Maryland no permitirá que agentes sin entrenamiento conviertan a nuestros policías en agentes de inmigración
En Maryland, diecisiete sheriffs han llevado ante los tribunales federales una tensión tan antigua como la propia república: la que existe entre la autoridad local y el mandato federal. La Community Trust Act, promulgada sin la firma del gobernador Moore, restringe cuándo las cárceles y policías del estado pueden colaborar con ICE, protegiendo a familias inmigrantes de detenciones por delitos menores. El caso Gahler v. Moore no es solo una disputa legal sobre jurisdicción; es un espejo en el que se refleja la pregunta de qué clase de comunidad quiere ser Maryland, y quién tiene el derecho de responderla.
- Diecisiete sheriffs presentaron demanda federal el 26 de mayo para bloquear una ley que ya está en vigor, argumentando que convierte a Maryland en una jurisdicción 'ultra santuario' que pone en riesgo la seguridad pública.
- La Community Trust Act limita la cooperación con ICE a casos muy específicos —condenas graves, registro de ofensores sexuales o más de cinco años de prisión— dejando sin respaldo legal las retenciones administrativas habituales.
- El gobernador Moore no firmó ni vetó la ley, permitiendo su promulgación automática, pero reconoció que presenta desafíos reales de implementación en investigaciones conjuntas entre autoridades locales y federales.
- Organizaciones como We Are CASA celebran la ley como una victoria construida por comunidades migrantes que marcharon y testificaron, mientras FAIR y los sheriffs la califican de inconstitucional y peligrosa.
- El caso se tramitará en el Tribunal de Distrito federal en Greenbelt y podría sentar precedente nacional sobre hasta dónde puede llegar un estado para limitar la cooperación migratoria con el gobierno federal.
La semana pasada, diecisiete de los veinticuatro sheriffs de Maryland presentaron una demanda federal para bloquear la Community Trust Act, una ley que entró en vigor sin la firma del gobernador Wes Moore. La normativa restringe severamente cuándo las autoridades locales pueden colaborar con ICE, permitiéndolo solo si el detenido tiene una condena por delito grave, figura en un registro de ofensores sexuales, o cumplió al menos cinco años de prisión en otro estado. Fuera de esos supuestos, las autoridades no pueden retener a nadie por solicitud migratoria ni investigar su estatus.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito en Greenbelt con el respaldo de FAIR, y nombra al gobernador Moore, al estado y al fiscal general Anthony Brown como acusados. Al frente del caso figura el sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahler, quien calificó la ley como un peligro que coloca a Maryland en una categoría única de jurisdicción santuario. Los demandantes sostienen que la medida obstruye la aplicación de la ley federal y viola la Constitución.
Moore explicó que comparte el objetivo de evitar que policías locales sean convertidos en agentes migratorios, pero reconoció que la ley presenta desafíos reales en investigaciones conjuntas. Al no firmar ni vetar el proyecto en treinta días, la Constitución de Maryland lo promulgó automáticamente. La ley también complementa otra medida aprobada este año que prohibió los acuerdos 287(g), convenios de colaboración directa con ICE que los nueve condados que los mantenían ya cancelaron.
Desde el otro lado, defensores de inmigrantes celebran la norma como una victoria construida desde abajo. George Escobar, director de We Are CASA, destacó que fue posible gracias a comunidades que se organizaron, marcharon y compartieron sus historias. El presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, la respaldó recordando imágenes de madres sacadas de sus autos y niños de cinco años detenidos.
El caso Gahler et al. v. Moore aún no tiene fecha de primera audiencia, pero su resolución podría establecer un precedente decisivo sobre la autoridad de los estados para limitar la cooperación migratoria con el gobierno federal.
A semana pasada, diecisiete de los veinticuatro sheriffs de Maryland presentaron una demanda federal para intentar bloquear una ley que acaba de entrar en vigor sin la firma del gobernador. La Community Trust Act, aprobada por la legislatura estatal, restringe significativamente cuándo las autoridades locales pueden colaborar con agentes federales de inmigración. Los sheriffs argumentan que la medida obstruye deliberadamente la aplicación de la ley federal y viola la Constitución de Estados Unidos.
La demanda fue presentada el 26 de mayo ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Greenbelt, con el respaldo de la Federation for American Immigration Reform, una organización que promueve restricciones migratorias más estrictas. Los demandantes nombran al gobernador Wes Moore, al estado de Maryland y al fiscal general Anthony Brown como los acusados. El sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahler, encabeza el caso. En sus argumentos legales, los sheriffs sostienen que Maryland ha adoptado una posición "ultra santuario" que pone en peligro la seguridad pública al impedir que las autoridades locales compartan información sobre personas detenidas con agentes migratorios federales.
