El dinero que pueden reinvertir en la empresa, en contratar gente
En el umbral de febrero, Uruguay reescribe el pacto entre el Estado y quienes producen: el gobierno de Yamandú Orsi amplía el acceso a incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, eliminando barreras que durante años las dejaron fuera del sistema de promoción de inversiones. La reforma, que hunde sus raíces en una política de Estado nacida en 1998, no solo ajusta números sino que desplaza el criterio de mérito: ya no basta con invertir mucho, ahora importa dónde se invierte y a quién se emplea. Es una señal de que el crecimiento económico y la justicia territorial pueden, al menos en la intención, caminar juntos.
- Las pymes uruguayas enfrentaban un techo invisible: el límite de USD 500.000 las excluía en la práctica de los beneficios fiscales más sustanciales del país.
- El nuevo decreto rompe ese techo y añade 15 puntos porcentuales de exoneración del IRAE para pequeñas empresas, más tiempo para usar los beneficios y acceso para firmas sin contabilidad formal.
- Los grandes proyectos de más de USD 30 millones podrán alcanzar exoneración total del impuesto a la renta, pero solo si demuestran impacto en empleo e innovación antes de plazos estrictos.
- La Comisión de Aplicación se moderniza tecnológicamente para que los incentivos no queden atrapados en la burocracia y lleguen a tiempo a quienes los necesitan.
- El sistema completo entra en vigor el 1° de febrero, con la mirada puesta en departamentos con mayor desempleo y en grupos con dificultades históricas de acceso al mercado laboral.
El gobierno de Yamandú Orsi modificó en profundidad el régimen de promoción de inversiones de Uruguay, con cambios que entran en vigor el 1° de febrero. La medida más significativa para las pequeñas empresas es la eliminación del tope de USD 500.000 que limitaba su acceso al sistema, acompañada de 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del IRAE y dos años extra para aprovechar esos beneficios. Las empresas medianas, de hasta 50 empleados, reciben 10 puntos adicionales y un año más.
Esta reforma no es una ruptura sino una evolución: el sistema de promoción de inversiones existe desde 1998, bajo la presidencia de Sanguinetti, y ha sobrevivido a gobiernos de distinto signo político. Lo que cambia ahora es el criterio de prioridad. Antes, el sistema premiaba el volumen de inversión; ahora pondera el impacto social y territorial, favoreciendo a empresas que generen empleo en grupos vulnerables y que descentralicen operaciones hacia departamentos con mayor desempleo y pobreza.
Los beneficios concretos incluyen exoneración del IRAE de hasta el 100%, exoneración del Impuesto Patrimonio, libre importación de bienes no competitivos con la industria local y certificados de crédito del IVA por compras nacionales. Para proyectos que superen los USD 30 millones, la exoneración total del impuesto a la renta es posible, siempre que se cumplan metas en generación de empleo e innovación dentro de plazos definidos.
Para que los incentivos no queden solo en el papel, el gobierno también modernizó la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, incorporando tecnología que agiliza el análisis de proyectos. La apuesta del equipo económico de Orsi es que facilitar el acceso de las pymes al sistema, sin las trabas burocráticas ni los umbrales que las excluían, puede traducirse en crecimiento económico con mayor inclusión laboral y distribución territorial.
El gobierno de Yamandú Orsi acaba de reescribir las reglas del juego para quienes quieren invertir en Uruguay. A partir del 1 de febrero, las pequeñas y medianas empresas tendrán acceso a incentivos fiscales sin los límites que las frenaban antes. Se eliminó el tope de 500.000 dólares que restringía cuánto podían invertir para calificar, y ahora recibirán 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, más dos años extra para usar esos beneficios. Las empresas medianas, con hasta 50 empleados, obtienen 10 puntos porcentuales adicionales y un año extra.
Esta reforma no surge de la nada. Desde que asumió, el equipo económico de Orsi ha repetido que el crecimiento es su brújula. Durante la campaña, fue su respuesta cada vez que se preguntaba cómo financiaría sus planes. El sistema de promoción de inversiones que ahora modifica tiene raíces profundas: fue aprobado en 1998 bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti y ha sobrevivido a gobiernos de diferentes signos políticos, todos eligiendo mantenerlo aunque con énfasis distintos. Es, en esencia, una política de Estado.
