Solvay busca mejorar su imagen en España con una planta de biomasa financiada por la UE

Solvay anunció un ERE en su fábrica de Barreda que redujo de 77 a 45 despidos tras negociaciones sindicales, con temores de nuevos ajustes laborales tras la implementación de la planta de biomasa.
Una investigación internacional promovida por el Journalismfund Europe y en la…
Ante un panorama donde los conflictos bélicos, diplomáticos y, en general, políticos, impactan de manera frontal con el…

En la intersección entre la urgencia climática y el peso de los errores industriales no resueltos, Solvay recibe 30 millones de euros europeos para transformar su planta de Torrelavega mediante biomasa. La promesa de reducir emisiones a la mitad convive, sin embargo, con décadas de vertidos químicos en la playa de Usgo y con dudas científicas sobre si la biomasa representa una solución real o una nueva capa de maquillaje verde. La historia de esta multinacional en España plantea una pregunta que Europa entera debe responder: ¿puede el dinero público limpiar no solo chimeneas, sino también conciencias corporativas?

  • Solvay, con un historial de contaminación sin resolver en las costas de Cantabria, recibe financiación estratégica de la UE precisamente cuando más presión ambiental enfrenta.
  • Los vertidos químicos en la playa de Usgo permanecen sin reparación, creando una contradicción flagrante entre los fondos verdes recibidos y la realidad ecológica sobre el terreno.
  • Expertos advierten que la biomasa no es una energía limpia: sigue emitiendo CO2 y partículas contaminantes, cuestionando si el proyecto cumple realmente los criterios de descarbonización.
  • Los trabajadores de Barreda ya sufrieron un ERE que redujo despidos de 77 a 45 tras presión sindical, y temen que la nueva planta sirva de pretexto para una nueva ronda de ajustes laborales.
  • El proyecto avanza hacia 2027 con el respaldo institucional europeo, pero ambientalistas y sindicatos exigen que la transición energética no se convierta en una cortina de humo sobre daños pasados y futuros.

Una investigación internacional promovida por Journalismfund Europe, en la que participa 'Público', ha puesto el foco en Solvay, la multinacional química belga con fuerte presencia en Cantabria. La empresa ha obtenido 30 millones de euros en fondos europeos para instalar una planta de biomasa en Torrelavega, con el objetivo declarado de reducir sus emisiones de CO2 casi a la mitad antes de 2027. El proyecto fue anunciado en marzo de 2025 y se enmarca en la estrategia europea de soberanía energética, que ha cobrado urgencia ante la inestabilidad geopolítica global.

Sin embargo, el historial de Solvay en España complica el relato de empresa comprometida con el clima. Durante años, la compañía ha acumulado denuncias por vertidos de residuos químicos en la playa de Usgo, un pasivo ambiental que permanece sin resolución. Organizaciones ecologistas señalan que financiar nuevos proyectos sin exigir la reparación de daños anteriores equivale a premiar la impunidad con dinero público europeo.

A las dudas ambientales se suman las científicas. Varios expertos advierten que la biomasa no es una fuente de energía neutra en carbono: su combustión libera CO2 y genera contaminación atmosférica, lo que pone en entredicho su validez como herramienta real de descarbonización industrial. La etiqueta de 'energía verde' aplicada a la biomasa es, para muchos investigadores, una simplificación que los marcos regulatorios europeos aún no han resuelto con suficiente rigor.

En el plano social, los trabajadores de la fábrica de Barreda ya vivieron un expediente de regulación de empleo que amenazó con 77 despidos y que, tras meses de negociación sindical, quedó en 45. Los sindicatos temen que la automatización asociada a la nueva planta de biomasa abra una nueva etapa de recortes de plantilla, convirtiendo la transición energética en una oportunidad para reducir costes laborales bajo cobertura ecológica.

El caso Solvay ilustra una tensión estructural en la política industrial europea: la necesidad de acelerar la descarbonización choca con la tentación de las empresas de usar los fondos verdes para mejorar su imagen sin transformar de fondo sus prácticas. Mientras la planta avanza hacia su puesta en marcha, la pregunta sigue abierta sobre si la Unión Europea dispone de los mecanismos necesarios para garantizar que su dinero no financie, simultáneamente, la solución y el problema.

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