Los salarios están bajo la línea de pobreza
En la puerta del poder ejecutivo de Santa Cruz, un campamento de policías y bomberos lleva un mes recordando que quienes custodian el orden también pueden quedar fuera de él cuando el salario no alcanza para vivir. Once propuestas rechazadas separan al gobierno de Claudio Vidal de una fuerza que exige duplicar el sueldo inicial, hoy por debajo de la línea de pobreza. El conflicto, que comenzó como un reclamo gremial, roza ya la tensión institucional tras el bloqueo de la Casa de Gobierno y la advertencia de una posible intervención federal.
- Cientos de policías y bomberos mantienen un quite de colaboración con 95% de adhesión desde principios de junio, instalando la llamada 'Carpa de la Dignidad' frente a la gobernación de Río Gallegos.
- El salario de ingreso a la fuerza es de 1,1 millones de pesos mensuales, por debajo de la línea de pobreza, y los agentes exigen duplicarlo a 2,2 millones sin aceptar plazos ni montos parciales.
- El gobierno presentó once propuestas, incluyendo aumentos de hasta 17,8% en cuotas y ajustes por IPC, pero todas fueron rechazadas por distorsionar la escala salarial y no resolver el problema de fondo.
- El 23 de junio, retirados de la policía bloquearon el acceso a la Casa de Gobierno, lo que derivó en una denuncia penal por atentado contra la autoridad y la advertencia de recurrir a fuerzas federales si el orden no se garantiza.
- Las fuerzas federales ya patrullan ciudades y rutas de la provincia, y la paritaria policial lleva dos semanas activa sin acuerdo, mientras el campamento crece con nuevas maderas y la tensión no cede.
Hace un mes, frente a la gobernación de Río Gallegos, policías y bomberos de Santa Cruz levantaron un campamento de pallets, toldos y tachos con fuego. Lo llaman la Carpa de la Dignidad. Desde allí sostienen un quite de colaboración con una adhesión del 95% de los efectivos, cubriendo solo guardias mínimas y emergencias. El reclamo es concreto: un agente ingresante cobra hoy 1,1 millones de pesos al mes, por debajo de la línea de pobreza, y exigen que ese piso suba a 2,2 millones.
El gobierno del gobernador Claudio Vidal respondió con once propuestas sucesivas. La más generosa ofrecía un aumento del 17,8% pagadero en cuatro cuotas entre julio y noviembre, con un valor punto que proyectaría un salario inicial cercano a los 2 millones de pesos. Aun así, fue rechazada. Los gremios cuestionan tanto los montos como los plazos, y advierten que el mecanismo propuesto —un adicional transitorio que decrece con el rango— achataría la pirámide salarial, perjudicando a los efectivos con más antigüedad.
El conflicto se enmarca en un semestre sin aumentos para los empleados públicos provinciales y en un momento en que Vidal enfrenta además un bloqueo legislativo para acceder a un crédito internacional de 600 millones de dólares. La tensión escaló el 23 de junio, cuando un grupo de retirados policiales bloqueó el acceso a la Casa de Gobierno. La Fiscal de Estado presentó una denuncia penal por atentado contra la autoridad y coacción, y advirtió que si la Jefatura de Policía no puede garantizar el orden, corresponde pedir la intervención de fuerzas federales. Desde el sector policial aclararon que fueron retirados, no efectivos activos, quienes protagonizaron ese episodio.
Las fuerzas federales ya realizan patrullajes en ciudades y rutas de la provincia. La ministra de Gobierno informó al Poder Legislativo sobre las once propuestas rechazadas. El campamento sigue creciendo —hace poco llegó un camión con maderas para nuevas casetas— y la paritaria lleva dos semanas sin resolución. Santa Cruz aguarda si el diálogo encuentra una salida antes de que la advertencia de intervención federal deje de ser solo una advertencia.
En la puerta de la gobernación de Río Gallegos, Santa Cruz, se levantó un campamento improvisado hace un mes. Casillas de madera armadas con pallets, toldos azules y negros, carpas de camping y tachos con fuego marcan el territorio de una protesta que ha tensionado la administración del gobernador Claudio Vidal como pocas cosas lo han hecho. Policías y bomberos reclaman mejoras salariales que el gobierno ha rechazado once veces, sin que ninguna de las propuestas logre cerrar la brecha entre lo que cobran hoy y lo que demandan.
El corazón del conflicto es una cifra simple pero contundente: un agente que ingresa a la fuerza percibe actualmente 1,1 millones de pesos mensuales. Los policías exigen que ese salario inicial suba a 2,2 millones. No es un capricho. Según los voceros de la protesta, los sueldos de la policía están por debajo de la línea de pobreza, una realidad que afecta a cientos de agentes y sus familias en una provincia donde el costo de vida no ha bajado al ritmo de los salarios. El suboficial Felipe Gogol, que representa a los policías en la mesa de negociación conocida como Mesa del Salario, confirmó a La Nación que mantienen un quite de colaboración con una adhesión del 95 por ciento de los efectivos. Las guardias mínimas y las emergencias siguen cubiertas, aclaró, pero el mensaje es claro: la fuerza está en movimiento.
