Toledo revela que coima de Odebrecht fue de $45 millones y está en Zúrich

Alejandro Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, compareció el lunes ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia para impugnar la sentencia de veinte años y seis meses que recibió en octubre del año pasado. La condena lo acusa de colusión y lavado de activos en el escándalo de Odebrecht, la constructora brasileña que pagó sobornos masivos a funcionarios públicos en toda América Latina. Durante esa audiencia, Toledo hizo una revelación que busca cambiar el curso de su caso: el dinero ilícito no fue de treinta y cinco millones de dólares, como se había establecido en el juicio, sino de cuarenta y cinco millones.

Toledo llegó a esa sala de audiencias cargando más que argumentos legales. Reveló que padece cáncer y que siente cercana su muerte. "No sé cuántos días más tengo de vida", dijo al juez, refiriéndose a documentos médicos que ya había entregado a la corte suprema. El diagnóstico fue revelado después de su extradición desde Estados Unidos, donde había permanecido prófugo durante años. La enfermedad terminal enmarca todo lo que dice ahora: un hombre que busca limpiar su nombre antes de que sea demasiado tarde.

Lo que Toledo presentó en esa audiencia fue un mapa del dinero. Según su versión, los cuarenta y dos millones de dólares y tres millones de euros están depositados en el LGT Bank de Zúrich, uno de los principales centros financieros de Suiza. Toledo afirmó que su defensa ha identificado al verdadero dueño de esos fondos y que conoce la ruta completa del dinero: su origen, su trayecto y su destino final. Pidió formalmente al juez que cite a Urs Fidel Frick, el responsable de la cuenta en el banco suizo, para que testifique ante la justicia peruana. Su defensa, dijo, pagaría todos los gastos necesarios para traer a ese testigo.

La acusación contra Toledo es clara en sus líneas generales. El Poder Judicial determinó que el expresidente negoció directamente con Odebrecht: a cambio de los sobornos, la constructora obtendría la licitación para construir los tramos dos y tres de la carretera que conecta Perú y Brasil. Para canalizar el dinero sin dejar rastros evidentes, Toledo convenció a su amigo Josef Maiman para que actuara como intermediario. Maiman recibió los pagos ilícitos a través de empresas creadas específicamente para ese propósito. Incluso después de dejar la presidencia, Toledo continuó contactando a Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht en Perú, para exigir que siguieran llegando los pagos.

El magistrado escuchó el pedido de Toledo pero no se comprometió a nada en ese momento. Señaló que mientras no llegara una solicitud formal a través de los canales de cooperación internacional, no podía emitir un pronunciamiento. Le recomendó que coordinara el asunto con su equipo de defensa y que presentara la petición de manera oficial. El colegiado, dijo, debatiría la solicitud y daría una respuesta.

Toledo también intentó desacreditar la acusación de que durante su gobierno mantuvo reuniones secretas e irregulares con empresarios y funcionarios para direccionar la concesión. Argumentó que existía un consejo consultivo que regulaba esos encuentros y que cuando figuras públicas ingresaban a Palacio de Gobierno, lo hacían a través de espacios comunes donde los ministros aprovechaban para reunirse con miembros de Proinversión, la agencia estatal de promoción de inversiones. Su defensa, en otras palabras, busca reposicionar esos encuentros como parte del funcionamiento normal de la administración pública, no como maniobras clandestinas.

Lo que viene ahora es un proceso que depende de decisiones burocráticas y diplomáticas. La corte debe evaluar formalmente si acepta el pedido de Toledo para obtener el testimonio del banquero suizo. Si lo hace, tendrá que activar los canales de cooperación internacional para que Suiza colabore. Es un camino largo y sin garantías. Mientras tanto, Toledo sigue en prisión, enfrentando una condena que busca revertir antes de que su enfermedad avance más.