Botes sin salvavidas, sin registro, zarpando con mal tiempo
En las aguas del Caribe, entre Trinidad y las costas venezolanas, dieciséis niños —el menor de apenas cuatro meses— fueron enviados a la deriva en balsas sin salvavidas, separados de sus padres por una deportación que violó órdenes judiciales y principios fundamentales del derecho internacional. Este episodio no es solo una falla administrativa: es el reflejo de cómo las políticas migratorias endurecidas pueden convertir a los más vulnerables en instrumentos de disuasión. En el silencio de los gobiernos implicados y el clamor de los organismos internacionales, los niños regresaron, pero su futuro legal permanece suspendido en el mismo limbo que los vio zarpar.
- Dieciséis niños venezolanos, incluido un bebé de cuatro meses, fueron deportados en balsas sin salvavidas ni registro desde Trinidad y Tobago, separados de sus padres que residían legalmente en la isla.
- La expulsión se ejecutó horas antes de una audiencia judicial, ignorando deliberadamente un habeas corpus y una orden previa de la Corte Suprema trinitense.
- Durante casi dos días, las familias no supieron nada de los menores a la deriva en el Caribe; la indignación internacional se encendió con videos que documentaban las condiciones del viaje.
- Presionado por la orden judicial, el gobierno trinitense reembarcó a los niños de regreso a la isla, donde sus padres los esperaban, pero sin ninguna certeza sobre su situación legal.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió garantías de no devolución mientras el ministro de Seguridad de Trinidad amenazó con deportar a cualquier venezolano legal que asistiera a migrantes indocumentados.
Un domingo por la mañana, las autoridades de Trinidad y Tobago embarcaron a 29 venezolanos en dos balsas desde Chatham Beach. Entre ellos iban dieciséis niños sin sus padres, el más pequeño de cuatro meses. Sin salvavidas, sin registro, navegaron casi dos días hasta un islote en el delta del Orinoco. Sus familias, en Trinidad, no sabían nada de ellos.
Lo que siguió expuso el caos legal y moral de la migración venezolana en el Caribe. Una orden de la Corte Suprema trinitense, dictada antes de la deportación, obligó a las autoridades a reembarcar a los menores. El martes regresaron a Trinidad, donde sus padres los esperaban. Pero nadie sabía qué ocurriría con ellos legalmente.
Según el comisionado de la OEA David Smolansky, la mayoría de los padres residían legalmente en la isla y los niños viajaban para reunirse con ellos. Un representante de las familias describió en video las condiciones: botes sin identificación, sin capitán conocido, zarpando con mal tiempo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió respeto al principio de no devolución. El diputado Julio Borges pidió intervención de la OIM y el ACNUR.
El ministro de Seguridad Stuart Young respondió poniendo en duda las denuncias pese a los videos, y amenazó con revocar permisos de residencia a cualquier venezolano legal que ayudara a migrantes sin documentos. Trinidad alberga unos cuarenta mil venezolanos y ha endurecido sus políticas desde el año anterior. Las rutas marítimas hacia la isla, a solo 45 minutos de Venezuela, están controladas por redes de tráfico que han movido a miles de personas en los últimos años.
Ni la cancillería venezolana ni Maduro se pronunciaron sobre los dieciséis niños. El gobierno venezolano mantiene buenas relaciones con el primer ministro trinitense Keith Rowley, a pesar del cerco internacional. Los menores regresaron con sus padres, pero su futuro legal sigue sin resolverse.
El domingo por la mañana, las autoridades de Trinidad y Tobago cargaron a 29 venezolanos en dos balsas precarias desde las costas de Chatham Beach. Entre ellos viajaban dieciséis niños, el más pequeño de apenas cuatro meses de vida, todos sin sus padres. Durante casi dos días, las familias en Trinidad no supieron dónde estaban. Las balsas, sin números de registro, sin salvavidas, sin protección real contra el mar, navegaron bajo un cielo gris y amenazante hasta llegar a un islote en el delta del Orinoco, en Delta Amacuro, en la costa oriental de Venezuela.
Lo que sucedió después reveló el caos legal y moral que rodea la migración venezolana en el Caribe. Horas después de la llegada a Venezuela, presionadas por una orden de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago que había sido dictada antes de la deportación, las autoridades embarcaron nuevamente a los dieciséis niños en esas mismas balsas. El martes llegaron de regreso a Trinidad, donde sus padres los esperaban. Pero nadie sabía qué sucedería con ellos legalmente. Seguían en el limbo.
