Corte Suprema ordena garantizar agua potable en asentamientos irregulares de Juárez

En Los Kilómetros, un asentamiento irregular que crece sobre la carretera a Nuevo Casas Grandes en Ciudad Juárez, el agua llega en camión cisterna cada diez o quince días. No hay tuberías que abrir, no hay regadera disponible cuando se necesita bañar a un hijo, no hay forma de lavar platos sin planificar días antes. Las familias que viven allí —muchas llegadas como migrantes hace décadas, que construyeron sus casas con lo que tenían y echaron raíces mientras el Estado nunca terminaba de llegar— reciben el agua que viene en la pipa, la guardan en lo que pueden, y la raciona hasta la próxima entrega. Durante años, esa fue simplemente la vida que tocó vivir.

Cuando algunas de esas familias decidieron ir a los tribunales a reclamar lo que creían era un derecho, se encontraron con una puerta cerrada. El juzgado que recibió el caso argumentó que no podían probar que vivían en esos inmuebles: no había escrituras, no había contratos, no había recibos de servicios. La lógica era circular y brutal. La prueba de que no tenían agua era exactamente que no tenían documentos que lo demostraran. El tribunal pedía papeles que la propia precariedad del asentamiento hacía imposible obtener. Fue esa contradicción la que llegó hasta la Suprema Corte.

El Pleno de la Corte resolvió el caso con un razonamiento que toca el fondo de cómo funciona la justicia para los más vulnerables. En contextos de asentamientos donde viven personas en situación de precariedad, basta una declaración bajo protesta de decir verdad sobre dónde se vive para acreditar el interés legítimo en el caso. No se puede exigir como prueba de residencia aquello que la irregularidad del asentamiento hace precisamente imposible de obtener. Las escrituras no existen porque nadie regularizó los terrenos. Los recibos de agua no existen porque el agua no llega. Pedir esos documentos para acceder a la justicia no es un requisito razonable: es un círculo que atrapa a las personas más vulnerables y las impide reclamar los derechos que la Constitución les reconoce.

Pero la Corte no se detuvo en abrir la puerta del proceso. Una vez adentro, fue igualmente contundente sobre el fondo del asunto. El derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4° constitucional, incluye un mínimo vital indispensable que el Estado debe garantizar de forma inmediata, sin importar si el asentamiento donde vive una persona está regularizado o no. La condición de irregularidad urbanística no puede suspender la obligación estatal de proteger condiciones mínimas de vida. La burocracia del registro no puede pesar más que la dignidad de las personas.

La Corte concedió el amparo a las familias de Los Kilómetros y giró órdenes precisas con destinatarios y plazos. De forma inmediata, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez debe garantizar el suministro del mínimo vital de agua potable. A mediano plazo, la autoridad deberá poner en marcha un programa de infraestructura que incluya depósitos de almacenamiento masivo para permitir la conservación y distribución adecuada del agua. La Secretaría de Hacienda del estado quedó obligada a asegurar la asignación prioritaria de los recursos presupuestales necesarios. No son buenas intenciones: son obligaciones jurídicas.

Esta sentencia establece un precedente que va mucho más allá de Ciudad Juárez. En México hay miles de asentamientos irregulares donde la gente vive sin acceso regular a servicios básicos, no por elección sino por circunstancias históricas, económicas y estructurales que el Estado no ha resuelto. La doctrina que ahora establece la Corte dice algo claro a todas esas comunidades: los obstáculos administrativos y probatorios no pueden convertirse en barreras para acceder a la justicia. Y dice algo igualmente claro a las autoridades: la irregularidad de un asentamiento no las exime de sus obligaciones constitucionales frente a quienes viven en él.

El acceso al agua no es un privilegio que se gana cumpliendo trámites. Es un derecho humano que existe por el solo hecho de ser persona. Que una familia tenga que esperar diez días para recibir agua en pipa, en el siglo XXI, en una ciudad fronteriza, no es una anomalía menor: es una falla estructural del Estado que los tribunales no pueden ignorar. La Suprema Corte no ignoró. Y en eso consiste el sentido más profundo de su función: ser el último recurso de quienes el sistema ha dejado atrás. A partir de esta sentencia, el agua en Los Kilómetros tiene que cambiar.