo sería liderado por Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional, y representaba un compromiso personal tanto del presidente como de la primera dama Jill Biden.

La política que generó estas separaciones comenzó como un programa piloto en julio de 2017 en El Paso, pero fue formalizada en abril de 2018 bajo el nombre de "tolerancia cero". La idea era simple y brutal: cualquier adulto que cruzara la frontera sin documentos sería procesado criminalmente, lo que significaba que los menores a su cargo serían separados y colocados bajo custodia federal. Un tribunal federal detuvo la práctica en junio de 2018, pero el daño ya estaba hecho. Según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos que un comité del Congreso difundió en octubre de 2020, al menos 2.551 niños fueron identificados como separados bajo esa orden judicial.

La magnitud del problema se hizo evidente en los meses siguientes. Para agosto de 2018, aproximadamente 2.000 de los casi 2.600 menores identificados habían sido reunidos con sus padres. Pero unos 600 niños permanecían separados, y la situación de muchos se complicó irreversiblemente cuando sus padres fueron deportados a sus países de origen. Un grupo de abogados designado por el tribunal federal para supervisar las reunificaciones admitió públicamente que no había podido localizar a los padres de 545 niños que fueron apartados de sus familias entre 2017 y 2018. Esos menores seguían en el sistema de cuidado del gobierno estadounidense sin perspectiva clara de reunión.

Durante su campaña presidencial, Biden había caracterizado estas separaciones como "una mancha" en la reputación de Estados Unidos, y prometió revertirlas. Aunque originalmente planeaba firmar una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración el viernes 29 de enero, incluyendo medidas sobre separación de familias, asilo y admisión de refugiados, decidió aplazar esa acción para la semana siguiente para coordinarla con el anuncio del grupo de trabajo. Psaki explicó que el equipo había esperado que Mayorkas fuera confirmado por el Senado a finales de esa semana para poder proceder inmediatamente, y expresó la expectativa de que la confirmación ocurriría el lunes por la noche, permitiendo que Biden firmara la orden ejecutiva el martes.

El nuevo presidente ya había presentado ante el Congreso en su primer día de gestión una reforma migratoria integral que, entre otras disposiciones, ofrecía un camino hacia la ciudadanía estadounidense para aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país. La creación del grupo de trabajo de reunificación se insertaba dentro de esa estrategia más amplia de reorientar la política migratoria estadounidense. Sin embargo, el desafío que enfrentaría sería sustancial: localizar a cientos de padres dispersos en múltiples países, coordinar con gobiernos extranjeros, y resolver casos que habían permanecido sin resolver durante más de dos años. El grupo de trabajo tendría que navegar no solo la burocracia estadounidense, sino también las complejidades de la cooperación internacional para devolver a los niños con familias que habían sido deliberadamente dispersadas.