Amazon, Microsoft y Google llevan sus centros de datos al Consejo de Estado contra el decreto regulatorio

Las grandes tecnológicas internacionales están movilizando su arsenal legal contra el Gobierno de España. Amazon, Microsoft y Google, agrupadas bajo la asociación SpainDC, han presentado alegaciones formales ante el Consejo de Estado para cuestionar un decreto regulatorio que el Ministerio para la Transición Ecológica está tramitando. La jugada es clara: quieren que el máximo órgano consultivo del Estado conozca directamente sus objeciones antes de que el Gobierno remita el proyecto normativo para su dictamen oficial.

El decreto en cuestión impone nuevas exigencias a los centros de datos, siendo la más controversial la obligación de que funcionen con un 80% de energía renovable adicional hora a hora. SpainDC, presidida por Emilio Díaz y dirigida por Begoña Villacís, considera que esta normativa es discriminatoria y carece de encaje jurídico sólido. En un comunicado difundido el viernes, la asociación advirtió que "hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía". Villacís, abogada de formación y exlíder de Ciudadanos, fue clara: no descartan terminar en los tribunales si la regulación no se revisa.

La batalla legal ya está en marcha. SpainDC ha contratado a algunos de los despachos de abogados más prestigiosos del país: Garrigues, Cuatrecasas y A&O Shearman, entre otros. Estos bufetes están escudriñando todas las cuestiones regulatorias del decreto, con equipos especializados en derecho público y algunos de los mejores litigantes del mundo. El argumento central es que el Ministerio de Transición Ecológica está asumiendo competencias que legalmente corresponden a la CNMC, el regulador independiente de energía.

Lo que hace esta disputa particularmente delicada para el Gobierno es el fantasma de 2013. Ese año, España sufrió decenas de arbitrajes internacionales por cambios regulatorios en el sector energético, un problema que aún no se ha resuelto completamente y que dañó la reputación del país en los mercados financieros. Ahora, muchos de los inversores en centros de datos son capitales extranjeros que podrían plantear arbitrajes internacionales contra España si sus inversiones se ven afectadas. SpainDC no ha querido entrar en detalles sobre este escenario, pero la amenaza está implícita.

Los números en juego son enormes. Las grandes tecnológicas estiman que podrían movilizar casi 67.000 millones de euros en inversión hasta 2030 en infraestructuras de centros de datos en España. El país tiene condiciones ideales para estos activos: energía renovable abundante, infraestructura digital y ubicación estratégica. Pero la nueva regulación, según las empresas, hace inviable técnica y económicamente cumplir con el requisito del 80% de energía renovable adicional hora a hora. Además, advierten que estas exigencias perjudicarán especialmente a las empresas más pequeñas, mientras que los gigantes de Wall Street tienen más capacidad financiera para resistir el embate regulatorio.

El Gobierno, por su parte, no se amedrenta. El jueves pasado cerró el plazo de alegaciones, que duró solo 14 días, y recibió más de 600 comentarios de toda índole. El Ejecutivo se reafirma en sus pretensiones regulatorias, aunque está abierto a cambios si se mantiene la filosofía del decreto. Ahora el proyecto debe pasar por el Consejo de Estado, donde recibirá un dictamen que, aunque no es vinculante, tiene considerable peso político y legal.

La situación aún está en fase preliminar, pero la tensión es palpable en los mercados financieros internacionales. La semana pasada, empresas y fondos expresaron "preocupación" sobre la normativa española en un foro organizado por Goldman Sachs en Londres, según reveló EL PAÍS/CincoDías. Lo que comenzó como un decreto regulatorio se ha convertido en un pulso entre el Estado español y algunas de las corporaciones más poderosas del mundo, con inversiones multimillonarias y posibles litigios internacionales como telón de fondo.