Acusación contra Maduro por tortura coincide con patrones documentados por la ONU

Una nueva acusación presentada esta semana contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores describe un patrón sistemático de tortura, desaparición forzada y represión política que coincide notablemente con lo que investigadores de Naciones Unidas han estado documentando desde 2014. Los fiscales estadounidenses acusan a Maduro de haber participado de manera personal y directa en decisiones sobre detenciones, interrogatorios y tortura, una conclusión que va más allá de lo que la misión de la ONU había establecido en su informe de 2020, cuando señaló que el entonces presidente y otros funcionarios de alto nivel no solo conocían estos crímenes sino que los coordinaban activamente.

La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas comenzó su trabajo en 2019 pero examinó casos que se remontan al primer semestre de 2014, cuando estallaron las primeras grandes protestas contra Maduro un año después de que asumiera la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez. Los hallazgos iniciales fueron publicados en 2020, pero el documento de 35 páginas presentado ahora por la Fiscalía amplía significativamente esas conclusiones con testimonios de víctimas que describen métodos específicos de abuso.

Tres ciudadanos estadounidenses no identificados en la acusación ofrecen relatos detallados de lo que sufrieron en manos de agentes de seguridad venezolanos. El primero, identificado como "víctima 7", fue detenido en enero de 2022 cuando entraba al país. Pasó ocho meses y medio en prisión donde, según la acusación, le negaron alimento y le inyectaron una sustancia que le provocó convulsiones. El segundo, llamado "víctima 8", fue detenido en agosto de 2023 cuando viajaba para visitar a familiares. Funcionarios de inteligencia militar lo golpearon hasta causarle una lesión grave en la espalda que requirió hospitalización, luego lo trasladaron en ambulancia a las oficinas de esa organización con un arma en la boca y le aplicaron descargas eléctricas. Según los fiscales, uno de sus captores le dijo que seguía vivo porque descubrieron que era ciudadano estadounidense y podría servir para un intercambio de prisioneros. El tercero, "víctima 9", fue detenido alrededor del 29 de enero de 2025 cuando agentes llegaron a su casa buscando a otra persona. Lo llevaron encapuchado al sótano de lo que describió como una comisaría y lo golpearon durante 48 horas, sufriendo una lesión permanente en un ojo.

Los métodos descritos en la acusación incluyen descargas eléctricas, asfixia, golpizas, secuestro, aislamiento prolongado en celdas de castigo y tortura psicológica, así como amenazas de daño o muerte contra familiares, incluyendo niños. La investigación de la ONU ha documentado que estos mismos métodos fueron utilizados para obtener confesiones forzadas que incriminaran a otras personas, creando un ciclo de represión que se extendía más allá de las víctimas iniciales.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha declarado que su cliente niega el nuevo cargo de conspiración para cometer tortura y espera su próxima comparecencia ante el tribunal. Maduro también se ha declarado inocente de cargos anteriores de narcoterrorismo y tráfico de drogas. El gobierno venezolano ha rechazado consistentemente las conclusiones de los informes de la ONU, pero los hallazgos de la Fiscalía se suman a décadas de testimonios de víctimas y defensores de derechos humanos que han descrito una máquina represiva a gran escala diseñada para mantener a la pareja presidencial en el poder.

Entre 2022 y 2025, Venezuela y Estados Unidos llevaron a cabo negociaciones que resultaron en la liberación de varios prisioneros. En octubre de 2022, Caracas liberó a seis ejecutivos estadounidenses de Citgo a cambio de que el gobierno de Biden otorgara perdón presidencial a dos sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico. En diciembre de 2023, Alex Saab recibió clemencia mientras Venezuela liberaba a diez estadounidenses detenidos. En enero de 2025, el enviado especial estadounidense Richard Grenell negoció la libertad de otras seis personas a cambio de la reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela.

El juicio está programado para comenzar en junio de 2027. El gobierno venezolano aún no ha reaccionado públicamente a estas nuevas acusaciones, aunque sí respondió cuando Maduro se declaró inocente de los cargos anteriores en enero. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se refirió inmediatamente a la acusación mientras anunciaba el inicio de la Navidad para el 1 de noviembre.