La ley establece límites muy específicos sobre cuándo las cárceles y departamentos policiales pueden contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Bajo la nueva normativa, las autoridades locales solo pueden notificar a ICE sobre una persona detenida si esa persona tiene una condena por delito grave, figura en un registro de ofensores sexuales, o cumplió al menos cinco años de prisión por un delito cometido en otro estado. Fuera de esos criterios, las autoridades locales no pueden retener a nadie por solicitud de ICE ni investigar su estatus migratorio. La ley también complementa otra medida aprobada este año que prohibió los acuerdos 287(g), convenios formales mediante los cuales departamentos policiales colaboraban directamente con ICE en operaciones migratorias. Antes de que entrara en vigor la nueva ley, los nueve condados de Maryland que mantenían esos acuerdos anunciaron su cancelación.
El gobernador Moore decidió no firmar la ley, pero tampoco la vetó. Bajo la Constitución de Maryland, los proyectos aprobados por la legislatura se convierten automáticamente en ley si el gobernador no actúa dentro de treinta días. Moore explicó que comparte el objetivo de impedir que agentes locales sean utilizados como agentes migratorios federales, afirmando que Maryland no permitirá que agentes de ICE sin entrenamiento ni rendición de cuentas conviertan a los policías locales en agentes de inmigración. Sin embargo, también señaló que la ley presenta desafíos reales de implementación, especialmente en torno a investigaciones conjuntas entre autoridades locales y federales.
Los defensores de inmigrantes celebran la medida como una protección crucial. El presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, respaldó la ley durante una ceremonia de promulgación, diciendo que cuando ICE saca a madres de sus autos y detiene a niños de cinco años, es necesario avanzar. La organización We Are CASA, que encabezó una coalición de veinticuatro grupos civiles que impulsaron la ley, la calificó como una victoria importante para las familias inmigrantes. Su director ejecutivo, George Escobar, afirmó que la legislación fue posible gracias a comunidades migrantes que se organizaron, testificaron, marcharon y compartieron sus historias.
Los sheriffs demandantes incluyen a los de los condados de Allegany, Calvert, Caroline, Carroll, Cecil, Dorchester, Frederick, Garrett, Harford, Kent, Queen Anne's, St. Mary's, Somerset, Talbot, Washington, Wicomico y Worcester. Dale L. Wilcox, director ejecutivo de FAIR, afirmó que las leyes santuario son peligrosas para las comunidades e inconstitucionales. El sheriff Gahler calificó la ley como un peligro que coloca a Maryland en un estatus único como jurisdicción ultra santuario.
En la práctica, la ley ya está afectando directamente el funcionamiento de cárceles y agencias policiales en todo Maryland. Las autoridades locales no podrán retener a personas detenidas por delitos menores únicamente por solicitudes administrativas de ICE. Sin embargo, expertos señalan que la aplicación práctica podría variar entre condados, especialmente en jurisdicciones donde los sheriffs se oponen abiertamente a la normativa. El caso, identificado como Gahler et al. v. Moore, será tramitado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland. Hasta ahora no se ha fijado una fecha para la primera audiencia, pero el resultado podría establecer un precedente importante sobre la autoridad estatal versus la cooperación migratoria federal.
Citações Notáveis
Es una acción deliberada y perturbadora que pone en peligro la seguridad pública— Argumentos de los sheriffs en la demanda
Cuando ICE saca a madres de sus autos y detiene a niños de cinco años, necesitamos avanzar— Bill Ferguson, presidente del Senado estatal de Maryland
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué los sheriffs creen que esta ley es inconstitucional?
Argumentan que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que la ley federal prevalece sobre la estatal. Dicen que Maryland no puede simplemente negarse a cooperar con autoridades federales de inmigración.
Pero el gobernador Moore dice que comparte el objetivo de la ley. ¿Entonces por qué no la firmó?
Porque tenía dudas sobre su implementación práctica, especialmente en investigaciones conjuntas. Pero tampoco la vetó, así que entró en vigor automáticamente después de treinta días.
¿Qué cambia realmente para las familias inmigrantes con esta ley?
Antes, un agente local podía retener a alguien indefinidamente si ICE lo solicitaba, incluso por un delito menor. Ahora solo pueden hacerlo si la persona tiene un delito grave específico o está en un registro de ofensores sexuales.
¿Y los sheriffs dicen que esto los obliga a incumplir la ley federal?
Exactamente. Argumentan que si saben que alguien está sujeto a deportación y no pueden reportarlo a ICE, están encubriendo a esa persona, lo cual violaría leyes federales.
¿Qué pasó con los acuerdos 287(g) que mencionas?
Eran convenios formales donde departamentos policiales colaboraban directamente con ICE. Nueve condados de Maryland los tenían, pero todos los cancelaron antes de que la ley entrara en vigor.
¿Quién está detrás de esta demanda?
Los sheriffs de diecisiete condados, encabezados por Jeffrey Gahler de Harford, con el respaldo de una organización llamada FAIR que promueve restricciones migratorias más estrictas.