Cada comisión era una vía para incrementar las retribuciones anuales
En las primeras semanas de su mandato, Ángel Simón ha comenzado a desmantelar la arquitectura de poder que sus predecesores construyeron en Indra, suprimiendo comisiones que, bajo la apariencia de gobierno corporativo, servían también como fuente de ingresos complementarios para los consejeros. La medida, que recorta hasta 127.000 euros anuales a algunos miembros del consejo, revela una tensión clásica entre la eficiencia institucional y los intereses arraigados de quienes se beneficiaban del orden anterior. En una empresa estatal con contratos gubernamentales acumulados y penalizaciones por retraso, la reorganización no es solo administrativa: es una declaración de intenciones sobre quién manda y hacia dónde va Indra.
- Simón lleva apenas tres meses como presidente y ya ha puesto en jaque los ingresos de los propios consejeros que lo eligieron, suprimiendo comisiones que algunos percibían como derechos adquiridos.
- El recorte puede alcanzar los 127.000 euros anuales por consejero, afectando directamente a figuras clave como Bernardo Villazán, cuyo voto fue decisivo para la llegada de Simón al cargo.
- La empresa arrastra retrasos significativos en contratos gubernamentales con cláusulas de penalización, lo que convierte la reorganización interna en una urgencia financiera y no solo política.
- El nuevo consejero delegado Recasens, que admite desconocer la industria de defensa, tiene orden de acelerar la ejecución de contratos y de apartar a directivos leales al anterior presidente Escribano.
- La incertidumbre rodea incluso los cimientos del nuevo equipo: Recasens aún no había podido formalizar su contrato con Indra el día en que Simón presidía la junta general de accionistas.
Ángel Simón reunió a los consejeros de Indra para anunciarles una reorganización de las comisiones del consejo: algunas desaparecerían, otras serían reformadas. Lo que se presentaba como una medida de eficiencia tenía una consecuencia directa e incómoda para los presentes: sus retribuciones anuales iban a reducirse.
Indra, empresa estatal de defensa participada en un 28,5% por la SEPI, acumulaba retrasos en la ejecución de contratos gubernamentales. Simón, nombrado presidente el 2 de abril, consideraba que la estructura heredada era excesiva y frenaba las decisiones. Las seis comisiones existentes —entre ellas las de auditoría, sostenibilidad, nombramientos y estrategia— no solo cumplían funciones de gobierno corporativo: también eran una fuente de ingresos complementarios. Los consejeros cobraban 80.000 euros fijos anuales, pero algunos sumaban hasta 127.000 euros adicionales por su participación en estos comités. Villazán, cuyo voto había sido clave para la elección de Simón, percibía 105.000 euros extra; Miguel Sebastián, representante de la SEPI, recibía 78.000 más.
La decisión generó revuelo en el consejo. Simón, que se alojaba en el Palace durante sus estancias en Madrid, estaba dispuesto a asumir esa resistencia. Paralelamente, quería reducir el comité de dirección, formado por 16 ejecutivos —número que consideraba poco funcional—, varios de ellos nombrados por su antecesor Ángel Escribano.
El nuevo consejero delegado, Josep María Recasens, llegó tras el despido fulminante de José Vicente de los Mozos. Recasens reconoció a su entorno que desconocía la industria de defensa, pero tenía una misión clara: acelerar los contratos con el Gobierno, muchos de ellos con penalizaciones por retraso, y rodearse de personas de su confianza. Eso ponía en riesgo las posiciones de directivos próximos a Escribano, como Manuel Escalante y Miguel Ángel Panduro. La guerra interna de los últimos meses daba paso a una reorganización que prometía más operatividad, aunque con una sombra pendiente: hasta el viernes anterior a la junta general, Recasens aún no había podido formalizar su contrato con Indra por problemas con su salida de Renault España.
Ángel Simón convocó a los consejeros de Indra a primera hora de la mañana para comunicarles una decisión que iba a cambiar la estructura de poder en la empresa: iba a reorganizar las comisiones del consejo de administración, suprimiendo algunas de las seis que existían y reformando las que permanecieran. Lo que parecía una medida de eficiencia administrativa era, en realidad, algo más incómodo: un recorte de las retribuciones anuales de los propios consejeros.
