Abogado del Presidente firmó contratos por $466 millones con el Gobierno; su esposa labora en Aerocivil

Pedro Alejandro Carranza Cepeda es un abogado penalista que en los últimos dieciséis meses ha firmado contratos por 466 millones de pesos con entidades del gobierno colombiano. Entre mayo de 2024 y julio de 2025, su nombre y el de su empresa aparecen en acuerdos con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Club Militar y la Presidencia. Lo que complica el panorama es que durante parte de ese período, Carranza también se desempeñaba como abogado del presidente Gustavo Petro y de su hijo Nicolás, quien enfrenta investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La trayectoria de estos contratos comienza el 8 de mayo de 2024, cuando Carranza firma un acuerdo con la ANI por 93 millones de pesos como persona natural. Siete meses después, en diciembre, se convierte en apoderado de Nicolás Petro. Luego, a través de su empresa Grupo Carranza Abril SAS —constituida en 2009 junto con su esposa Julieth Mayerly Abril— la firma contrata con el Club Militar en septiembre de 2024 por 19 millones de pesos para servicios de asesoría estratégica. En enero de 2025 llega otro contrato con la misma entidad, esta vez por 87 millones. En ese momento, el general retirado José Henry Pinto dirigía el Club Militar. Pinto saltaría después a la dirección de la Aerocivil en mayo de 2025.

Un mes después de llegar a Aerocivil, Pinto contrató a Julieth Abril, la esposa de Carranza, como asesora grado 30 con salario de 9 millones de pesos mensuales. La conexión se vuelve más visible cuando se considera que Pinto es la misma persona que admitió haber contratado a Gabriela Muñoz y a su hermano Santiago en la Aerocivil por solicitud de Liliana Olaya, coordinadora de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esos contratos generaron escándalo público hace poco tiempo.

Los números continúan. En julio de 2025, cuando Carranza ya era apoderado del presidente, la empresa de Carranza firmó otro contrato con la ANI por 78 millones de pesos. En febrero de 2026 llegó uno más, esta vez por 187 millones 700 mil pesos, también con la ANI. Hace una semana, Carranza explicó públicamente un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia adjudicado el 25 de julio que se extendería hasta el 31 de diciembre, pero que él rechazó tras encontrar un error en los plazos.

Carranza ha salido a defenderse de las implicaciones. Sostiene que es abogado de la ANI desde antes de convertirse en apoderado de Nicolás Petro y del presidente. Afirma que el primer contrato lo recibió como persona natural y que posteriormente actuó como representante de víctimas en casos Odebrecht. Respecto a sus honorarios, dice que se pagan de la póliza que protege a los altos funcionarios del Estado y que en enero de este año recibió un pago por el trabajo del año anterior. Sobre el Club Militar, asegura que ha sido abogado del general Pinto durante muchos años, mucho antes de que Pinto llegara a dirigir esa entidad.

En cuanto a su esposa, Carranza enfatiza que ella es magíster en derecho con dos especializaciones y más de quince años de experiencia en litigio en grandes casos. Dice que Pinto la llevó como asesora y que el contrato de la empresa con el club terminó sin renovarse. Niega cualquier vínculo entre su esposa y los casos de Gabriela Muñoz o su hermano Santiago. Carranza también puntualiza que su oficina ha mantenido diversos negocios y que ninguno de sus clientes, con excepción de Ricardo Bonilla, ha tenido relación con Petro.

Lo que da mayor peso a las preguntas es un chat en poder de la Corte Suprema. En esa comunicación, Carranza le ofrece a Gloria Arizabaleta, la excongresista del Pacto Histórico investigada por presunta concusión y tráfico de influencias, escribir una compulsa de copias para llevar al exfiscal Néstor Humberto Martínez ante la justicia. Arizabaleta es indagada por haber buscado suspender al presidente Petro por violación de topes de campaña. El exfiscal Martínez ha advertido que la conducta de Carranza podría ser catalogada como usurpación de función pública y que espera que la justicia penal califique sus acciones. La investigación de la Corte Suprema contra Arizabaleta también ha dejado en evidencia comunicaciones entre Carranza y ella sobre los procesos contra Petro y contra sus detractores.