No vamos a cuestionar el trabajo de jueces y policías, pero tampoco haremos auditoría interna
Cuatro meses después de bendecir administrativamente el proyecto Búfalo de Forestalia como inversión prioritaria, el Gobierno aragonés de Jorge Azcón pide ahora que se investigue al PSOE por sus vínculos con esa misma empresa, envuelto en una tormenta judicial. La historia revela una tensión antigua en la política: la facilidad con que la indignación moral llega después de la firma, y la dificultad de sostener una narrativa coherente cuando el pasado y el presente se cruzan en el mismo expediente.
- El Gobierno de Azcón aprobó en diciembre el proyecto Búfalo de Forestalia como inversión prioritaria, y apenas cuatro meses después exige investigar al PSOE por ese mismo grupo empresarial.
- La portavoz Mar Vaquero carga la responsabilidad de la presunta corrupción sobre los gobiernos socialistas anteriores, pero omite que el funcionario clave investigado ya ocupaba su cargo desde 2017, bajo el PP de Rajoy.
- El Ejecutivo aragonés rechaza someterse a una auditoría interna del Inaga, el organismo que tramitó la aprobación del proyecto cuestionado, argumentando que no quiere interferir con la justicia.
- El Gobierno reforzará el Inaga con más recursos y presupuesto, y colaborará con investigaciones judiciales y policiales, pero sin solapar procedimientos ni actuar, según Vaquero, 'como un elefante en una cacharrería'.
- La vinculación de Forestalia con la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas, otro proyecto avalado por el Ejecutivo aragonés, queda sin respuesta clara: Vaquero lo define como un asunto entre privados.
En diciembre pasado, el Gobierno de Aragón aprobó formalmente el proyecto Búfalo de Forestalia, que contempla tres grandes centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén, clasificándolo como inversión de interés autonómico y proyecto prioritario. Cuatro meses después, ese mismo Ejecutivo pide que se investigue al PSOE por su relación con Forestalia, mientras la empresa atraviesa una tormenta judicial.
La portavoz Mar Vaquero defendió las medidas adoptadas por el Gobierno nacional —suspensión de proyectos y auditoría interna ministerial— y las calificó de acertadas y oportunas. Sin embargo, atribuyó la presunta corrupción a los gobiernos anteriores del PSOE y de Javier Lambán, sin mencionar que el ex subdirector general de Evaluación Ambiental investigado ya trabajaba en ese ministerio desde 2017, durante la etapa de Mariano Rajoy.
El Gobierno aragonés también avaló el proyecto Toro, la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas y Pedrola, en la que Forestalia actúa como aliado energético con catorce plantas renovables y más de mil millones de euros de inversión anunciada. Preguntada por este vínculo, Vaquero se desvinculó del asunto, calificándolo de acuerdo entre empresas privadas.
Respecto al Inaga, el organismo que tramitó la aprobación del proyecto Búfalo, Vaquero descartó una auditoría interna y anunció en cambio un refuerzo de recursos humanos, materiales y presupuesto. El Gobierno colaborará con la justicia y la policía, pero sin interferir: 'no queremos entrar como un elefante en una cacharrería', resumió la portavoz. Recordó además que Azcón impulsó una comisión de investigación sobre renovables al inicio de su mandato, aunque reconoció que entre quienes defendieron los proyectos de Forestalia en esa comisión hay alcaldes del Partido Popular.
En diciembre pasado, el Gobierno de Aragón bajo la dirección de Jorge Azcón aprobó formalmente el proyecto Búfalo, una iniciativa del grupo empresarial Forestalia que contempla la construcción de tres grandes centros de datos en los municipios zaragozanos de Magallón, Botorrita y Alfamén. La orden de aprobación, publicada en el Boletín Oficial de Aragón, clasificó la iniciativa como inversión de interés autonómico y proyecto prioritario. Cuatro meses después de esa bendición administrativa, el Ejecutivo regional ahora solicita que se investigue al PSOE por su relación con Forestalia, en medio de una tormenta judicial que rodea a la empresa.
La portavoz del Gobierno en funciones, Mar Vaquero, defendió la decisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno nacional, Sara Aagesen, de suspender los proyectos de Forestalia que están bajo investigación y de ordenar una auditoría interna en su ministerio. Vaquero calificó estas medidas como acertadas, convenientes y oportunas, y las presentó como necesarias para despejar dudas tras lo que describió como una situación grave, escandalosa y preocupante. Sin embargo, la portavoz atribuyó la mayor parte de los casos de presunta corrupción a los gobiernos anteriores del PSOE y al ejecutivo de Javier Lambán, sin mencionar que Eugenio Domínguez Collado, el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica que está en el centro de las investigaciones, ya trabajaba en ese ministerio desde 2017, durante la administración de Mariano Rajoy.