La empresa estatal de defensa, participada en un 28,5% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), llevaba acumulado un retraso significativo en la ejecución de los numerosos contratos que el Gobierno había otorgado. Simón, nombrado presidente hace apenas tres meses, el 2 de abril, consideraba que la estructura jerárquica heredada de sus antecesores era excesiva y ralentizaba la toma de decisiones. Quería una compañía más operativa, menos burocrática. Conocido por mantener reuniones breves y pocas, había despachado con suma rapidez la comisión delegada ejecutiva y la de estrategia, que él mismo dirigía, sorprendiendo a algunos de los presentes. Según varias fuentes internas, la delegada era una de las que se iba a suprimir.
La estructura actual de Indra incluía, además de esas dos, una comisión de auditoría y cumplimiento, otra de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, una de sostenibilidad y un comité de dirección. Cada una de estas instancias representaba, en la práctica, una fuente de ingresos complementarios para sus miembros. Los consejeros percibían una retribución fija de 80.000 euros anuales, pero algunos de ellos ganaban hasta 127.000 euros adicionales por su participación en estas comisiones. Bernardo Villazán, el consejero cuyo voto había sido decisivo para que Simón fuera nombrado presidente al romper el acuerdo entre los consejeros independientes, percibía 105.000 euros extras por estar en tres comités asesores, presidiendo uno de ellos. Miguel Sebastián, representante de la SEPI en el consejo, recibía 78.000 euros más por ser miembro de la comisión de estrategia, auditoría y sostenibilidad.
La decisión de Simón había provocado cierto revuelo en el consejo de administración. El presidente, que se hospedaba en el Palace, un hotel de cinco estrellas en Madrid durante sus estancias en la capital, estaba dispuesto a enfrentar la resistencia que sabía que vendría. Pero había más cambios en marcha. También quería hacer más eficiente el comité de dirección, formado por 16 ejecutivos, un número que consideraba excesivo y poco funcional. Ese comité había sido aprobado apenas un año antes, cuando Ángel Escribano, el presidente anterior, había nombrado directores generales a Luis Fernández Hernando, al frente de Minsait; a Sebastián Bamonde Bermúdez de Castro, responsable de Operaciones; a Juan Pedro Rodríguez Veiga, jefe de Internacional, e Ignacio Martínez González, responsable de IndraMind.
Josep María Recasens, el nuevo consejero delegado, había sido elegido tras el despido fulminante de José Vicente de los Mozos. Recasens, que había reconocido a su entorno su desconocimiento de la industria de defensa, tenía una orden clara de Simón: acelerar la ejecución de los contratos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, muchos de los cuales incluían penalizaciones en caso de retrasos. Para ello, quería rodearse de personas de su confianza, lo que significaba que varios de los directivos próximos a Escribano, como Manuel Escalante, mano derecha del anterior presidente, y Miguel Ángel Panduro, responsable del área de Indra Space, podrían ver sus posiciones amenazadas. La guerra interna que había marcado los últimos meses bajo el mandato de Escribano estaba siendo reemplazada por una reorganización que buscaba, al menos en teoría, mayor operatividad. Pero había una incertidumbre pendiente: hasta el viernes anterior, Recasens aún no había podido formalizar su contrato con Indra debido a problemas en la resolución de su anterior contrato en Renault España, lo que dejaba en duda su presencia en la junta general de accionistas que Simón dirigiría ese mismo día.
Notable Quotes
Simón considera que la estructura jerárquica es excesiva y ralentiza la toma de decisiones— Fuentes internas de Indra
Recasens ha reconocido a su entorno su desconocimiento de la industria de defensa— Entorno de Josep María Recasens
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un presidente nuevo necesita suprimir comisiones? ¿No es eso solo burocracia?
Porque cada comisión es dinero. Los consejeros ganaban hasta 127.000 euros extras por estar en ellas. Simón ve eso como ineficiencia disfrazada.
Entonces esto es un recorte de salarios disfrazado de reforma.
Exactamente. Y eso explica el revuelo en el consejo. Nadie quiere perder 105.000 euros anuales sin pelear.
¿Y por qué Simón tiene el poder para hacer esto?
Porque la empresa lleva meses retrasada en contratos del Gobierno con penalizaciones. Simón fue traído para acelerar eso. La eficiencia es su argumento.
¿Quién se opone?
Los consejeros que ganan más con las comisiones, y los ejecutivos que Escribano puso en el comité de dirección. Simón quiere gente de confianza de Recasens, el nuevo consejero delegado.
¿Recasens tiene experiencia en defensa?
No. Él mismo lo ha reconocido. Pero tiene la orden de acelerar contratos, y eso es lo que importa ahora.