La protesta comenzó a principios de junio, impulsada por jubilados de las fuerzas en Río Gallegos. Con el correr de los días, los agentes activos se sumaron con el quite de colaboración. El gobierno respondió con once propuestas de mejora que reflejaban distintos mecanismos de actualización. La mejor oferta incluyó un aumento del 17,8 por ciento a pagar en cuatro cuotas entre julio y noviembre. Otras propuestas incorporaron el Índice de Precios al Consumidor como referencia para proteger el poder adquisitivo. La opción con montos más elevados establecía un valor punto de 2.282,80 pesos, que permitiría proyectar un salario inicial de aproximadamente 2 millones de pesos. Pero incluso eso fue rechazado. Los policías cuestionan tanto los montos como los plazos, y además advierten sobre un problema estructural: la propuesta del gobierno incluye un adicional transitorio que mejora el sueldo del ingresante pero baja a medida que sube el rango. Eso, dicen, achataría la escala salarial y destruiría la pirámide de sueldos. Demandan que el aumento sea escalonado por igual en todos los niveles.
El conflicto ocurre en un contexto más amplio de tensión con los gremios estatales. En el primer semestre del año, los empleados públicos de Santa Cruz no recibieron aumentos salariales. Todos reclaman una compensación por la caída del poder adquisitivo de los primeros meses. Vidal enfrenta además un obstáculo legislativo: tiene trabada en la Legislatura una autorización para tomar un crédito público internacional por 600 millones de dólares, bloqueada por el kirchnerismo.
El punto de mayor tensión institucional llegó el 23 de junio. Un grupo de personas identificadas mayormente como retirados de la policía irrumpió en los jardines de la Casa de Gobierno alrededor de las 11 de la mañana. Bloquearon el acceso y el egreso por el portón principal e impidieron incluso la salida del vehículo oficial de la Secretaría General de la Gobernación. Las cámaras de seguridad registraron todo. Un acta notarial constató lo ocurrido. La Fiscal de Estado, Natalia Linardi, presentó una denuncia penal que califica la conducta como atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción. Solicitó una medida cautelar urgente para garantizar el libre funcionamiento de la sede del Poder Ejecutivo provincial. La Fiscalía advirtió que si la Jefatura de Policía provincial no puede garantizar el orden, corresponde requerir la intervención de las fuerzas federales con asiento en la jurisdicción. Desde el sector policial aclararon que fueron retirados, no efectivos, quienes estuvieron en la gobernación esa mañana. Gogol insistió en que el reclamo es meramente salarial, sin apoyo político ni bandera que lo respalde.
La paritaria policial lleva dos semanas activa sin resolución. La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, informó en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados sobre las once propuestas presentadas. Todas fueron rechazadas. Las fuerzas federales con asiento en la provincia se encuentran desplegadas realizando controles y patrullas en ciudades y rutas, atentas a cualquier escalada. El campamento en Río Gallegos sigue en pie, denominado Carpa de la Dignidad. Hace poco llegó un camión descargando maderas para seguir construyendo casetas. La tensión no ha cedido, y mientras las negociaciones continúan sin avances, la provincia espera a ver si este conflicto encuentra una salida o si la intervención federal que la Fiscalía advierte termina siendo necesaria.
Citas Notables
Lo que llevamos adelante es un quite de colaboración, pero se atienden las guardias mínimas y las urgencias y emergencias están cubiertas— Felipe Gogol, suboficial y vocero de los policías
El reclamo lo llevamos adelante en absoluta soledad, no tenemos apoyo, no es nada contra nadie, estamos por un sueldo digno— Felipe Gogol
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el gobierno rechazó sus propias propuestas? Quiero decir, si presentó once opciones, ¿no debería haber al menos una que funcionara?
Porque las propuestas no respondían a lo que los policías realmente pedían. El gobierno ofrecía aumentos escalonados, con adicionales transitorios que beneficiaban más a los ingresantes que a los de mayor rango. Los policías ven eso como un ataque a la estructura salarial, no como una solución.
Pero 2,2 millones de pesos para un agente que ingresa es mucho dinero. ¿Cómo justifican esa cifra?
No es tanto si considerás que dicen estar bajo la línea de pobreza. En Santa Cruz el costo de vida es alto. Un agente con familia no puede vivir dignamente con 1,1 millones. Esa cifra de 2,2 es el doble, pero es lo que creen que necesitan para subsistir.
¿Y por qué el gobierno no puede simplemente pagar? ¿Falta dinero?
Vidal tiene un crédito internacional de 600 millones de dólares trabado en la Legislatura por el kirchnerismo. Sin eso, sus opciones de gasto son limitadas. Además, si cede con la policía, todos los otros gremios estatales van a exigir lo mismo. Es un efecto dominó que el gobierno teme.
El bloqueo del 23 de junio cambió algo. ¿Eso fue un punto de quiebre?
Fue el momento en que la tensión se volvió institucional. La Fiscalía denunció a retirados por atentado contra la autoridad. Eso elevó el conflicto de lo meramente salarial a algo que toca la gobernanza. Ahora hay amenaza de intervención federal.
¿Los policías activos se sienten traicionados por los retirados?
Dicen que no, que fue cosa de retirados. Pero la realidad es que el quite de colaboración tiene 95 por ciento de adhesión entre los efectivos. Todos están unidos en el reclamo, aunque públicamente se distancien de las acciones más confrontacionales.
¿Esto termina en negociación o en escalada?
Depende de si el gobierno encuentra dinero o si los policías deciden que el quite de colaboración no es suficiente. Por ahora hay un equilibrio frágil: las emergencias se atienden, pero la presión sigue. Nadie quiere que lleguen las fuerzas federales.