El Gobierno aragonés también ha avalado otros grandes proyectos empresariales. En julio del año anterior, aprobó el proyecto Toro, una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos que Stellantis construirá en Figueruelas y Pedrola. Forestalia, la empresa del grupo aragonés, se convirtió en el aliado energético de Stellantis y del fabricante chino CATL, liderando un proyecto de autoconsumo con catorce plantas renovables y una inversión anunciada de más de mil millones de euros. Cuando se le preguntó sobre este proyecto, Vaquero se desvinculó de él, argumentando que se trata de un asunto entre dos empresas privadas y que el Gobierno no ha recibido ninguna comunicación sobre preocupaciones o interés en revisarlo.
Respecto a la gestión interna, Vaquero rechazó la idea de realizar una auditoría interna del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Inaga, el organismo que tramitó la aprobación del proyecto Búfalo. En su lugar, anunció que el Gobierno reforzará el Inaga con más recursos humanos y materiales, aumentará su presupuesto, y colaborará con las investigaciones policiales y judiciales sin solapar procedimientos. Utilizó una expresión colorida para explicar su enfoque: no quieren entrar como un elefante en una cacharrería, dijo, refiriéndose a la necesidad de ser cuidadosos y no interferir con el trabajo de los jueces y la policía.
Vaquero recordó que Azcón prometió durante su campaña electoral de 2023 impulsar una comisión de investigación sobre los proyectos de energías renovables, y que efectivamente lo hizo al inicio de su gobierno, con participación de todos los grupos parlamentarios y numerosos expertos. Sin embargo, sostuvo que en este momento es necesario ser rigurosos y no cuestionar el trabajo de los jueces y la policía, respetando los tiempos de las investigaciones. También reconoció que entre los alcaldes que defendieron el proyecto de renovables de Forestalia en esa comisión hay miembros del Partido Popular, pero se remitió a la justicia para resolver cualquier cuestión pendiente. Finalmente, aclaró que el Gobierno autonómico no autorizó los proyectos de renovables porque esa competencia corresponde al Ministerio nacional.
Citações Notáveis
Se reforzó con medios humanos y materiales y se seguirá aumentando el presupuesto del Inaga, e igualmente colaborará con la investigación policial y judicial, pero sin solapar procedimientos— Mar Vaquero, portavoz del Gobierno de Aragón
Debemos ser exquisitos y no entrar como un elefante en una cacharrería— Mar Vaquero, sobre el enfoque del Gobierno ante las investigaciones
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Cómo se explica que el Gobierno aprobara el proyecto Búfalo en diciembre y ahora pida investigar al PSOE por Forestalia?
El Gobierno sostiene que la aprobación se hizo con rigor en ese momento, basándose en la información disponible. Las investigaciones judiciales posteriores han sacado a la luz nuevas cuestiones que no estaban en el horizonte cuando se tramitó la orden.
Pero la portavoz critica la gestión anterior sin mencionar que funcionarios clave estaban desde 2017 con Rajoy. ¿No es eso selectivo?
Sí, hay una omisión clara. Eugenio Domínguez Collado llevaba una década en el ministerio cuando llegó el PSOE. Atribuir todo a gobiernos anteriores sin reconocer esa continuidad es incompleto.
¿Por qué rechaza una auditoría interna del Inaga si dice que confía en su rigor?
Dice que no quiere interferir con las investigaciones judiciales. Pero también podría interpretarse como evitar que una auditoría interna descubra problemas en cómo se tramitó la aprobación del proyecto que ellos mismos firmaron.
¿Qué pasa con el proyecto Toro de Stellantis y CATL?
Vaquero lo presenta como un asunto entre empresas privadas, pero el Gobierno aragonés lo aprobó como proyecto de interés general. Forestalia está en el centro de ambas iniciativas, y ambas recibieron el sello de prioridad del Ejecutivo.
¿Hay conflicto de intereses aquí?
Lo que es claro es que el Gobierno aprobó proyectos de una empresa que ahora está bajo investigación judicial, y luego pidió investigar a sus rivales políticos por esa misma empresa. La cronología y la selectividad de las críticas generan preguntas incómodas.