La violencia contra menores no es un asunto privado, sino estructural
Un macroestudio encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia de España ha puesto cifras a una herida colectiva que la sociedad ha preferido no mirar: millones de niños y adolescentes crecen bajo distintas formas de violencia —sexual, física, psicológica, digital— perpetradas en su mayoría por quienes deberían protegerlos. La investigación, construida sobre los testimonios de 9.000 adultos jóvenes que recuerdan su infancia, revela que el sufrimiento no termina al cumplir los 18 años, sino que con frecuencia se prolonga. Ante esta evidencia, el Gobierno anuncia reformas legales que buscan convertir el reconocimiento del daño en protección real.
- Tres de cada diez menores han vivido alguna forma de violencia sexual, y en uno de cada tres casos el agresor era su propia pareja sentimental.
- La violencia psicológica, la más extendida, alcanza al 48% de la infancia española y en muchos casos continúa después de la mayoría de edad, sin que los afectados encuentren salida.
- Las chicas, los adolescentes LGTBI, los menores con discapacidad y los hijos de familias migrantes acumulan una carga desproporcionada, revelando que la vulnerabilidad se superpone y se agrava.
- La violencia digital crece sin freno y afecta ya a uno de cada cuatro menores, con parejas y desconocidos como principales responsables de intrusiones e intimidaciones en línea.
- El Gobierno responde con una reforma de la Lopivi que obligaría a escuchar a los menores en cualquier proceso judicial sin límite de edad y les garantizaría un abogado propio, independiente del de sus padres.
Un estudio de gran alcance encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia ha sacado a la luz la magnitud real de la violencia que sufren los menores en España. La investigación preguntó a 9.000 adultos de entre 18 y 30 años, de todas las comunidades autónomas, sobre las agresiones que padecieron durante su infancia y adolescencia. Los resultados dibujan un panorama de violencia sistemática: tres de cada diez menores han sufrido alguna forma de violencia sexual; uno de cada cuatro, maltrato de pareja; casi la mitad, agresiones psicológicas; y cuatro de cada diez, violencia física.
El estudio identifica con precisión a los grupos más golpeados: las chicas, los adolescentes LGTBI, los menores con discapacidad y quienes provienen de familias migrantes aparecen sobrerrepresentados entre las víctimas. La violencia psicológica, la más prevalente, es ejercida principalmente por los propios padres, y más de uno de cada cinco afectados sigue sufriéndola después de cumplir 18 años. En el caso de la violencia sexual, lo más perturbador es que en una de cada tres ocasiones el agresor es la pareja. La violencia digital, ligada al ciberacoso y a la vulneración de la intimidad, afecta ya a uno de cada cuatro menores y crece de forma constante.
La ministra Sira Rego presentó los datos como una llamada urgente a «romper el silencio», subrayando que la violencia contra la infancia no es un asunto privado sino un problema estructural que interpela a toda la sociedad. En respuesta, el Gobierno trabaja en una reforma de la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi) que ampliaría la obligación de escuchar a los menores en procesos judiciales sin límite de edad, garantizaría formación específica a jueces y administraciones, y asignaría a cada menor un abogado de oficio independiente del que representa a sus padres.
Un estudio de gran envergadura encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto números a una realidad que durante años ha permanecido en la sombra: la violencia contra menores en España es sistemática, extendida y, en muchos casos, continúa más allá de la adolescencia. La investigación, basada en las respuestas de 9.000 españoles y españolas de entre 18 y 30 años procedentes de todas las autonomías, preguntó a estos adultos sobre los episodios de violencia que sufrieron durante su infancia y adolescencia. Los resultados son contundentes: tres de cada diez menores han padecido alguna forma de violencia sexual, desde acoso y vejaciones hasta tocamientos y violación. Uno de cada cuatro ha experimentado maltrato de pareja. Casi la mitad ha sufrido agresiones psicológicas. Cuatro de cada diez han sido víctimas de violencia física.
El estudio, titulado 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia', identifica con claridad quiénes son las víctimas más vulnerables. Las chicas cargan con una carga desproporcionada. Los adolescentes del colectivo LGTBI sufren ataques con especial intensidad. Los menores con discapacidad y aquellos procedentes de familias migrantes también aparecen sobrerrepresentados entre las víctimas. Igualmente, quienes completaron su educación obligatoria o secundaria sin continuar hacia estudios superiores reportan niveles más altos de violencia.