Los venezolanos habían tocado tierra en Trinidad el 17 de noviembre. Sus abogados presentaron un habeas corpus para detener la deportación. Pero poco antes de la audiencia, fueron expulsados. Según David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, la mayoría de los padres de estos niños residían legalmente en la isla. Los menores viajaban para reunirse con sus familias. Eliecer Torres, quien se identificó como representante de los familiares, describió en un video las condiciones del viaje: botes sin identificación, sin capitán identificable, sin salvavidas, zarpando con mal tiempo.
La situación encendió alarmas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno trinitense a garantizar el ingreso de personas que buscaban protección internacional y a respetar el principio de no devolución. El diputado Julio Borges pidió intervención de la Organización Internacional de Migraciones y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero en Trinidad y Tobago, el ministro de Seguridad Stuart Young respondió con amenazas. Dijo que desconocía la situación de los menores, puso en duda las denuncias a pesar de los videos que circulaban, y advirtió que cualquier venezolano legal que ayudara a migrantes sin documentos tendría revocado su permiso de residencia y sería deportado.
Esta deportación no es un incidente aislado. Trinidad y Tobago alberga actualmente cerca de cuarenta mil venezolanos, pero desde el año pasado ha endurecido sus políticas migratorias con la imposición de visados. La isla, a apenas cuarenta y cinco minutos de navegación desde los llanos de Delta Amacuro, se ha convertido en un destino de deportaciones rutinarias. La policía local pide a los ciudadanos reportar la presencia de migrantes sin documentos. Más de cuatrocientos cuarenta venezolanos fueron detenidos en 2018 sin asistencia legal ni médica adecuada, según Refugees International.
Smolansky denunció que no ha podido visitar Trinidad y Tobago para investigar de primera mano, a pesar de haber solicitado permiso al gobierno de Keith Rowley hace más de un año. Las rutas marítimas entre Venezuela y Trinidad se han convertido en un corredor controlado por redes de tráfico de personas que, según algunos investigadores, han movido a más de cuatro mil venezolanos en los últimos cuatro años. El año anterior, dos embarcaciones con setenta y uno migrantes desaparecieron después de partir de Güiria.
En octubre, el senador demócrata estadounidense Bob Menéndez denunció que la administración Trump estaba deportando venezolanos a través de Trinidad y Tobago, enviándolos a un régimen sobre el cual Naciones Unidas ha declarado que cometió crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, ni la cancillería venezolana ni Nicolás Maduro se han referido públicamente a los dieciséis niños deportados. El gobierno de Maduro mantiene buenas relaciones con el primer ministro trinitense Keith Rowley, a pesar del cerco internacional que sufre. Los niños siguen esperando saber cuál será su futuro legal.
Citações Notáveis
Los botes en los que los enviaron no tenían número ni registro ni sabemos quién es el capitán— Eliecer Torres, representante de los familiares de los niños deportados
Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona indeseable y deberá afrontar consecuencias— Stuart Young, ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué una corte suprema ordena que regresen los niños si ya habían sido deportados?
Porque el habeas corpus fue presentado antes de la deportación. La orden judicial llegó tarde, pero era válida. El gobierno deportó ilegalmente, la corte lo revirtió, pero el daño ya estaba hecho.
¿Los padres sabían dónde estaban sus hijos durante esos dos días?
No. Pasaron casi dos días sin saber nada. Imagina eso: tu hijo de cuatro meses en una balsa sin salvavidas, en el mar, y tú en Trinidad sin información.
¿Por qué Trinidad endurece tanto sus políticas si hay cuarenta mil venezolanos viviendo allí legalmente?
Presión política interna, probablemente. Pero también hay una contradicción: mantienen buenas relaciones con Maduro mientras deportan a sus ciudadanos. Es un equilibrio incómodo.
¿Qué pasa ahora con los niños?
Están de regreso en Trinidad con sus padres, pero sin estatus legal claro. Podrían ser deportados de nuevo. El ministro de Seguridad ya amenazó con revocar permisos a cualquiera que ayude a migrantes sin documentos.
¿Esto es parte de un patrón más grande?
Completamente. Las rutas marítimas entre Venezuela y Trinidad son controladas por traficantes. Cuatro mil personas en cuatro años. Dos embarcaciones desaparecieron el año pasado. Y ahora hay evidencia de que Estados Unidos también deportaba venezolanos a través de Trinidad.