Avanza y Alsa piden a Renfe que abandone su plan de crear empresa pública de autobuses

Renfe tiene un problema que podría convertirse en una oportunidad de negocio para las empresas de autobuses españolas. Durante los próximos años, Adif ejecutará un volumen masivo de obras en las infraestructuras ferroviarias que interrumpirá la circulación de trenes en múltiples tramos. Para mantener la movilidad de sus pasajeros, Renfe calcula que necesitará entre 200 y 300 autobuses diarios que funcionen como alternativa mientras se reparan las vías. La operadora ferroviaria ha decidido que la mejor forma de garantizar esa disponibilidad es crear su propia empresa de autobuses, asociándose con un socio privado del sector.

El plan es ambicioso y, en teoría, beneficioso para Renfe. La compañía que preside Álvaro Fernández Heredia quiere constituir una empresa participada en la que ella tendría el 51% de las acciones y su socio el 49%. Esta estructura le permitiría controlar directamente una flota de autobuses nuevos, con conductores propios, diseñada específicamente para cubrir sus necesidades de transporte alternativo. Los números que maneja Renfe son atractivos: estima que este modelo le costaría 61,5 millones de euros anuales, lo que representaría un ahorro de entre 9 y 13 millones al año comparado con lo que actualmente gasta contratando autobuses a través del mercado. Durante una década de contrato, prorrogable cinco años más, eso sumaría casi mil millones de euros en ahorros acumulados. Renfe espera tener esta empresa constituida antes de que termine el año.

Pero hay un problema. Las dos grandes empresas del sector de transporte de pasajeros por carretera, Avanza y Alsa, acaban de decir públicamente que no quieren que esto suceda. Durante la Asamblea General 2026 de Confebus, la patronal que las agrupa, su presidente Rafael Barbadillo fue directo: la organización se opone a la iniciativa y pide a Renfe que la abandone. Estas dos compañías son precisamente las que Renfe miraba como posibles socios, porque solo entre las 2.700 empresas de transporte de pasajeros por carretera que operan en España, apenas diez u once reúnen las condiciones técnicas y financieras que exigiría un contrato de esta envergadura.

La alternativa que proponen Avanza y Alsa es que Renfe siga confiando en el sector privado, pero a través de mecanismos ya probados: licitaciones públicas y acuerdos marco, el mismo sistema que utiliza el Ministerio de Defensa con el ejército o el Ministerio de Inclusión con el Imserso. Barbadillo argumentó que las empresas privadas de transporte en autobús han demostrado "sobradamente su eficacia y eficiencia" en la prestación de servicios de movilidad. En otras palabras: no nos necesitas como socios. Contrata con nosotros como lo haces con otros proveedores.

Esta posición de las grandes empresas se suma al rechazo que ya había expresado el sector de las pymes del transporte. Lo que está en juego es el modelo de negocio. Si Renfe crea su propia empresa de autobuses, aunque sea con un socio privado mayoritario, estaría compitiendo directamente con las compañías que ahora le venden servicios. Además, la estructura de participación accionaria que propone Renfe, con control del 51%, significa que la operadora ferroviaria tendría poder de decisión sobre la estrategia, los precios y la operación de esa flota.

Las grandes empresas también esperan con atención el nuevo mapa concesional que está preparando el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Óscar Puente. Ese mapa podría redefinir cómo operan las grandes líneas de autobús en España, bajo un régimen concesional que les ha garantizado estabilidad. Quieren que ese nuevo marco sea "más eficiente, sostenible, digital y adaptado a las nuevas demandas", pero manteniendo todas las paradas y rutas existentes. Es decir, quieren cambio, pero dentro de las reglas del juego que conocen.

Renfe, por su parte, tiene una lógica clara: si depende de licitaciones y acuerdos marco para conseguir autobuses cuando los necesita, está sujeta a los precios del mercado y a la disponibilidad de capacidad en el sector. Crear su propia empresa le daría control sobre esa variable crítica. Pero ese control tiene un costo político y comercial. Ahora debe elegir entre mantener su plan de empresa participada, enfrentándose a la oposición de los principales actores del sector, o buscar un acuerdo con ellos que le garantice la disponibilidad de autobuses sin crear una estructura empresarial nueva. La decisión que tome en los próximos meses definirá no solo cómo Renfe gestionará las obras de Adif, sino también el futuro de la relación entre el transporte ferroviario y el transporte por carretera en España.