La violencia psicológica es la más prevalente: el 48% de los menores españoles la ha padecido, principalmente a manos de sus padres. Más de uno de cada cinco continúa sufriendo estas agresiones emocionales después de cumplir 18 años. La violencia física afecta al 40% de la población infantil y adolescente, con los padres como principales perpetradores, aunque compañeros de clase y miembros del entorno familiar y escolar también figuran prominentemente entre los agresores.
En cuanto a la violencia sexual, el 29% de los menores españoles ha experimentado alguna modalidad. Lo que el estudio revela como especialmente preocupante es que en una de cada tres ocasiones, el agresor es la propia pareja. Los adultos desconocidos son responsables del 26% de estos ataques, y amigos de la víctima del 21%. Una de cada diez víctimas de violencia sexual sigue padeciendo estas agresiones después de alcanzar la mayoría de edad. La violencia de pareja en la adolescencia afecta a uno de cada cuatro menores, y en el 13% de los casos persiste más allá de los 18 años. La violencia digital, frecuentemente ligada al ciberacoso e intrusiones en la intimidad, ha alcanzado a uno de cada cuatro menores y es señalada por los investigadores como especialmente inquietante debido a su tendencia al crecimiento constante. Las parejas son responsables del 28% de estos ataques digitales, adultos desconocidos del 26%, y otros menores del 24%.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, utilizó la presentación del estudio para hacer un llamamiento directo a la sociedad, las familias y los poderes públicos a «romper el silencio». Enfatizó que la violencia contra menores no es un asunto privado sino un problema estructural que interpela a toda la sociedad. Los datos, afirmó, obligan a mirar de frente una realidad que ha permanecido silenciada durante demasiado tiempo. Garantizar una vida libre de violencia para los menores no es solo un deber legal, sino una responsabilidad política y social que debe traducirse en acciones concretas.
En respuesta a estos hallazgos, el Gobierno ya trabaja en la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, conocida como Lopivi. El anteproyecto prevé cambios significativos: ampliar la obligación de los jueces de escuchar a los menores en cualquier proceso que les afecte, independientemente de su edad (actualmente solo a partir de los 12 años); proporcionar formación específica y continua sobre violencia infantil a todos los niveles de la Administración y la justicia; y asignar un abogado de oficio independiente a cada menor en los procesos judicales, separado del que representa a sus padres. Estas medidas buscan mejorar la detección temprana, fortalecer la coordinación entre administraciones y garantizar una atención integral a las víctimas.
Notable Quotes
La violencia contra niñas, niños y adolescentes no es un asunto privado, sino un problema estructural que interpela a toda la sociedad— Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia
Los datos nos obligan a mirar de frente una realidad silenciada durante demasiado tiempo— Sira Rego
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un estudio así ahora? ¿Qué ha cambiado?
El silencio. Durante años, estos números existían pero nadie los había cuantificado de esta manera. Preguntar directamente a adultos sobre su infancia permite ver patrones que los registros oficiales nunca capturaron.
Tres de cada diez menores con violencia sexual. ¿Eso incluye cosas que muchos no considerarían «violencia»?
Sí. El estudio abarca desde acoso y vejaciones hasta tocamientos y violación. Es importante porque el acoso normalizado sigue siendo violencia, sigue dejando marca.
Lo que más me sorprende es que las parejas sean responsables de un tercio de los ataques sexuales. ¿Eso significa que los adolescentes no entienden el consentimiento?
O que la violencia en la pareja es tan normalizada en la adolescencia que muchos ni siquiera la reconocen como tal. El estudio lo deja claro: esto no termina a los 18. Continúa.
¿Y la violencia digital? Parece ser la que más crece.
Es la más insidiosa porque es constante, está en el bolsillo, es difícil de escapar. Y los agresores pueden ser parejas, desconocidos, otros menores. No hay un patrón claro de quién ataca.
¿Qué espera el Gobierno que logre esta nueva ley?
Principalmente, que se escuche a los menores y que haya coordinación real entre instituciones. Ahora cada organismo actúa por su lado. Y que los menores tengan representación legal propia, no dependan de sus padres en los juzgados.
¿Es suficiente?
Es un comienzo. Pero la ley no detiene la violencia. Solo crea las condiciones para que se detecte, se atienda y se castigue. Lo difícil es cambiar la cultura que la permite.