La madre era quien reclutaba activamente a los abusadores
En Rivera, Uruguay, dos menores encontraron en el silencio roto de un refugio ajeno la única salida posible: la denuncia. Sus propios padres, quienes debían protegerlos, orquestaron durante años su explotación sexual sistemática. El caso, que derivó en la detención de siete personas en total, ilumina una realidad que Uruguay no puede seguir ignorando: la explotación sexual infantil crece sostenidamente desde 2010 y alcanzó casi 500 casos documentados en 2021.
- Un adolescente de 13 años pidió refugio en casa de una conocida porque no podía soportar regresar al hogar donde sus propios padres lo entregaban a abusadores.
- La madre era el eslabón activo de la red: ella mantenía contacto con los hombres y facilitaba los encuentros dentro de la vivienda familiar.
- La policía actuó con rapidez: allanó el hogar, detuvo a ambos padres y separó a los dos menores de sus custodios el mismo día de la denuncia.
- Cinco hombres de entre 53 y 72 años fueron detenidos como abusadores, todos sometidos a prisión domiciliaria y con prohibición de acercarse a las víctimas.
- Los padres enfrentan 120 días de prisión preventiva y la suspensión inmediata de la patria potestad, mientras los menores quedan al cuidado temporal de quien los rescató.
- Uruguay registró 494 casos de explotación sexual infantil en 2021, con mayor concentración en zonas fronterizas y turísticas, y el Estado aún busca fortalecer su capacidad de detección temprana.
En el departamento de Rivera, cerca de la frontera con Brasil, un adolescente de 13 años tomó la única decisión que podía salvarle: llamar a la puerta de una conocida y no volver a casa. Allí reveló que durante años había sufrido abusos de hombres que sus propios padres llevaban al hogar, y que era su madre quien mantenía contacto con ellos y organizaba los encuentros.
La mujer que lo recibió alertó a la policía. Los agentes allanaron la vivienda, detuvieron al padre —de 61 años— y a la madre —de 48— y pusieron a salvo a los dos menores: el varón de 13 y su hermana de 15. La fiscal Alejandra Domínguez formalizó a la pareja por explotación sexual reiterada de menores, violencia doméstica continuada y omisión de los deberes de la patria potestad. Ambos fueron enviados a prisión preventiva por 120 días y se les suspendió de inmediato la custodia de sus hijos, quienes quedaron al cuidado temporal de la misma mujer que hizo la denuncia.
Las investigaciones descubrieron una red más amplia: cinco hombres de entre 53 y 72 años fueron detenidos por solicitar actos sexuales a los menores a cambio de retribución. A diferencia de los padres, estos fueron sometidos a prisión domiciliaria con prohibición de contacto con las víctimas.
El caso no es un hecho aislado. Según el Instituto del Niño y del Adolescente (INAU), la explotación sexual infantil en Uruguay ha crecido de forma sostenida desde 2010, llegando a 494 casos documentados en 2021. Los departamentos más afectados son los fronterizos y turísticos: Artigas, Maldonado, Colonia y Montevideo. El presidente del INAU, Pablo Abdala, reconoció la tendencia como preocupante y anunció esfuerzos para mejorar la detección temprana mediante equipos con mayor presencia territorial en todo el país.
En el departamento de Rivera, en el este de Uruguay cerca de la frontera con Brasil, la policía detuvo a una pareja acusada de orquestar la explotación sexual de sus propios hijos. El hombre, de 61 años, y la mujer, de 48, fueron formalizados ante la justicia el miércoles pasado tras una investigación que comenzó cuando el hijo varón, de 13 años, pidió refugio en casa de una conocida y reveló años de abuso sistemático.
El adolescente explicó a la fiscal Alejandra Domínguez que había sufrido durante años los abusos de hombres que sus padres traían al hogar. Su madre, en particular, era quien mantenía contacto directo con los abusadores y facilitaba los encuentros. Cuando el joven llegó a casa de la conocida el lunes pidiendo quedarse allí porque no quería regresar a su hogar, ella alertó a la policía. Los agentes allanaron la vivienda, detuvieron a ambos padres y separaron a los dos menores —el varón de 13 y su hermana de 15 años— de sus custodios.
La justicia imputó a la pareja por tres delitos: contribución reiterada a la explotación sexual de menores, violencia doméstica continuada y omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Como medida cautelar, fueron enviados a prisión preventiva por 120 días, el tiempo que tomará la justicia para emitir una sentencia. Además, se les suspendió la patria potestad de inmediato, y los menores quedaron bajo el cuidado temporal de la mujer que realizó la denuncia.
Las investigaciones posteriores revelaron una red más amplia de abusadores. La policía detuvo a cinco hombres adicionales —de 72, 65, 53, 64 y 64 años— acusados de solicitar o prometer retribución a menores para que ejecutaran actos sexuales. A diferencia de los padres, estos cinco fueron sometidos a prisión domiciliaria y se les prohibió acercarse o contactar a las víctimas.
El caso expone una realidad más amplia en Uruguay. Según datos del Instituto del Niño y del Adolescente (INAU) presentados el año anterior, la explotación sexual de menores es un fenómeno en crecimiento desde 2010, alcanzando 494 casos documentados en 2021. Los departamentos más afectados son Artigas, al norte y fronterizo con Brasil; Maldonado, al este y destino turístico; Colonia, al oeste y puerto turístico importante; y Montevideo, la capital. Pablo Abdala, presidente de INAU, describió los datos como confirmación de una tendencia preocupante que requiere respuesta coordinada a nivel nacional. La institución trabaja en mejorar la detección temprana mediante equipos itinerantes que buscan mayor presencia territorial en todos los departamentos del país.
Notable Quotes
Los datos presentados confirman una tendencia preocupante. Se trata de un problema que todos los uruguayos y las uruguayas tenemos que asumir.— Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Cómo es posible que los padres de estos menores no hayan sido descubiertos antes, si el abuso llevaba años ocurriendo?
El hijo tuvo que llegar a un punto de ruptura donde pidió ayuda. Eso sugiere que el abuso era normalizado dentro de esa casa, que los menores no tenían acceso fácil a denunciar o no confiaban en que serían creídos.
¿Qué rol específico jugó la madre en todo esto?
No era simplemente cómplice pasiva. Ella era quien reclutaba activamente a los abusadores, quien mantenía los contactos. Eso convierte su responsabilidad en algo más deliberado que la de alguien que simplemente permitía que sucediera.
Los cinco hombres detenidos después recibieron prisión domiciliaria, no preventiva como los padres. ¿Por qué esa diferencia?
Probablemente porque los padres son considerados los arquitectos del sistema de explotación, mientras que los otros hombres son vistos como perpetradores que respondieron a una oportunidad. La justicia distingue entre quien crea la estructura del abuso y quien participa en ella.
¿Qué pasa ahora con los menores?
Están bajo cuidado de la mujer que los denunció, pero eso es temporal. Habrá una audiencia judicial que decidirá su destino permanente, probablemente involucrando al sistema de protección de menores del estado.
Los números de INAU muestran 494 casos en 2021. ¿Eso significa que hay casi 500 casos como este cada año?
Esos números representan casos detectados y reportados. La cifra real probablemente es mayor. Lo que importa es que la tendencia es ascendente desde 2010, y concentrada en zonas fronterizas y turísticas donde hay mayor vulnerabilidad y menos supervisión.