El nuevo decreto busca modernizar la matriz de indicadores que definen quién califica. En lugar de solo mirar números de inversión, ahora prioriza empresas que generen empleo para grupos con dificultades de acceso al mercado laboral y que descentralicen sus operaciones hacia departamentos con mayores niveles de desempleo y pobreza. El Ministerio de Economía y Finanzas enfatiza que la herramienta se democratiza principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que recibirán incentivos adicionales. También se habilitó a empresas sin contabilidad suficiente para acceder a estos beneficios, ampliando el círculo de elegibles.
Los beneficios concretos son amplios. Las empresas cuyos proyectos sean declarados promovidos accederán a exoneración del IRAE de hasta el 100%, estarán exoneradas del Impuesto Patrimonio, no pagarán tasas ni tributos a la importación de bienes no competitivos con la industria local, y obtendrán certificados de crédito del IVA por compras de insumos, equipos y servicios adquiridos en el país.
Para los grandes proyectos, el gobierno estableció un piso de 30 millones de dólares. Quienes inviertan esa cantidad o más accederán a exoneración total del IRAE, siempre que presenten sus planes antes del 31 de diciembre de 2027 y completen sus inversiones antes de fin de 2029. Para obtener ese beneficio máximo deben alcanzar cinco puntos en generación de empleo y cuatro en desarrollo e innovación. Los proyectos que superen 50 millones de dólares tienen más tiempo: pueden presentarse hasta el 31 de diciembre de 2028 y ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2031, manteniendo la exoneración del 100%.
Todos estos planes deben pasar por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, una oficina que funciona dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno también modernizó esta comisión, incorporando nueva tecnología para agilizar el análisis de proyectos y reducir tiempos de espera. La idea es que los incentivos no solo existan sobre el papel, sino que lleguen a quienes los necesitan sin trabas burocráticas.
Lo que está en juego es claro: Uruguay busca atraer inversión nueva, generar empleo en territorios rezagados, y facilitar que las empresas pequeñas y medianas crezcan sin cargas tributarias que las sofoquen. El cambio de énfasis es notable. Antes, el sistema premiaba principalmente el tamaño de la inversión. Ahora, premia el impacto social y territorial. Es una apuesta a que el crecimiento económico y la inclusión laboral pueden avanzar juntos.
Citas Notables
Se busca democratizar el acceso a la herramienta de incentivo a la inversión, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas— Ministerio de Economía y Finanzas
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué eliminar ese límite de 500.000 dólares para las pymes? ¿Qué lo hacía tan restrictivo?
Era un techo que congelaba a las empresas pequeñas en su lugar. Si querías crecer más allá de eso, perdías los beneficios. El gobierno vio que eso no tenía sentido si el objetivo es que crezcan.
Y esos 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del IRAE, ¿qué significa en términos reales para una pyme?
Significa que pagan menos impuesto sobre sus ganancias durante más años. Es dinero que pueden reinvertir en la empresa, en contratar gente, en comprar equipos. Es oxígeno cuando más lo necesitan.
Veo que los grandes proyectos de 30 millones en adelante tienen exoneración total. ¿No es eso demasiado generoso?
Depende de cómo lo mires. Sí, es generoso, pero está condicionado. Tienen que generar empleo real, tienen que innovar. No es dinero regalado; es un intercambio: tú inviertes, creas puestos de trabajo, nosotros te bajamos los impuestos.
¿Y esos departamentos con desempleo alto? ¿Cómo se benefician específicamente?
El decreto prioriza que las inversiones se descentralicen hacia esos lugares. Si una empresa invierte en un departamento con problemas, obtiene mejor puntuación en la evaluación. Es un incentivo para que no todo se concentre en Montevideo.
¿Qué cambió en la Comisión de Aplicación? ¿Era un cuello de botella?
Sí. Antes, los proyectos se demoraban en evaluación. Ahora incorporaron tecnología para acelerar el proceso. Si los incentivos existen pero tardan meses en aprobarse, no sirven de nada.