Acusación contra Maduro por tortura coincide con patrones documentados por la ONU

Una acusación presentada el jueves contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores describe un sistema de represión estatal que, según los fiscales estadounidenses, se sostuvo sobre la tortura sistemática, las desapariciones forzadas y la persecución de opositores políticos. Lo que distingue esta acusación de las anteriores es su alcance: la Fiscalía sostiene que Maduro participó de manera personal y directa en decisiones sobre detenciones, interrogatorios y torturas, una conclusión que amplía significativamente lo que la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas había documentado años atrás.

La misión de la ONU comenzó su trabajo en 2019, aunque sus investigaciones se remontan a 2014, cuando estallaron las primeras grandes protestas contra Maduro. En su informe de 2020, el equipo de la ONU concluyó que tenía "motivos razonables" para creer que el entonces presidente y otros altos funcionarios no solo conocían los crímenes de represión, sino que los coordinaban activamente y suministraban recursos para ejecutarlos. La nueva acusación estadounidense, de 35 páginas, retoma esos hallazgos y los profundiza con testimonios específicos de víctimas, incluidos ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela.

Los relatos contenidos en la acusación pintan un cuadro de violencia sistemática. Ciudadanos estadounidenses fueron sometidos a descargas eléctricas, asfixia, golpizas, secuestro, aislamiento prolongado en celdas de castigo y tortura psicológica. Algunos fueron amenazados con daño o muerte para sus familiares, incluidos niños. Según la investigación de la ONU, estos métodos también se utilizaron para extraer confesiones forzadas que incriminaran a otras personas.

Tres casos específicos de ciudadanos estadounidenses aparecen detallados en la acusación bajo pseudónimos. La "víctima 7" fue detenida en enero de 2022 al ingresar a Venezuela y pasó ocho meses y medio en prisión donde le negaron alimento e inyectaron una sustancia que le causó convulsiones. La "víctima 8" fue detenido en agosto de 2023 cuando viajaba para visitar familiares; funcionarios de inteligencia militar lo atacaron causándole una lesión grave en la espalda que requirió hospitalización, luego fue trasladado en ambulancia con un arma en la boca y recibió descargas eléctricas. Según la acusación, sus captores le dijeron que seguía vivo porque descubrieron su nacionalidad estadounidense y consideraron que podría ser útil para un intercambio de prisioneros. La "víctima 9" fue detenida alrededor del 29 de enero de 2025 cuando agentes llegaron a su casa buscando a otra persona; fue golpeado durante 48 horas en el sótano de lo que describió como un cuerpo policial, sufriendo una lesión permanente en un ojo.

Estos casos no ocurren en el vacío. Entre 2022 y 2025, Venezuela y Estados Unidos negociaron la liberación de prisioneros en varios momentos. En octubre de 2022, Caracas liberó a seis ejecutivos de Citgo a cambio de que el gobierno Biden otorgara perdón presidencial a dos sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico. En diciembre de 2023, Alex Saab recibió clemencia mientras Venezuela liberaba a diez estadounidenses detenidos. En enero de 2025, el enviado especial Richard Grenell negoció la libertad de otras seis personas a cambio de la reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela.

Barry Pollack, abogado de Maduro, ha dicho que su cliente niega el nuevo cargo de conspiración para cometer tortura y espera su próxima comparencia. Maduro también se ha declarado inocente de cargos anteriores de narcoterrorismo y tráfico de drogas. El gobierno de Venezuela ha rechazado históricamente las conclusiones de los informes de la ONU, pero los hallazgos de la Fiscalía se suman a décadas de testimonios de víctimas y defensores de derechos humanos que han descrito una maquinaria represiva a gran escala diseñada para mantener a la pareja presidencial en el poder.

El juicio está programado para junio de 2027. Mientras tanto, la acusación también detalla el papel de funcionarios venezolanos no identificados que habrían participado en las torturas. El gobierno de Venezuela aún no ha reaccionado públicamente a estas nuevas acusaciones, aunque su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado el inicio de la Navidad para el 1 de noviembre.